Saul Lopez Balderas
Expediente 393/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Saul Lopez Balderas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, los cuales obran agregados en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérase a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquel en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, las referidas constancias correrán la misma suerte que este expediente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, tomando en consideración que de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, los cuales obran agregados en autos; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérase a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquel en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, las referidas constancias correrán la misma suerte que este expediente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA QUE DICE: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 393/2021, promovido por *****, contra actos del Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 8°, 73 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ******************************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaría del Bienestar, con residencia en Xalapa. 2. Directora Regional en Córdoba de la Secretaría del Bienestar. ACTO RECLAMADO: "(.) La suspensión de mis derechos a la seguridad social como trabajador al servicio de la Secretaría del Bienestar del Estado, como "SERVIDOR DE LA NACIÓN" y de la Delegación Regional de Córdoba, Veracruz, en la cual presto mis servicios en la localidad de Ixhuatlán del Café, Veracruz, como encargado del Centro Integrador de la comunidad Tlamatoca, de Potrerillo, municipio de dicha localidad, sin tomar en cuenta que a la fecha soy una persona vulnerable que por la pandemia COVID 19 SARS-COV-2, y que a la fecha cuento con una incapacidad indefinida (.)." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió la demanda bajo el número 393/2021; en consecuencia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquél consiste en: La suspensión de los derechos de seguridad social del quejoso, ************************, proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en virtud de ser trabajador de la Secretaría del Bienestar. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto que se reclama. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de la 2. Directora Regional en Córdoba de la Secretaría del Bienestar, precisado en el considerando anterior, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; aunado a que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2° y 7°, del Reglamente Interior de la Secretaría del Bienestar, no corresponde a dicha funcionaria conocer lo relativo a la seguridad social de los trabajadores de dicha Secretaría. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y la autoridad de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado del 1. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaría del Bienestar, pues al margen de que en su informe justificado lo negó, efectuó diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia del mismo; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa. Se cita como apoyo, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado del 1. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaría del Bienestar, con residencia en Xalapa, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, toda vez que, de concederse el amparo, no sería materialmente posible concretar sus efectos restitutorios. Los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se deriva de las diversas causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadren en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales se encuentra el que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1344, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Es pertinente indicar que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en el artículo 77 de la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exige. Por tanto, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de conocer de los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que en definitiva revela que cuando es materialmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho humano violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, entonces, con fundamento en los artículos 77 (aplicado en sentido contrario) y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtiene al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, si no se logra con ello una finalidad práctica. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En el caso, como se anticipó, el quejoso, ************************ reclama la suspensión de sus derechos de seguridad social proporcionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que le corresponde con motivo de la relación laboral que, dijo, tiene con la Secretaría del Bienestar. Sin embargo, de las constancias que remitió el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaría del Bienestar, con residencia en Xalapa, en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, se desprende -en lo que trasciende- que el uno de abril de dos mil veintiuno, el impetrante, ***********************, fue dado de baja como trabajador de la Secretaría del Bienestar. En tal contexto, aún en el evento de que se concediera la protección constitucional para que al quejoso no se le suspendiera en el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social que le brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no podrían concretarse los efectos de la misma, ya que desde el uno de abril del presente año fue dado de baja como trabajador de la Secretaría del Bienestar; por ende, ya no goza del derecho de seguridad social (servicio médico) de dicho Instituto. Si bien en términos del artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los trabajadores dados de baja conservarán en los dos meses siguientes de la misma, el derecho de recibir los beneficios de salud de dicho ente; en el caso, dicho periodo feneció -como lo señaló la responsable- desde el treinta de mayo de dos mi veintiuno, por lo que es evidente que a la presente data no goza de la prerrogativa en mención. De ahí que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1059, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." También apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 9, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. En lo conducente, se invoca como apoyo, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 393/2021, promovido por ****************, contra el acto reclamado del 1. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Veracruz de la Secretaría del Bienestar, con residencia en Xalapa, y 2. Directora Regional en Córdoba de la Secretaría del Bienestar, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, personalmente a la parte
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