Selene Mariel Martínez Hernández
Expediente 789/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 30 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Selene Mariel Martínez Hernández
- Juez de Proceso Penal de Procedimiento Penal y Juicio Oral de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, licenciada Verónica Portilla Suazo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz, devuélvanse a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Vistos para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 789/2022 promovido por *************, contra actos de 1. Verónica Portilla Suazo, Juez de Proceso Penal, de Procedimiento Penal y Juicio Oral de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ************ acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Verónica Portilla Suazo, Juez de Proceso Penal, de Procedimiento Penal y Juicio Oral de Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como acto reclamado: La orden de búsqueda, localización, presentación, detención, aprehensión y/o comparecencia, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Previa aclaración de demanda, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el acto reclamado, de ser cierto, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados de 1. Verónica Portilla Suazo, por sí y en representación de los licenciados 2. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez y 3. Saray Hernández Pérez, Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz; 4. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz; 5. Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz; 6. Director General de la Policía Ministerial en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; 7. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives, residente en Orizaba, Veracruz; 8. Policía Ministerial Acreditable de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Ciudad Mendoza; y 9. Policía Ministerial Acreditable encargado de la Jefatura de Detectives, de Ciudad Mendoza, Veracruz, los últimos dos con sede en Nogales, Veracruz, así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. La quejosa ofreció como prueba: 1. Dos impresiones fotográficas 2. Copia certificada de la carpeta de investigación ORZ/DXV/FEMUJ/F1/948/2021, del índice de la Fiscalía Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia, con sede en Orizaba, Veracruz. 3. Copia certificada del proceso penal 170/2022, del orden cronológico del Juzgado de Control, de Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz (a cargo de Verónica Portilla Suazo) Sin embargo, dichas probanzas no acreditan la existencia de los actos reclamados, pues de ellas no se advierte alguna orden de búsqueda, localización, presentación, detención, aprehensión y/o comparecencia, y su ejecución. En tales condiciones, si la peticionaria de amparo no aportó medio de convicción que acreditara la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por Verónica Portilla Suazo, Jueza de Control, de Procedimiento Penal Oral de Orizaba, Veracruz, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de trece de febrero del año en curso, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al proceso penal 170/2022, de su índice. Ahora, dado que dichas constancias fueron solicitadas a petición de la quejosa, para ofrecerlas en este juicio de amparo; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte las copias certificadas señaladas en el párrafo que antecede, las que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Notifíquese.
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