Saúl Espinosa Vázquez
Expediente 1074/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Saúl Espinosa Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que este expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción i, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, de autos se desprende que el Juez de Control, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió el disco de videograbación, relativo al proceso penal número 384/2019, de su índice y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta a la referida autoridad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, glósese el oficio signado por el Licenciado Manuel Galeana Morales, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación la Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, atento a su contenido, deberá estarse a líneas que anteceden, en las que causó ejecutoria la sentencia de veinticuatro de diciembre del año pasado, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que de conformidad con la circular CAP/3/2020, se suspendieron plazos y términos procesales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al esquema trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19; por lo que se suspendieron plazos y términos procesales en el presente asunto, dado que el acto reclamado no se ubica dentro de los calificados como urgentes. Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informó que el ordenamiento aplicable a partir del doce de enero del año en curso, para la operación de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; por lo que a partir de esa fecha se ordenó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales; en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que este expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción i, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, de autos se desprende que el Juez de Control, con sede en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió el disco de videograbación, relativo al proceso penal número 384/2019, de su índice y toda vez que en los párrafos que anteceden se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido, resulta innecesaria su conservación; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole de la manera más atenta a la referida autoridad, el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, glósese el oficio signado por el Licenciado Manuel Galeana Morales, Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Congregación la Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, atento a su contenido, deberá estarse a líneas que anteceden, en las que causó ejecutoria la sentencia de veinticuatro de diciembre del año pasado, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia de la unión.
- Principal
NO ATENDIÓ AVISO LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR TANTO SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DE 24 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1074/2019 promovido por ********, contra actos del Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, que consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ******** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal y Oral y de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Córdoba, que se precisa a continuación: ACTO RECLAMADO: "[.] Se reclama el auto de vinculación a proceso dictado en fecha 23 de diciembre de 2019 del año en curso". SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite de la demanda de amparo. Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, previno a la parte actora para que proporcionara el nombre correcto de la autoridad responsable, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la prevención anterior y se admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, reservando lo conducente en relación con el emplazamiento del tercero interesado y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. El once de febrero de dos mil veinte, se tuvo por emplazada a la tercero interesada y por oficio 234/2020 se emplazó a la autoridad con el carácter de tercero interesada. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio de amparo en sus términos, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo vigente; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, por lo que, en acato a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que se hace consistir en: - El auto de vinculación a proceso de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, emitido dentro del proceso penal ********/2019, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en la que se dictó en contra de ********, quejoso en el presente asunto, auto de vinculación a proceso, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Décimo Cuarto Distrito Judicial con residencia en la congregación la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por así advertirse del contenido de su respectivo informe con justificación. Lo que se corrobora con la copia autentificada de la resolución de vinculación a proceso emitida en el proceso penal ********/2019, y los archivos informáticos de las audiencias celebradas, relativas a dicho procedimiento, contenidas en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificadas por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia, ni de oficio la suscrita advierte la actualización de alguna, por lo cual se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, aun cuando el quejoso sea el imputado en el procedimiento penal del que emana el acto reclamado. En primer lugar, se analiza el concepto de violación marcado con el número 2, y la parte final del hecho 3, en donde el quejoso manifiesta que la carpeta de investigación no se encuentra debidamente integrada porque el oficio de investigación girado a la Policía Ministerial de Paso del Macho no se encuentra agregado, y que no se le otorgó un plazo para contestar la denuncia, antes de acudir ante el juez de Control, por lo que existe una violación procesal. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, pues atento al principio de inmediación que rige en el procedimiento oral, en el juicio de amparo no pueden estudiarse cuestiones que no fueron planteadas en la audiencia ante el juez de control, ya que el acto debe analizarse tal y como aparece probado, como lo prevé el artículo 75 de la Ley de Amparo, además de que ni el juez de control, ni este juzgado Federal, cuentan con las constancias de la carpeta de investigación para analizar las violaciones procesales que alega la parte quejosa, relativas a que el oficio de investigación girado a la Policía Ministerial de Paso del Macho, no se encuentra agregado en la carpeta de investigación y que no se le otorgó un plazo para contestar la denuncia, las cuales omitió controvertir en la audiencia inicial. En efecto, el principio de inmediación se define como la interacción directa que tiene el juez frente a las manifestaciones y defensas que le hacen las partes en la audiencia de ley; esto se traduce en que las partes presentan verbalmente sus argumentos, así como la evidencia que apoya su posición y tienen la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte, en una audiencia que se deberá desarrollar frente al juez, quien debe emitir una resolución. Así, en el caso, la infracción que alega la parte quejosa, vinculada con la violación procesal de una defensa adecuada, porque no obra el oficio de investigación girado a la Policía Ministerial de Paso del Macho y que no se le otorgó un plazo para contestar la denuncia, no fue materia de controversia, esto es, no se expuso ante el juez de control en la audiencia, de ahí que este juzgado Federal se encuentre impedido jurídicamente para analizarla. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LV/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 970, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO. Del proceso legislativo que culminó con la instauración del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se advierte que para el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba vertidos en un proceso y que servirán para decidir sobre la responsabilidad penal de una persona, deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia. Los alcances de dicho propósito implican reconocer que es en la etapa de juicio donde la inmediación cobra plena aplicación, porque en esta vertiente configura una herramienta metodológica para la formación de la prueba, la cual exige el contacto directo y personal que el juez debe tener con los sujetos y el objeto del proceso durante la realización de la audiencia de juicio, porque de esa manera se coloca al juez en las mejores condiciones posibles para percibir -sin intermediarios- toda la información que surja de las pruebas personales, es decir, no sólo la de contenido verbal, sino que la inmediación también lo ubica en óptimas condiciones para constatar una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, habilitados para transmitir y recepcionar de mejor manera el mensaje que se quiere entregar, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sonrojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos." Por otro lado, a fin de dar contestación a los demás conceptos de violación, que se dirigen al fondo del asunto, es conveniente precisar las razones y motivos expuestos por el juez de control al emitir el auto de vinculación a proceso. El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable llevó a cabo la audiencia inicial, en donde el fiscal expuso los hechos con los que consideró se demostraba el delito de violencia familiar y la probable participación del imputado ******** en su comisión (disco archivo 1 hora 5:40); posteriormente, el imputado hizo uso de su derecho de declarar y realizó las manifestaciones que consideró pertinentes (disco archivo 1 hora 12:05); luego, el fiscal realizó la imputación en donde narró los datos de prueba, por su parte, en su de la voz el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, y se fijó como nueva fecha para la continuación de la audiencia, el día veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve (disco archivo 1 hora 40:20). En la continuación de la audiencia inicial, el defensor y el imputado, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, en donde se desahogaron las entrevistas de los testigos de descargo, ******** (disco archivo 2 hora 8:21 a 20:10); se escuchó las manifestaciones y defensas del imputado y su abogado defensor, así como la réplica del fiscal y contrarréplica del defensor (disco archivo 2 hora 24:30 a 38:36); después, cerrado el debate, el juez responsable resolvió en el sentido de dictar auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, ******** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar previsto y sancionado por el artículo 154 bis del Código Penal para el Estado de Veracruz, en agravio de la víctima de identidad reservada. Dicho precepto establece: "Artículo 154 Bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de cuatro a seis años de prisión, multa de hasta seiscientas Unidades de Medida y Actualización, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela." Los hechos por los que se dictó el auto de vinculación a proceso se hicieron consistir en lo siguiente: - El día dos de noviembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintiuna treinta horas, la víctima acudió a la calle ********, porque se dirigía a su casa, ya que venía de un convivió que tuvo con sus compadres. - Que tocó pero su esposo no le abrió, que después el imputado le quitó el seguro a la puerta, que la víctima entró y se dirigió a la cocina a guardar un pastel que traía del convivió y fue en ese momento que su esposo, que estaba ebrio, la agredió verbal y físicamente, al pegarle a puño cerrado y también golpearla con un cinturón. - Que al día siguiente fue al médico para que la atendiera y que no es la primera vez que la agrede. Precisado lo anterior, se procede analizar los conceptos de violación, en los que el quejoso manifiesta que la juez responsable viola en su perjuicio las garantías de audiencia, fundamentación y motivación, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior resulta jurídicamente ineficaz, ello es así, porque de los antecedentes narrados se observa que se respetó las garantías de audiencia y debido proceso, pues el quejoso fue citado a la audiencia inicial y se le otorgó el derecho de imponerse de la carpeta de investigación, junto con su defensor particular, se le dio el derecho de alegar y declarar sobre la misma, se hicieron de su conocimiento los hechos por los cuales se le imputaba el delito de violencia familiar y su probable participación, finalmente, se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos; y se dictó un auto en donde se le resolvió su situación jurídica. Por tanto, como se puede observar, se respetaron sus garantías de audiencia y debido proceso legal, pues conoció de los hechos que se le imputan y tuvo la oportunidad de aportar medios de pruebas y formular alegatos. Asimismo, se respetaron las garantías de fundamentación y motivación, establecidas en el precepto 16 de la constitución, que en la parte conducente establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)". Es así, pues por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto; mientras que motivación implica precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página número ciento sesenta y seis, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En ese entendido, debe decirse que el auto de vinculación se encuentra debidamente fundado, pues fue emitido con base en los artículos 47, 48 y 187, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 20 fracción I, 222, 223, 224, 265, 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 13, 37, 154 bis del Código Penal para el Estado de Veracruz, los cuales son aplicables al caso, ya que se refieren a la competencia, al procedimiento que se debe seguir en el procedimiento oral y a la valoración de las pruebas, así como al delito de violencia familiar. También se encuentra debidamente motivado, pues el juez de control expuso los razonamientos adecuados a las normas aplicables, ya que explicó de manera clara los hechos por lo que se configuraba el delito de violencia familiar, así como la probable participación del activo en su comisión. En el hecho marcado con el número 3, alega que el juez responsable omite darle valor a lo manifestado por el imputado en el sentido de que lo único que hizo fue defenderse ya que la víctima fue la primera que lo agredió, provocándole varias lesiones en los genitales y cara, y manifestó que existe otra carpeta de investigación en contra de la víctima. Finalmente, el quejoso agrega en el mismo concepto de violación, que el juez responsable hizo una incorrecta valoración de los testigos de cargo, porque estos expresaron que nunca vieron que el imputado golpeara a la víctima. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, pues como lo consideró la juez responsable, si bien el imputado al declarar señaló que existe una excluyente de incriminación porque actuó en legítima defensa, al defenderse porque la víctima lo atacó primero, lo cierto es que, con los datos de prueba consistente en la denuncia, nota médica, y con el informe médico, se observa que la ofendida fue golpeada con lesiones que tardan en sanar menos de quince días, por lo que en todo caso hubo un exceso en la defensa del imputado, ya que por su fuerza ocasionó las lesiones que reportó la víctima, además de que el imputado reconoció que sí le pegó a la víctima con la mano y que también le dio con el cinturón, porque se trataba de una riña o pelea entre parejas. Además estuvo en lo correcto el juez de control, al corroborar la denuncia, el certificado médico y dictamen médico pericial, con los testigos de cargo, que fueron coincidentes en señalar que son compadres de la víctima y que ésta acudió a un convivió a las dieciséis horas del día dos de noviembre de dos mil diecinueve, que se retiró del lugar y que se fue a su casa, que posteriormente les marcó por teléfono para decirles que su esposo no le abría la puerta y que después de un momento, les volvió marcar por teléfono para decirle que su esposo la había golpeado. Además, el señalamiento directo de la víctima de identidad resguardada, que, como lo señaló el juez, al realizarse los hechos en el domicilio conyugal, como lugar cerrado, sin testigos, cobra mayor relevancia por ser de realización oculta, el cual está corroborado con el dictamen médico y los testigos de cargo, quienes identificaron a ******** como la persona que el día dos de noviembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las veintiún o veintiuna treinta horas, la víctima acudió a la *****, porque se dirigía a su casa, ya que venía de un convivió que tuvo con sus compadres, que tocó pero su esposo no le abrió, que después el imputado le quitó el seguro a la puerta, que la víctima entró y se dirigió a la cocina a guardar un pastel que traía del convivió y fue en ese momento que su esposo, que estaba ebrio, la agredió verbal y físicamente, al pegarle a puño cerrado y también golpearla con un cinturón. Así, aun cuando el quejoso niega haber realizado la conducta al justificarla con legítima defensa; lo cierto es que, como lo estimó la juez de control, existen datos de prueba, como la entrevista de la víctima, la declaración de los testigos de cargo, la nota médica y el dictamen médico, de los que deriva que un sujeto activo, ejerció violencia física, dentro del domicilio familiar que compartía éste con su cónyuge. Además, como también lo estimó la juez de control, esos datos de prueba hacen probable, hasta este momento, que el imputado ******* cometió o participó en el delito de violencia familiar. Aunado a ello, la responsable no omitió tomar en consideración lo declarado por los testigos de cargo, al expresar que nunca vieron que el imputado golpeara a la víctima; ya que estos sí corroboraron que la víctima asistió a un convivió con sus compadres, que se retiró para irse a su casa y que habló con los testigos por teléfono para avisarles que su esposo no le abría la puerta, que pasado un momento, les volvió a marcar para decirles que fue golpeada por su esposo; de ahí que si bien no estuvieron presentes en el hecho, porque se realizó dentro del domicilio a puerta cerrada, si corroboran que llegó a su casa y que después apareció golpeada. En el concepto de violación marcado con el número 3, el quejoso manifiesta que la resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, porque el juez de control incurre en contradicciones, al señalar que los compadres fueron los que llevaron a la víctima al médico, cuando de los hechos se advierte que fueron los padres de la víctima quienes la acompañaron al médico; y que el juez señaló que los menores se encontraban en la casa cuando sucedieron los hechos, sin embargo, la víctima dijo que se habían ido con su mamá. Lo expuesto a ese respecto resulta ineficaz, pues esas contradicciones en que incurrió el juez responsable no son substanciales para exonerar la participación del imputado en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, ya que la circunstancia de quiénes fueron las personas que acompañaron a la víctima al médico o que si estaban o no los hijos en la casa, resulta irrelevante para demostrar que el activo ejerció violencia física sobre la víctima causándole lesiones dentro del domicilio conyugal, que comparten, al ser su esposa; esto es, las contradicciones que señala el quejoso no desvirtúan los datos de prueba como la denuncia, la entrevista de los testigos de cargo, la nota médica y el dictamen médico, para corroborar que ejerció la violencia física sobre su esposa dentro del domicilio conyugal. De ahí que, al existir otros datos que hacen verosímil la entrevista de la víctima, las contradicciones destacadas por el quejoso no constituyen un hecho que lleve a desvirtuar la probable participación que se le atribuye en la comisión del delito de violencia familiar. Al respecto, se invoca como apoyo la tesis VI.2o. J/336 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 68, Núm. 83, Noviembre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "TESTIGOS, CONTRADICCIONES CIRCUNSTANCIALES DE LOS. No carece de fuerza probatoria la imputación que haga un testigo en el sentido de que el inculpado participó en los hechos delictuosos si estuvo en el lugar de los acontecimientos y aseguró haber conocido al hoy quejoso en ese momento, por lo cual la valoración que hizo la autoridad responsable de tal probanza es correcta sin que sea obstáculo que el testigo hubiera incurrido en contradicciones circunstanciales, pero que no modifican el hecho delictuoso." Máxime que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, ara dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso, que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado, resulta innecesario emprender un análisis oficioso de la constitucionalidad del acto reclamado, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo se expresará en las sentencia de amparo cuando la suplencia derive en un beneficio para el quejoso, en los casos que proceda. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En consecuencia, ante lo jurídicamente ineficaz de los conceptos de violación, no advirtiendo queja deficiente alguna que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, no procede analizar los alegatos que hace valer la tercero interesada, en relación con el acto reclamado, dado que no forma parte de la litis, y este órgano jurisdiccional exclusivamente se encuentra constreñido a examinar la justificación de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo en relación con los fundamentos del acto reclamado y con lo aducido en el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el contenido de la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 80, agosto de 1994, registro 205449, página 14, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes , a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna conllevaría a la no aprobación a tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial; se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, los artículos 61, 62, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra del acto señalado en el considerando segundo y autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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