Saúl Adolfo Durán Rivera
Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Saúl Adolfo Durán Rivera
- Saúl Adolfo Durán Rivera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio certificado de la resolución dictada en sesión de veintisiete de abril ´último, en el recurso de queja penal 192/2021, de su índice; formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por los quejosos contra el acuerdo de uno de diciembre del año próximo pasado, en el cual se desechó la demanda origen del juicio en que se actúa, ejecutoria de la cual se advierte que fue declarado infundado dicho recurso por la superioridad. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, gírese el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir o actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado Por otra parte, toda vez que se decretó el archivo de este asunto como totalmente concluido, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Por otra parte, es de indicarse que en este juicio no se presentaron documentos originales.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual comunica que se recibió el diverso, por el que este órgano jurisdiccional remitió el original y copia simple del escrito de interposición de recurso y de expresión de agravios, promovido por los quejosos contra el auto de desechamiento e informa, que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto, el cual se registró con el número 192/2021; por ende se tiene por recibida dicha comunicación, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta signado por los quejosos, con el cual interponen recurso de queja contra el proveído de uno de los actuales, en que se desechó la demanda de amparo y en el que formulan los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de queja mencionado, para los fines de la sustanciación de tal medio de defensa, déjese en el expediente copia del escrito de interposición respectivo y de expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que en el auto recurrido se desechó la demanda por improcedente, sin admitirla a trámite y no existen más partes a quienes notificar del aludido medio de impugnación, acorde a lo señalado por los artículos 100 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad fronteriza, en turno, el original y copia del escrito con que se promueve el aludido medio de impugnación y en el que se expresan agravios, asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, al que deberá acompañarse copia certificada de las constancias pertinentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, en la que se relaciona un escrito inicial de demanda y copias que se anexan, promovida por Saúl Adolfo Durán Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez por derecho propio, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos (encargado de la causa penal 4566/2020) con sede en esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese bajo el número 848/2021, que le corresponde en el libro que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito así como en el Sistema Integral de Expedientes. A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61 fracción XXIII, con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; Disposiciones de las que se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados u omisiones en un procedimiento, procede cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011338, de contenido: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así como la diversa jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, del Libro 6, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en mayo de 2014, registro 2006339, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal". Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado los amparistas Saúl Adolfo Durán Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez, lo hicieron consistir en: "IV. Acto Reclamado: La determinación dictada por la autoridad responsable en la audiencia de control de prórroga de la investigación complementaría de fecha (12) de noviembre de dos mil veintiuno, cuando ya se había cerrado la misma, interpretando y aplicando indebidamente el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizando una interpretación conforme de normas a favor de la ofendida y, en perjuicio de los imputados, en franca contravención a lo dispuesto por el legislador ordinario, generando afectaciones a los impetrantes del amparo que podía dejarlos indefinidamente en esa categoría procesal, trastocando por ende su seguridad jurídica como se demostrará en los conceptos de violación". De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Dicho acto sólo se puede afectar derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si en el caso se combate el acuerdo dictado por el Juez responsable en el cual acordó favorable la petición para conceder una prórroga de la etapa de investigación complementaría, cuya finalidad es la aportar pruebas; es evidente que se trata de cuestiones que no afectan de modo alguno el procedimiento del que derivan los actos, por consiguiente no se da una afectación de derechos sustantivos del quejoso. Al respecto, es de indicarse que se han distinguido las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo; etapas que son: de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio y juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas, las cuales persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la prórroga de la etapa de investigación complementaria, sólo produce efectos procesales, contrario a lo que afirman los quejosos en su demanda, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente en la subsecuente etapa como sería la de juicio o en la de sentencia, en caso de que les fuera desfavorable, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Al respecto, por las razones que la componen, se cita la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 3164, del Libro 57 Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Registro, Décima Época, editado en agosto de 2018, registro digital 2017649, de contenido: "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS PREVIO AL DICTADO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (INADMISIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA). DEBEN RECLAMARSE, EN SU CASO, CUANDO SE IMPUGNE DICHO AUTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de distinguir las etapas del proceso penal acusatorio, con el fin de que se emitan pronunciamientos para identificar violaciones procesales y el momento en que deben ser reclamadas vía amparo. Dichas etapas son las siguientes: (i) de investigación, que a su vez se divide en dos fases: a) inicial o desformalizada, a cargo del Ministerio Público; y, b) complementaria o formalizada, bajo la vigilancia del Juez de control; (ii) intermedia, a cargo del propio juzgador, en la que se depuran los hechos y pruebas que pasarán a juicio; y, (iii) juicio, a cargo de un tribunal conformado por Jueces sin intervención en etapas anteriores, y salvo casos de excepción, no se recibirán pruebas previamente consideradas. Etapas que persiguen fines distintos y son conclusivas. Sobre esta base, se estima que el reflejo, en su caso, de alguna afectación a los derechos del imputado, acusado o sentenciado, durante su desarrollo, salvo casos específicos, será observable en la resolución que defina cada etapa, por lo que deben combatirse como violaciones, cuando se impugnen en amparo las determinaciones que resuelvan cada fase. En esa lógica, la inadmisión de pruebas por el Juez de control, previo al dictado del auto de vinculación, sólo produce efectos procesales, pues si bien pudiera afectar el derecho a la defensa adecuada, lo cierto es que sólo sería trascendente si el fallo que resuelve sobre la vinculación es desfavorable al imputado, por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Entonces, si el proceso acusatorio se compone de etapas que tienen un principio y fin, debe estimarse que para que las incidencias acaecidas durante su desahogo puedan ser combatidas, es necesario esperar a constatar si realmente tuvieron trascendencia en la resolución culminatoria de esa fase; en el caso, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, pues ese momento es el indicado para revisar la idoneidad, pertinencia y eficacia de la prueba ofrecida o reunida dentro de la primera fase de la primera etapa de investigación, por lo que su inadmisión, aunque susceptible de incidir en prerrogativas del quejoso, sólo producirá efectos en el auto que vincula a proceso. Por ende, es mediante el amparo indirecto que se promueva contra dicho auto, como puede examinarse el actuar previo del Juez de control, dada la conclusión de la primera fase de la etapa inicial de la investigación. Más aún, porque no es viable el estudio posterior a la conclusión de esa etapa, ya que continuaría la investigación formalizada o complementaria, que una vez concluida, el Ministerio Público podrá formular acusación, dando pauta a la apertura de la etapa intermedia, donde sólo podría abordarse el estudio de la exclusión probatoria. Asimismo, sólo las pruebas que se llegasen a admitir en el auto de apertura a juicio oral, serán las que podrán ser desahogadas por el tribunal de enjuiciamiento. Por tanto, no sería posible que los medios de prueba inadmitidos durante la primera fase de la etapa inicial, previo al dictado del auto de vinculación a proceso, sean objeto de estudio como violaciones al analizar la sentencia de primer grado, pues la primera etapa procedimental (investigación) ya habría concluido y, en su caso, de no impugnarse con el auto de vinculación a proceso, quedarían irremediablemente consumadas. Considerar lo contrario, sería admitir la posibilidad de que por medio del amparo se ordenara reabrir etapas anteriores, con el consecuente menoscabo de los recursos materiales, económicos, de logística y estrategias de litigación que implica tanto para el Estado como para las partes; aunado a que se propiciaría el abuso del juicio constitucional, con el consecuente retardo en la solución de los procesos acusatorios, cuya naturaleza es sumarísima. Ahora bien, como los plazos establecidos para resolver sobre la vinculación son breves, al examinar esa determinación en amparo indirecto, en su caso, si son impugnadas, deben también analizarse las incidencias ocurridas durante el desahogo de toda la etapa inicial, verbigracia, la calificación de la detención, medidas cautelares y el plazo que se otorga para la investigación complementaria. Esto, siempre y cuando, en respeto a los principios de igualdad procesal y contradicción, hayan sido materia de debate entre las partes ante el Juez de control, y con el objeto de que dichas violaciones queden debidamente analizadas en vía constitucional, para que no tengan que ser motivo de análisis en posteriores etapas. Sin que lo anterior obstaculice la procedencia del amparo contra actos distintos de los precisados, cuando sí sean de ejecución irreparable". Consecuentemente, como se anunció en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable por las razones que la componen, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, editado en noviembre de 2013, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Y la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, visible en la página 2159, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Saúl Adolfo Durán Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). De igual manera, hágase del conocimiento al promovente que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Tomás Fernández, 7815, interior 302, fraccionamiento Los Parques en esta ciudad y como sus autorizados para tales efectos a Víctor Lugo Becerra Coronado, Francisco Emiliano Arriola López y Valeria Sosa Cerrillo, por así haberlo solicitado el promovente En atención a su solicitud téngase dando acceso al expediente electrónico correspondiente al presente juicio, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo a los nombres de usuarios que proporciona la promovente "BECERRA0508". Además, se señala una vez autorizado la consulta al expediente electrónico la dirección de correo electrónico siguiente vbecerra@espnosaabogados.com. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial Judicial C, la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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