Saúl Adolfo Durán Rivera

Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
58/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Saúl Adolfo Durán Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Saúl Adolfo Duran Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez; en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado. En tal virtud, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese el presente asunto como concluido. Se hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en los artículos 6, 12 y 21 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y manual para la organización de archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo amparo que promueven Saúl Adolfo Duran Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; por considerarlos violatorios de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese bajo el juicio de amparo 58/2021-V. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. De la lectura integral de la demanda se advierte que los promoventes señalan como actos reclamados: 1.- El acuerdo de diecinueve de enero del año en curso emitido por la autoridad responsable, en el cual negó expedir la transcripción del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 4566/2020, que se sigue contra los hoy quejosos. 2.- La omisión de hacer constar por escrito el auto de vinculación de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en la mencionada causa penal. 3.- La negativa de expedirles copia de la transcripción del referido auto de vinculación Establecido lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Al respecto, es de indicarse que entre las reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Por consiguiente, los requisitos para que se configure la hipótesis de improcedencia en estudio prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son: a) que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, b) que respecto del mismo la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificado, revocado o nulificados. Como se señaló, la parte impetrante del amparo reclama la negativa y omisión de expedirle la transcripción y copias del auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 4566/2020 que se sigue contra los hoy quejosos Saúl Adolfo Duran Rivera y Raúl Irigoyen Ramírez, contenidas en el acuerdo de diecinueve de enero del año en curso emitido por tal autoridad. Sin embargo, contra dicho auto los quejosos estuvieron en aptitud de hacer valer el medio de defensa ordinario, consistente en el recurso de revocación que se promueve ante el propio órgano que dictó la determinación judicial, tal como lo señalan los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Numerales que son del texto siguiente: "Artículo 165. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Además, debe destacarse que el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación; por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo. De lo anterior se colige, que contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación que dicte el juez en materia penal dentro del procedimiento, como lo es el acto que se reclama, son susceptibles de combatirse por medio del recurso de revocación a que se refiere el artículo 465 transcrito; en consecuencia, en el caso concreto los amparistas deben hacer valer tal recurso, ya que es el medio de defensa ordinario que expresamente establece la legislación aplicable al caso, por el que puede ser combatido el acto de autoridad, cuestión que hace evidente que el peticionario del amparo antes de acudir al juicio de garantías, debe agotar el medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En tal orden de ideas, es claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede desechar de plano la demanda de garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expresado la jurisprudencia 52, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 401, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". Las jurisprudencias y tesis antes mencionadas integradas conforme a la ley de amparo anterior, resultan aplicables al caso en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en boulevard Tomás Fernández 7815, interior 302, fraccionamiento Los Parques en esta ciudad; como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Víctor Hugo Becerra Coronado y Francisco Emiliano Arreola López, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y a Valeria Sosa Cerrillo únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con tal requisito. Asimismo, como medios de comunicación se le tiene proporcionando el correo electrónico vbecerra@espinozaabogados.com, así como los teléfonos 656-199-6094, y proporcionando el usuario del portal de servicios en línea "BECERRA0508", solicitando que se le dé acceso al expediente electrónico. En atención a lo anterior, se autoriza el acceso al expediente electrónico correspondiente al presente juicio; por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario proporcionado. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente expediente (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello. Hágase del conocimiento de los impetrantes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de "Agenda OJ" en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídase al amparista la copia que solicita; de igual manera, infórmese que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Alma Karina González Carrillo, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular de este órgano jurisdiccional, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial en sesión de siete de diciembre de dos mil veinte, notificado mediante oficio CCJ/ST/3185/2020; asistida por el licenciado Elfego Bencomo Siller, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.AKGC/EBS/dcmm

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