Saúl Adolfo Durán Rivera
Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Saúl Adolfo Durán Rivera
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de esta ciudad, con el que remite testimonio certificado de la resolución dictada en el recurso de queja penal 199/2022, en sesión de veinticinco de enero del año en curso, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de desechamiento emitido por este juzgado el diecisiete de noviembre último, del cual se advierte que aquél fue declarado infundado por la superioridad. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, gírese el acuse de recibo correspondiente y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se decretó el archivo de este asunto como totalmente concluido, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en el cual anexa el proveído de veintinueve de los actuales, acuerdo en el que la superioridad tuvo por recibido el diverso, con el que este órgano jurisdiccional remitió el original y copia simple del ocurso de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, así como las constancias certificadas en que se apoyó el pronunciamiento del acuerdo impugnado; asimismo, informa que se admitió a trámite y quedó registrado como toca 199/2022.
- Principal
agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso; visto su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el proveído de diecisiete de los actuales, en el cual se desechó por improcedente la demanda origen del expediente en que se actúa y formula los agravios respectivos. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, agréguese al expediente copia del escrito de interposición respectivo y que contiene la expresión de agravios.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, en la que se relaciona un escrito inicial de demanda y copias que lo acompañan, promovida por Saúl Adolfo Durán Rivera por derecho propio, contra actos de la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; fórmese expediente y regístrese bajo el número de amparo indirecto 1112/2022, que le corresponde en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En cumplimiento al artículo transcrito, una vez concluido el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional considera que debe desecharse de plano, por existir motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Lo anterior es así, ya que de la lectura de la demanda en cuestión, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir en: "IV.- Acto reclamado: La determinación de fecha 07 de noviembre del año en curso (dos mil veintidós), dictada por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio Brisa Yadira Meraz Mendoza, dentro de la causa penal ********************, en la que decretó la suspensión del proceso penal seguido en mi contra, sin justificación ni fundamento jurídico alguno, ocasionando un retardo indebido". Por tanto, a criterio de quien ahora resuelve se considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Por ende, el amparista previamente a la instauración de esta vía constitucional, conforme lo señalan los artículos 456, 458 y 467 fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debió interponer el recurso de apelación el cual procede, contra el acuerdo que ordena suspender el procedimiento, numerales que a la letra disponen: "TÍTULO XII. RECURSOS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. SECCIÓN II. APELACIÓN APARTADO I. Reglas generales de la apelación Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII.". Recurso que se interpondrá ente el juez de control que pronunció el auto recurrido y se resolver por el Tribunal de alzada del Juez de origen, en términos de lo dispuesto por los numerales 471 y 474, del Código Nacional en cita. Por lo que en tal orden de ideas, el solicitante de protección de derechos humanos debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de apelación mencionado, el cual como se dijo, procede contra el acuerdo impugnado de inconstitucional pues a través de ese medio ordinario de defensa, el ahora quejoso tenía la posibilidad de que se repararan los agravios que alega le fueron causados por la actuación de la autoridad y de esa manera, agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo indirecto. Principio que encuentra su justificación, en el hecho de que el juicio de amparo al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el solicitante de garantías debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto esas consideraciones derivadas del principio de definitividad, los quejosos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Consideraciones, que permiten arribar a la conclusión de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, el ahora amparista antes de acudir al amparo contra el auto atacado de inconstitucional, en el que se determinó suspender el procedimiento en la causa penal radicada bajo el expediente ********************, que le es instruida, como se dijo, debió impugnarlo mediante la interposición del recurso de apelación, pues se insiste que es a través de este medio de defensa que se podía lograr su modificación, revocación o nulificación y de esa manera el amparista tenía la posibilidad de que se le reparara el agravio que alega le fue causado por la actuación de la autoridad, máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el amparista no es tercero extraño a la causa penal de la cual deriva el acto reclamado, el cual tampoco importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, ni es alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Además, es de indicarse que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. En tal orden de ideas, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, como lo alega el amparista, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, los cuales como se dijo no se actualizan. Para evidenciar este aserto, conviene precisar que de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las resoluciones que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna En la especie, del contenido de la demanda de amparo que nos ocupa, así como del incidente de suspensión relativo al diverso juicio de amparo indirecto ********************, del índice de este Juzgado Federal, el cual constituye un hecho notorio para quien resuelve por tratarse de un asunto resuelto por este órgano jurisdiccional y estar capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones el carácter de hecho notorio y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución, ello constituye un hecho notorio del que el dieciocho de octubre del año en curso, en el incidente que deriva del juicio de amparo en mención, se resolvió sobre la suspensión definitiva, en los términos siguientes: "CUARTO. Luego por lo que hace al diverso acto consistente en que no se emita resolución alguna en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se concede la suspensión definitiva que solicita, en virtud de que debe precisarse que, el numeral 150 de la ley de la materia, en su parte final señala que si la continuación del procedimiento pueda dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, la suspensión podrá concederse para efecto de paralizar el procedimiento y evitar dicha circunstancia. Máxime que, no debe perderse de vista, que el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en el párrafo primero: "Artículo 101. Declaración de nulidad. Cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el Órgano jurisdiccional, a petición de parte, en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, debiendo especificar los actos a los que alcanza la nulidad por su relación con el acto anulado. El Tribunal de enjuiciamiento no podrá declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, salvo las excepciones previstas en este Código (.)". Lo subrayado no es de origen. De ahí que, a efecto de evitar daño o perjuicio de manera irreparable a la peticionaria de amparo en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar precisándose que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, la juez responsable, una vez concluida ésta, no debe ordenar la apertura a la etapa de juicio, lo anterior, hasta en tanto reciban notificación de la ejecutoria que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente. Primero. De acuerdo a la resolución dictada por el Juez Quinto de Distrito de fecha dieciocho de octubre del presente año, en el considerando cuarto hace referencia que se concede la suspensión definitiva respecto al acto reclamado de que se proceda en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales y además expone lo siguiente: "De ahí que, a efecto de evitar daño o perjuicio de manera irreparable a la peticionaria de amparo en etapas previas al juicio, debe concederse la medida cautelar precisándose que, en caso de que se llegue a la etapa intermedia, la juez responsable, una vez concluida ésta, no debe ordenar la apertura a la etapa de juicio, lo anterior, hasta en tanto reciban notificación de la ejecutoria que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente. De lo transcrito, se pone de manifiesto que la Juez Penal señalada como responsable pronunció el acto reclamado en cumplimiento a la resolución de la suspensión definitiva de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, pronunciada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ******************** de este índice, en la que se constriñe a la responsable a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, acatando los lineamientos establecidos para cumplirla y por ende, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en el caso en la suspensión definitiva de antecedentes y en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión materia de análisis en un juicio anterior y, admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Juez de amparo, que conoció previamente de un juicio de garantías cuya suspensión definitiva se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. En las relatadas condiciones, como se anunció es manifiesto e indudable que se actualizan, las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones IX y XVIII de la Ley de Amparo, por ende de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, se DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Boulevard Tomás Fernández, 7815, Interior 302, fraccionamiento Los Parques, en esta ciudad y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Víctor Hugo Becerra Coronado y Valeria Sosa Cerrillo, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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