Sasha Betsabe Salazar Moreno

Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
25/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Sasha Betsabe Salazar Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyanse el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Acuse de recepción de comunicaciones innecesario. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que se abstenga de acusar recibo del oficio que derive del presente proveído, pues basta el sello de recepción que se estampe en la minuta respectiva. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 25/2021 promovido por Sasha Betsabe Salazar Moreno. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil veintiuno, ante la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda. Por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 832/2021, se ordenó admitir a trámite el juicio de amparo que ahora se resuelve, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta de siete de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por oficio 83/2021, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de dicho mes y año, concatenado con el punto de acuerdo 120/2021 emitido en misma fecha por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos originales del sumario que nos ocupa a este juzgado federal para el dictado de la sentencia correspondiente. CUARTO. Recepción de autos para dictado de sentencia. Así las cosas, por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el número de expediente 25/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homologo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 37 de la Ley de Amparo, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclaman actos atribuidos a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: El oficio CES/DGJ/11801/2021-LFSJ de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, entre otras cosas, se niega el resguardo domiciliario a la peticionaria de amparo y ordena la reincorporación a sus labores como elemento policial una vez que concluya su incapacidad por maternidad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye en el presente sumario constitucional. Certeza que se encuentra corroborada con la copia certificada del oficio reclamada, que la autoridad responsable remitió mediante oficio CES/DGJ/15111/2021-F, documental que obra a fojas noventa y tres y noventa y cuatro de este expediente; la cual cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Por tanto, se tienen por ciertos los actos atribuidos a las citadas autoridades. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que, constituye una cuestión de orden público y un presupuesto procesal de examen oficioso, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 940 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Materia Común, página 1538, que indica: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Bajo ese orden de ideas, el suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y por las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II.-La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese contexto, se allega a la conclusión de que en el caso, no se está en presencia de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/2021, en la sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: "V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER [.] 40. De esta manera, a efecto de analizar si la negativa de autorizar el resguardo domiciliario derivado de la pandemia generada por el SARS-CoV2, en la situación de que la quejosa argumenta encontrarse en un estado de vulnerabilidad, constituye o no un acto de autoridad, es importante definir cuál es la naturaleza del acto reclamado. 41. Para ello, es importante tener en cuenta que los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: [.] XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria." "Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades." 42. De conformidad con los citados preceptos, legales, es obligación de los patrones cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar los elementos que señale dicha autoridad a efecto de prevenir enfermedades. Además, en el caso de que se determine la suspensión de labores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. 43. En el caso de la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, conviene contextualizar que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud emitió declaratoria de pandemia. 44. Como consecuencia, el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia". 45. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte se publicó en el referido medio de difusión oficial el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", mediante el cual el Secretario de Salud instruyó a los sectores público, privado y social, entre otras, las prácticas siguientes: a. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. b. Suspender actividades escolares, así como aquellas que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, garantizando la continuación de las funciones esenciales. c. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones del sector privado y social, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV2 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras. d) En el sector privado continuarán laborando empresas, negocios y establecimientos necesarios para hacer frente a la contingencia. e) Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. f) Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en los sectores público, social y privado; 46. El treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender la emergencia sanitaria. 47. El treinta y uno de marzo siguiente, fue publicado el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2", en el que se ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales y se definieron como esenciales, entre otros, los servicios de salud, seguridad pública y sectores fundamentales de la economía. Además, se determinó que el "resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar;.." 48. El catorce de mayo de dos mil veinte, se publicó el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidémico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa así como establecer las acciones extraordinarias" mediante las cuales se determinó la estrategia para la apertura consistente en tres etapas, señalando mediante colores las actividades laborales, educativas y el uso de espacio público. 49. El veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Secretario de Salud, conjuntamente con los titulares de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de las actividades económicas", implementado con el objeto de lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable, estableciendo como principios rectores, los siguientes: a) Privilegiar la salud y la vida: que busca que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familiares, así como mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. b) Solidaridad y no discriminación: Solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras, sin distinción alguna, debiendo apoyar a las personas trabajadoras que tienen a su cargo menores cuyas escuelas están cerradas o el cuidado de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. c) Economía moral y eficiencia productiva: el regreso a las actividades laborales debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. d) Responsabilidad compartida: la efectividad de las medidas es tarea de todos. 50. De esta manera, se categorizaron los centros de trabajo de acuerdo al tipo de actividad que realizan, al riesgo epidemiológico en el que se encuentran, el tamaño del centro de trabajo y las características internas y se establecieron las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. 51. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", en el que se autorizó a los servidores públicos, la posibilidad de desarrollar trabajo en casa, en los casos en que su desempeño sea posible, disposición que se determinó obligatoria para las personas calificadas en estado de vulnerabilidad, quedando exceptuadas de la aplicación de dicho acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal del Servicio Exterior Mexicano, así como el IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones relacionadas con los servicios de salud, protección civil, además de las que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. 52. El ocho de diciembre de dos mil veinte se publicó la política nacional de vacunación que incluye cinco etapas que atienden a la priorización de la población, enfocada en la edad de las personas. 53. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud emitió el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", el cual prevé, entre otros aspectos que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. 54. El treinta de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", en el que se determinó el regreso a labores en instalaciones físicas de los servidores públicos que concluyeron su proceso de inmunización. Además, considera viable continuar con el esquema de trabajo, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita a las personas servidoras públicas que estén en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como aquellas consideradas como personas vulnerables. 55. Quedaron exceptuadas de dicho acuerdo las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal del Servicio Exterior Mexicano, instituciones de protección civil y demás que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. En el caso del IMSS, ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad e instituciones relacionadas con los servicios de salud, quedaron facultados para aplicar el acuerdo, sin alterar el cumplimiento de sus funciones institucionales y la prestación de servicios de salud, en congruencia con sus disposiciones en materia de administración de recursos humanos. 56. Lo anterior permite concluir que los acuerdos emitidos durante la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, tienen una naturaleza formalmente administrativa, en tanto que fueron expedidos por diversas autoridades de esa naturaleza, entre otros, los titulares de las Secretarías de Salud, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. 57. No obstante, los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los trabajadores deben continuar desarrollando sus labores, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, incluyendo las medidas de resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza materialmente laboral. 58. Lo anterior, en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. 59. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus trabajadores. La normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. 60. Si bien se aprecia que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARS-CoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. 61. Conclusión que se sostiene en la medida que el artículo 123, apartado A, fracción XV , de la Constitución, establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D TER de la propia ley transcritos en párrafos precedentes. 62. Lo anterior, aunado a que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, emitido por la Organización Internacional del Trabajo , establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. 63. En ese sentido, la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. 64. Similares consideraciones fueron sustentadas por esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 127/2021, en la que se concluyó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores en sus centros de trabajo. 65. En esas circunstancias, esta Segunda Sala concluye que el acto reclamado que se atribuye al patrón, consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario en el contexto de la pandemia originada por el virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, tiene naturaleza laboral, en virtud de que la medida solicitada se encuentra orientada a tutelar el desempeño del trabajo en un entorno de salud, seguridad e higiene y en el marco del derecho al trabajo digno y decente. 66. Ello, ya que de acuerdo con lo anteriormente relatado, el permiso para que una persona trabajadora obtenga el resguardo domiciliario con el objeto de dejar de acudir a su centro de trabajo como medida preventiva de contagio del virus SARS-CoV2, constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un empleador-trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo. 67. No es obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el contenido del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general. 68. Lo anterior, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2, en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo, fueron emitidos por autoridades administrativas, lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, transcritos con antelación. 69. En atención a las relatadas consideraciones, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio siguiente: ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente". (Lo resaltado no es de origen). Bajo ese contexto, con apoyo en el criterio jurisprudencial sustentado por nuestra Corte Constitucional, es inconcuso que si lo que se reclama en esta instancia constitucional del Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre esa dependencia y sus trabajadores, regulada por el artículo 123 constitucional, en razón de que la negativa de conceder a la quejosa el resguardo domiciliario, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus denominado SARS CoV2 (Covid 19), contenida en el oficio CES/DGJ/11801/2021-LFSJ de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Con otras palabras, conforme a lo expuesto por nuestro Alto Tribunal, ese oficio constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y la trabajadora, es decir, aquél se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. En esa tesitura, con apoyo en las máximas establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee en el presente juicio respecto del acto atribuido al Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, consistente en el oficio CES/DGJ/11801/2021-LFSJ de veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Sasha Betsabe Salazar Moreno, en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de David Sánchez Pérez, Secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, hasta hoy veintiocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado de Distrito. Doy fe. "Dos rúbricas"

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 832/2021 de su estadística, promovido por --------- contra actos del Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Publica, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las once horas con cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 25/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal y a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efecto de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a la responsable. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable a fin de informarle que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efecto y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplios a --------------- en razón de que se trata de un asunto en materia civil y acredita tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados con facultades restringidas. Además, conforme a lo estatuido en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  4. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: SASHA BETSABE SALAZAR MORENO, el auto y/o resolución de VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo 832/2021 de su estadística, promovido por --------- contra actos del Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Publica, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las once horas con cuarenta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 25/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal y a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efecto de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a la responsable. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable a fin de informarle que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efecto y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplios a --------------- en razón de que se trata de un asunto en materia civil y acredita tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Autorizados con facultades restringidas. Además, conforme a lo estatuido en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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