Sergio Alberto Rodea Y Quintana

Expediente 631/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
631/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Rodea Y Quintana
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en la que, en su primer punto resolutivo, sobreseyó en el juicio y, en el segundo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente sumario y el original del incidente de suspensión relativo se ubica, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 18, párrafo primero, fracción I, inciso b) y 21, párrafo primero, inciso c), del acuerdo general citado; por tanto, el sumario principal es susceptible de depuración y la pieza incidental de destrucción. Transferencia del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del original del incidente de suspensión Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el original del incidente de suspensión dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Karla Paola Rueda Morante, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 631/2022, promovido por Sergio Alberto Rodea y Quintana, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diez de mayo de dos mil veintidós (fojas 2 a 64). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El trece de mayo de dos mil veintidós, (fojas 65 a 72). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 75). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17 y 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, en su denominación correcta, consistentes en la resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que desechó de plano su petición de sobreseimiento del procedimiento administrativo seguido en el expediente D-04/2012. Asimismo, la falta de resolución en un plazo razonable en el incidente de sobreseimiento promovido el once de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente D-04/2012. TERCERO. Inexistencia de actos. Es inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, relativo a la falta de resolución en un plazo razonable en el incidente de sobreseimiento promovido el once de agosto de dos mil veintiuno, por el peticionario en el expediente D-04/2012, pues anexó a su informe justificado diversas constancias que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, con las que acredita que el dos de mayo de dos mil veintidós, resolvió esa incidencia. Resolución que incluso destacó como acto reclamado en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, si antes de la interposición del juicio de amparo, la autoridad responsable cumplió con la obligación de dar respuesta a la solicitud de sobreseimiento promovida por el aquí peticionario en el expediente D-04/2012, de su índice, que es de lo que realmente se duele éste, es evidente que a la presentación de la demanda era inexistente el acto reclamado. Así, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a ese acto de tal autoridad responsable. CUARTO. Existencia de actos. La referida autoridad responsable al rendir informe justificado aceptó la certeza del acto reclamado atinente a la resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, en la que desechó de plano la petición de sobreseimiento del procedimiento administrativo seguido en el expediente D-04/2012, promovida por el amparista, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que anexó a ese documento, valoradas con anterioridad. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo contra la resolución de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente D-04/2012, son inoperantes. En principio conviene establecer, que el peticionario de garantías solicita que el presente asunto sea analizado a la luz de la suplencia de la queja, bajo el argumento de tratarse de una persona de la tercera edad, sin embargo, aun cuando ese dato pudiere ser cierto, la suplencia se actualiza en favor de esos grupos de personas en el supuesto de que se advierta que son vulnerables derivado de su condición, lo que a juicio del suscrito no se actualiza, pues no obra ningún dato en ese sentido, por el contrario, encontramos que presentó su demanda de garantías por derecho propio y además se encuentra representado en juicio; aunado a lo anterior, del examen de la Litis planteada en el amparo que nos ocupa, no se advierte alguna cuestión que ocasione indefensión al peticionario de garantías y amerite proceder en la forma solicitada; de ahí que por los motivos indicados, el estudio se realizara bajo el principio de estricto derecho. Es así, porque la autoridad responsable Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, en esencia desechó el incidente de sobreseimiento ante la actualización de la figura jurídica de cosa juzgada, porque el diez de octubre de dos mil catorce, emitió resolución definitiva en la que se determinó como responsable al ahora impetrante Sergio Alberto Rodea y Quintana respecto de las conductas irregulares que se le atribuyeron, misma que quedó firme, tanto que está en etapa de ejecución de sentencia para hacer efectiva la multa impuesta por $560,362.28 (Quinientos sesenta mil trescientos sesenta y dos pesos con veintiocho centavos). En los conceptos de violación se combate únicamente el desechamiento del incidente de sobreseimiento promovido por el peticionario el once de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente D-04/2012, del índice de la autoridad responsable, aduciendo violaciones al debido proceso, legalidad, certeza y seguridad jurídica, mediante consideraciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al desechamiento de la demanda de amparo, inaplicables al caso, pero no atienden los razonamientos de la autoridad demandada atinentes a la improcedencia del sobreseimiento interpuesto, en tanto el procedimiento administrativo ha concluido con sentencia definitiva, sustento de la resolución reclamada, pues aun cuando se exponen abundantes argumentos, los mismos se encaminan a demostrar que en la especie, la causa de responsabilidad administrativa por la cual se le pretende ejecutar una suma determinada ya no es vigente en la legislación actual y considera que opera el principio en materia penal de traslación del tipo, por lo cual a su decir procede el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad sustanciado bajo el expediente D-04/2012. Argumentos que en no se ocupan de lo razonado por Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, respecto de la firmeza de la resolución de diez de octubre de dos mil catorce, en la que se determinó como responsable al ahora peticionario Sergio Alberto Rodea y Quintana respecto de las conductas irregulares que se le atribuyeron en el procedimiento administrativo seguido en su contra en el expediente D-04/2012, de manera que correspondía a éste exponer las razones jurídicas para desconocer la autoridad de la cosa juzgada, que constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda, pues uno de los pilares del Estado de derecho es el respeto a dicha institución, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. No se inadvierte por parte de este juzgador federal lo argumentado en sentido que la ley y los artículos en que se basó la autoridad para procesar al aquí quejoso fueron derogados, pues al respecto aduce "no se debe sancionar al suscrito por una conducta que actualmente no se encuentra tipificada como falta administrativa, ya que del análisis de los artículos del 51 al 54 de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, se desprende que no existió traslación alguna de tipo administrativo, contemplada en las fracciones del artículo 27 de la anterior Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que se intenta aplicarme en el procedimiento.", consecuentemente, a su decir, la conducta tipificada en ellos dejó de ser delito; sin embargo, esas consideraciones atienden al fondo de la incidencia planteada por éste el once de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente D-04/2012, lo que no fue abordado por la autoridad responsable de que se trata, quien, como se viene diciendo, determinó no abrir el incidente dada la firmeza de la sanción impuesta, que es lo que constituye la litis en el presente caso. Además, tampoco se aportan razones por las cuales se evidencia una razón jurídica suficiente, para sostener que las sentencias firmes o su ejecución, pueden dejar de surtir efectos o procede el sobreseimiento del expediente sin cumplirse con las sanciones impuestas a través de la incidencia planteada, aportando en su caso, la disposición legal o criterio que confirme su aseveración de que a través de dicha incidencia se puede acceder a su pretensión, pues incluso, de los diversos criterios de los tribunales de la federación invocados, corroboran sus afirmaciones de realizar la traslación de la conducta aun en asuntos firmes en los que solo queda pendiente la ejecución de las sanciones económicas decretadas, para de esa forma imponer a la autoridad responsable la obligación de admitir y sustanciar el incidente propuesto. En esa condiciones, ante lo inoperante de los conceptos de violación, procede negar la protección constitucional solicita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por el acto y autoridad precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por las razones expuestas en el CUARTO de ellos. SEGUNDO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a Sergio Alberto Rodea y Quintana contra el acto reclamado precisado en el considerando QUINTO de este fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintín Galindo Sánchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que el titular de esta sede federal se encuentra de licencia autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y el secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de trámite y resoluciones de carácter urgente, en términos del segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las diez horas con veinte minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Orienta lo anterior la tesis aislada I.2º.P.10 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Marzo de 2006, página 2112, que al rubro indica: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES." Notifíquese. Elaboró: Mcg

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Informes de autoridad Agréguese a los autos, el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el catorce de los actuales, refiere que el toca administrativo TJA/3ªS/05/2020, no guarda relación con expediente D-04/2012, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar Autoridad responsable remite constancias Ahora, intégrese el oficio firmado por el Director General de Responsabilidades, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, al que adjunta copia certificada de diversas constancias relacionadas con el expediente administrativo de origen, mismas que guardan relación con el acto reclamado por la parte quejosa. En ese sentido, se tienen por satisfechos los requerimientos formulados por este juzgado el pasado nueve de junio; y, se deja sin efectos la medida de apremio con que se les conminó. Se forma anexo I. Ahora, en atención a la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmense el anexo I por separado, con el propósito de tener un mejor manejo del presente expediente. No ha lugar a dar vista a las partes. Ahora bien, no ha lugar a dar vista a las partes con las constancias remitidas por el Director General de Responsabilidades, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de que las mismas no forman parte de su informe justificado, sino que fueron requeridas por este juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, con el propósito de contar con mayores elementos para resolver. Notifíquese.

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