Sara Fuentes Méndez

Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
693/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Sara Fuentes Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. ...FIRME DESECHAMIENTO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por **, por propio derecho, contra el acto del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número **. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no deben sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridad responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. El auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido en el incidente de liquidación de sociedad conyugal **, mediante el cual se le dijo que no había lugar a admitir el incidente de objeción de peritaje en materia de partidor, en virtud de no ser necesario para objetar el mismo. Ahora, tomando en consideración lo anterior, se provee: Desechamiento De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que el acto que pretende controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía biinstancial y, por ende, se desecha la demanda en los siguientes términos: Improcedencia Atento a lo antes expuesto, quien provee advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en virtud que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De una interpretación de los preceptos mencionados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Cabe señalar que los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que ésta sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías fundamentales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la ley suprema. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que al rubro estatuye: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, la parte quejosa podría combatirlas al momento de que se resuelva el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Las características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencia, pueden repararse, en el caso concreto, al combatir la resolución interlocutoria que se dicte en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal. En el caso concreto, el acto combatido no son actos de imposible reparación, pues aun cuando sus consecuencias puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetas al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, ya que a través de dicha actuación no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino como una posible violación de prerrogativas adjetivas que producen únicamente efectos intraprocesales. Ello es así, ya que el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal **, constituye un acto procesal que no afecta derechos sustantivos; ya que como lo evidencia la parte quejosa, son actos dentro de un incidente en el que aún se encuentra pendiente de resolver, además que en dicho procedimiento funge como parte, por lo que, incluso, de serle adverso la interlocutoria que se llegue a dictar, son cuestiones que puede hacer valer en el recurso de apelación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo de 2014, Tomo III, Libro 6, página 1539, cuyo rubro estatuye: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En ese contexto, -se reitera- debe decirse que los actos reclamados generan efectos meramente formales y no sustantivos, en la medida en que tal violación en modo alguno implica que tenga que dictarse una determinación desfavorable a los intereses de la parte quejosa. Incluso, del auto que reclama se observa que la quejosa intenta promover el incidente de objeción de peritaje en materia de partidor, y la autoridad no lo admitió por no ser necesario; sin embargo, le hizo del conocimiento que las manifestaciones vertidas serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Así, es dable concluir que el acto que ahora se reclama únicamente da lugar a que el incidente se siga desarrollando en la instancia correspondiente, por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente porque dicho acto no afecta de manera material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sólo tiene repercusiones intraprocesales. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notificaciones vía electrónica Ahora bien, con base en el arábigo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, la vía electrónica. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte promovente a través del usuario "********************" conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Consulta del expediente electrónico En otro aspecto, Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "********************" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto. Se instruye al oficial judicial "A" En consecuencia, se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización correspondiente al promovente en el referido sistema. Medio especial para establecer contacto Por otra parte, indíquese a la promovente que no ha lugar a tener como medio de notificación la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporciona, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tienen por señalados como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico que menciona y, excepcionalmente, procesales en caso de no contar con acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Autorizados con facultades amplias En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias a ********************, en razón de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; no así a ********************, por no haber colmado dicho requisito, por lo que se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V. SE DESECHA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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