Sarita Chimal Moreno

Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 54 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
207/2023
Año
2023
Actuaciones
54
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Sarita Chimal Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto sobreseyó y en el segundo punto concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes de la notificación del presente proveído, cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá a cada una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,370.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte quejosa, en el cual solicita cause ejecutoria el presente juicio; al respecto, indíquesele que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído, en el que se proveyó al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 207/2023-IV-B, promovido por ********************; y, ********************RESULTANDO:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Juez del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal y actuario adscrito a dicho órgano, ambos con residencia en esta ciudad.********************SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. ********************TERCERO. Ampliación de demanda. Por escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso amplió su demanda de amparo, la cual en proveído de treinta y uno de ese mismo mes y año, se admitió respecto de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad.********************Posteriormente, la quejosa en auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, se le tuvo por desistida respecto del acto señalado como la rectificación de inscripción o anotación inscrita a folio trescientos, tomo noventa "CH", volumen segundo de urbanas del libro primero, partida tercera, a folio doce del tomo trescientos treinta y dos "C", volumen cuarto de urbanas del libro primero, partida segunda, a folio cuatro, del tomo trescientos treinta y uno "C", volumen quinto de urbanas del libro primero partida primera, del registro de la autoridad responsable.********************En consecuencia, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O :********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en:****************************************Del Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán: El ilegal emplazamiento realizado al juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I promovido en su contra, y todo lo actuado en el mismo. ****************************************De la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán: La anotación preventiva de embargo de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, respecto del predio folio trescientos, tomo noventa "CH", volumen segundo de urbanas del libro primero, partida tercera, a folio doce del tomo trescientos treinta y dos "C", volumen cuarto de urbanas del libro primero, partida segunda, a folio cuatro, del tomo trescientos treinta y uno "C", volumen quinto de urbanas del libro primero partida primera, del registro de la autoridad responsable.****************************************TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En relación con el acto reclamado identificado con el inciso a) del considerando anterior, consistente en el ilegal emplazamiento realizado al juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I promovido en contra de la amparista, así como el embargo decretado en el mismo, al rendir su informe justificado de manera conjunta el Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad [promoción 2814], negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtúe tales negativas.********************En efecto, ambas autoridades señalaron que a pesar de que sí existe en trámite el juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I en el índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, en el cual la aquí quejosa ********************, tiene el carácter de parte demandada, lo cierto es, que no se ha llevado a cabo la diligencia de exequendo y por ende, no se le ha emplazado a dicho sumario.********************Lo cual apoyaron con las documentales derivadas del citado juicio ejecutivo mercantil oral, de las cuales se corrobora lo señalado por las autoridades responsables citadas; asimismo, obra la certificación secretarial de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se hizo constar que en autos del juicio natural no obran constancias relativas al desahogo de la diligencia de exequendo.********************En el mismo sentido, se advierte la existencia de la constancia actuarial de la misma data (diecisiete de febrero del año en curso), en la cual los tres actuarios adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, certifican que no se ha realizado de su parte diligencia de ejecución alguna relativa al juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I, y por consiguiente, no se ha trabado embargo sobre algún bien propiedad de la demandada ********************. ********************Asimismo, se destaca que una vez que rindió el informe justificado la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad [promoción 5660], en el sentido de que sí es cierto el acto relativo a la inscripción de un embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I, ordenado, al parecer, por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal, se procedió a solicitar la ratificación o rectificación de los informes justificados al Juez Federal y al actuario de su adscripción.********************Lo anterior, toda vez que la autoridad registral, con su informe de ley remitió una constancia relativa a una diligencia de exequendo realizada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la cual, por conducto de la persona con la que se entendió la diligencia (Andrés Jesús Chimal Marrufo), a la quejosa se le requirió de pago, se embargó un inmueble de su propiedad y se le emplazó a juicio, por quien dijo ser el actuario adscrito al Juzgado Federal mencionado.********************Ante ello, las autoridades responsables Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ratificaron el sentido negativo de su informe [promoción 5660], remitiendo copias certificadas del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022, de las cuales se advierte lo que sostienen, es decir, que los actos que se les atribuyen NO SON CIERTOS. ********************Lo anterior es así, pues no obstante que existe la controvertida constancia actuarial de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, lo cierto es, que dicha documental no tiene el valor y alcance probatorio suficiente para desvirtuar lo que se acredita con las constancias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral de donde se dice que derivó.********************Pues en principio, en el sumario de origen no existe dicha actuación relativa a la diligencia de ejecución aludida, además, en su contra se encuentra el informe de ley rendido por el Juez Federal responsable, en el sentido que no se ha llevado a cabo en el juicio natural la diligencia de ejecución relativa y por ende, no se ha emplazado a la parte quejosa, lo cual ratificó y señaló que la persona que aparece como actuario en la diligencia de exequendo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, no labora ni ha laborado en el Juzgado Federal a su cargo.********************Aunado a que también obra la certificación secretarial, en la que se hace constar lo que señaló el juez mercantil (inexistencia de la diligencia y de constancias); y finalmente, también se toma en cuenta la constancia levantada por los tres actuarios adscritos al órgano jurisdiccional de origen, en la cual hicieron constar que ellos no han realizado la diligencia de exequendo relativa a ese expediente mercantil, ni se ha trabado formal embargo en alguno de los bienes de la demandada, aquí quejosa.********************En ese contexto, se concluye que es clara y contundente la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, sin que exista en autos prueba alguna suficiente que opere en contrario ni que haya sido aportada por la parte amparista para desvirtuar dichas negativas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, por dichas autoridades y actos, de acuerdo a lo expuesto en este considerando.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, Primera Parte, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor literal siguiente: ********************"INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74, de la Ley de Amparo".****************************************CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado [registro 4693]. ********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia.********************En el caso a estudio, respecto del acto y autoridad citados, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad.********************Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. ********************Resultan fundados los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa.********************En principio, en relación con la litis a resolver, se acota que la amparista señala como autoridad responsable a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), de quien reclama la anotación preventiva de embargo de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, respecto del predio folio ********************, del registro de la autoridad responsable.********************Precisado lo anterior, es menester atender el contenido de las documentales remitidas por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, derivadas del juicio ejecutivo mercantil 1007/2022-I.********************Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente:********************1.- Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, RODOLFO ESAÚ GARZA DE VEGA, promovió ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, juicio en la vía oral mercantil en contra de ********************, en ejercicio de la acción cambiaria directa, reclamando el pago de $1´450,000.00 (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) derivado de un pagaré, así como el pago de los intereses moratorios al tres por ciento (3%) mensual, y el pago de los gastos y costas del juicio. ********************2.- En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, radicó la demanda recibida con el número 1007/2021-I de su índice; la admitió a trámite, sin embargo, tomando en consideración el monto de la suerte principal, reencausó la demanda a la vía ejecutiva mercantil oral.********************3.- Asimismo, en dicho proveído, el juzgador mercantil comisionó al actuario judicial de su adscripción, para que en compañía de la parte actora, se constituyera en el domicilio de la demandada precisado en el escrito inicial de demanda y le requiriera el pago de las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo le embargara bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de lo reclamado; y después, debería correrle traslado con la copia simple de la demanda, y de los demás documentos exhibidos por la parte actora, emplazándola en términos del artículo 1390 Ter 6 del Código de Comercio; señalándole que se le otorgaba el plazo de ocho días, para realizar el pago o emitir su contestación oponiendo las excepciones que a su derecho conviniera.********************4.- Luego, la actuaria adscrita al juzgado responsable procedió a notificar por lista a la parte actora el contenido del citado acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, según constancia actuarial que obra glosada en autos, de fecha veintinueve de septiembre siguiente.********************5.- Siendo todas las actuaciones relativas al juicio ejecutivo mercantil oral conducentes a la presentación de la demanda y al auto admisiorio que ordenó la diligencia de exequendo, y la notificación de este último; siendo que las posteriores actuaciones corresponden a la tramitación del presente juicio de amparo, pues existen los oficios de este juzgado de control constitucional con los cuales se les requirió a las autoridades responsables (Juez y actuario) sus informes justificados y previos; asimismo obran los acuerdos relativos en los que se ordenó rendirlos.********************6.- Como parte de las constancias integradoras del expediente de origen, cobra especial relevancia la certificación secretarial de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se hizo constar que en autos del juicio natural no obran constancias relativas al desahogo de la diligencia de exequendo; la cual es del tenor literal siguiente:****************************************7.- De igual manera, y en el mismo sentido, se advierte la existencia de la constancia actuarial de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la cual los tres actuarios adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, certifican que no se ha realizado de su parte diligencia de ejecución alguna relativa al juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I, y por consiguiente, no se ha trabado embargo sobre algún bien propiedad de la demandada ********************. ********************Constancia actuarial cuya imagen digitalizada se inserta a continuación, para efectos ilustrativos:****************************************8.- Finalmente, se observa el acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual el juez responsable ordenó remitir la ratificación de los informes justificados y previos en el presente juicio de amparo, señalado que no son ciertos los actos que se les atribuyen, concernientes al ilegal emplazamiento de la quejosa realizado al juicio mercantil de origen, y sus consecuencias, entre ellas, el embargo de un bien de su propiedad. ********************Una vez realizada la anterior relación de constancias, debe resaltarse sobre este aspecto de la negativa de actos de las autoridades, ya se proveyó lo conducente en el considerando tercero de esta sentencia, ordenando el sobreseimiento en este juicio por dichos actos y autoridades (juez y actuario). ********************Así las cosas, se tiene que al rendir su informe justificado, como ya se indicó, la autoridad Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, reconoció la existencia del acto relativo a la inscripción de un embargo derivado del juicio ejecutivo mercantil oral 1007/2022-I, ordenado, al parecer, por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal; y al efecto, adjuntó la constancia relativa a una diligencia de exequendo supuestamente realizada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la cual es de contenido siguiente:****************************************************************************************************De la diligencia actuarial anterior, se obtiene que la persona que se ostentó actuario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, ********************, dijo haberse apersonado al domicilio proporcionado como de la demandada ********************, donde entendió la diligencia de exequendo en compañía de ********************, con la persona que estaba en ese lugar, de nombre ******************** por lo que por su conducto procedió a requerirle de pago a la quejosa, y al no hacerlo, se embargó un inmueble de su propiedad y se le emplazó a juicio.********************Con base en ello, se realizó la inscripción del embargo relativo, según se advierte de la boleta remitida por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad:**************************************** ****************************************Asimismo, la Directora de la oficina registral en comento, remitió también copia certificada del recibo oficial de uno de diciembre de dos mil veintidós, de folio ********************, y un ticket relativo a la solicitud ********************; documentos relacionados con el pago de los derechos e impuestos derivados de la inscripción del embargo; así como la constancia relativa a la "rectificación de inscripción o anotación de propiedad de oficio", que realizó oficiosamente sobre el predio, ya que de los datos proporcionados no se advertía el municipio correspondiente al inmueble, lo cual subsanó con base en la información que obra en dicha dependencia.********************Ahora bien, de lo anteriormente destacado se advierte que la diligencia de embargo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, al no derivar realmente del juicio ejecutivo mercantil 1007/2021 de origen, no puede sostener la inscripción de embargo recaída al inmueble de la quejosa.********************En efecto, de las constancias relacionadas se advierte con claridad que la actuación actuarial consistente en la diligencia de exequendo aludida, no tiene la legalidad requerida al no haber sido emanada del juicio natural, lo que quedó evidenciado con el cúmulo probatorio que obra en este sumario constitucional. ********************Ciertamente, las constancias del juicio ejecutivo mercantil oral remitidas por las autoridades responsables, así como las manifestaciones contenidas en los informes justificados, son suficientes para desvirtuar cualquier indicio de legalidad que en un principio pudo desprenderse a fin de que la autoridad registral realizara la inscripción del embargo impugnada.********************Lo que trae como consecuencia, que el acto de autoridad atribuido a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, no sea objetivamente legal, al derivar de un acto incierto y probablemente apócrifo al no tener soporte jurídico con las actuaciones del juicio mercantil de que dice derivar y al cual, se encuentra vinculado.********************Lo anterior se robustece, con el informe justificado del Juez Mercantil Federal, quien desconoció toda actuación relacionada con esa audiencia de exequendo, y con la persona que se ostentó como actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional de instancia, licenciado ********************, al señalar que no es ni ha sido actuario adscrito al Juzgado Federal responsable.********************En esa guisa, es claro que el acto consistente en la anotación preventiva de embargo de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, respecto del predio que la quejosa defiende no se encuentra ajustada a derecho, por lo que debe concedérsele la protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes:********************La autoridad responsable Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, de inmediato deberá dejar insubsistente y realizar la cancelación de la anotación preventiva de embargo de fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, respecto del predio identificado con el folio ********************, de su registro.****************************************Finalmente, como del resultado del presente estudio se advierte la probable actualización de varios delitos, se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia certificada del presente expediente, para que inicie la investigación correspondiente en contra de quien o quienes resulten responsables, y en su oportunidad informar sobre la carpeta de investigación que corresponda.****************************************SÉPTIMO.- Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: ********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se********************R E S U E L V E :********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados al Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia.********************SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.********************TERCERO.- Como está ordenado al final del considerando sexto, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia certificada del presente expediente, para que inicie la investigación correspondiente, por la posible actualización de un delito.********************CUARTO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 207/2023-IV-B, promovido por ********************; y, R E S U E L V E :********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados al Juez y actuario, ambos adscritos al Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia.********************SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, respecto del acto reclamado a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.********************TERCERO.- Como está ordenado al final del considerando sexto, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia certificada del presente expediente, para que inicie la investigación correspondiente, por la posible actualización de un delito.********************CUARTO.- Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público Federal Titular de la Célula I-3, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le comunique el estado actual del presente juicio. Mediante oficio que derive del presente proveído, indíquese a la autoridad oficiante que el presente sumario se encuentra debidamente integrado, se ha celebrado audiencia constitucional y se encuentra pendiente el dictado de la sentencia correspondiente. Notifíquese y cúmplase.

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