Sarah Sofia Gomez Ferrant

Expediente 703/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
703/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Sarah Sofia Gomez Ferrant
  • Cynthia Mercedes Ferrant Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el sobre de cuenta que contiene el oficio 22772/2022-V-B, de fecha dos de junio de los corrientes, dirigido al Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud y este a su vez en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por la siguiente razón: "la autoridad citada no se encuentra en este domicilio". Al efecto, se ordena a la Oficialía de Partes de este Juzgado reexpedir el citado oficio al domicilio actual de la referida autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio sin número signado por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud y este a su vez en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; con el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión, a fin de rendir su correspondiente informe previo. Al efecto, mediante oficio que al efecto se le gire, hágase de su conocimiento que por proveído de uno de junio de dos mil veintidós causó estado el acuerdo por medio del cual se sobreseyó el juicio de amparo del cual derivan los presentes cuadernos incidentales y se ordenó su archivo. Máxime que de una revisión de constancias se desprende que por auto de diecisiete de mayo de los corrientes se tuvieron por recibidos los informes previos rendidos por la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, y, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se relacionaron en la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el diez de mayo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós, el hecho que no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios 18733/2022-V-B y 18734/2022-V-B, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud del Gobierno de México, ambos con sede en la Ciudad de México, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda contra los actos que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Y en relación a las responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada mediante resolución interlocutoria de dieciocho de marzo del año en curso, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 703/2022-V-B, promovido por ********, en representación de su hija menor de edad Sarah Sofía Gómez Ferrant, en contra de los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Cynthia Mercedes Ferrant Camacho, en representación de su hija menor de edad Sarah Sofía Gómez Ferrant, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama de las autoridades siguientes: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 2. Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México. 3. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 4. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad. 5. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación contra COVID-19 "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Progreso. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales y dictado de la suspensión definitiva por las autoridades responsables locales. Por acuerdo dictado el once de marzo de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Siendo que mediante interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada en contra de las autoridades responsables locales y se difirió la audiencia únicamente por lo que respecta a las autoridades responsables foráneas, misma que se llevó a cabo el día de hoy, previo diferimiento, en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad que representa, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud de la menor. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud al rendir su informe previo en su representación (promoción 11314), sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, en relación a la referida autoridad responsable fóranea, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, pues aunque la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud lo negó al rendir su informe previo en su representación (promoción 11313), hizo manifestaciones que evidencian su existencia. CUARTO. Pronunciamiento de la medida cautelar. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno de México, con sede en la Ciudad de México, debe decirse, en relación con el derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de 8 de diciembre de 2020, se aprobó a partir de estudios científicos realizados por especialistas nacionales en materias de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, quienes se apoyaron en lo recomendado por los organismos internacionales en la materia, con el fin de proteger la salud de la población y reducir los contagios y muertes provocados por el virus. Así, con dicha estrategia de salud se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco (5) etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: febrero-abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: abril-mayo 2021, personas de 50 a 59 años; etapa 4: mayo-junio 2021, personas de 40 a 49 años; y, etapa 5: junio 2021-marzo 2022, resto de la población. Ahora bien, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, tanto para los menores de doce años o más (cumplidos al veintiocho de abril de dos mil veintidós) y que se quieran vacunar por primera vez como a los de dieciocho años o más que soliciten un refuerzo; todos sin comorbilidades. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. / Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de doce años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Aunado a que en la diversa página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, se advierte en un comunicado de tres de mayo de dos mil veintidós, en el cual, se anuncia el pre registro para vacunación de niñas y niños de doce años en adelante, lo que se corrobora en la consulta de la página electrónica con dirección https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6090, de la que se desprende que ya se encuentra disponible el pre registro para menores de doce años o más sin comorbilidades. Es decir, para que pueda realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dichas documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional, en relación a la referida autoridad responsable fóranea, pues como se señaló, ya se puede realizar el pre-registro de la menor y procederse a la aplicación de la vacuna respectiva, de acuerdo con lo que indiquen las autoridades de salud relativas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a Cynthia Mercedes Ferrant Camacho, en representación de su hija menor de edad Sarah Sofía Gómez Ferrant, la suspensión definitiva de los actos que reclama al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud del Gobierno de México, ambos con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de la presente resolución. Notifíquese.

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