Saul Armando Martinez Sastre

Expediente 878/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
878/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Saul Armando Martinez Sastre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación a la parte que le pudo haber causado perjuicio la sentenciada firmada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se realizó a la parte quejosa el día uno de abril siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se sobreseyó en el presente asunto; y en su segundo punto resolutivo, SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al quejoso ********************, contra los actos que reclama a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Comalcalco, Tabasco, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia que en su segundo punto resolutivo se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que se negó la medida cautelar en el mismo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 878/2021-V-A, promovido por ********+, contra los actos que reclama a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Comalcalco, Tabasco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el día veinticuatro siguiente a este Órgano de Control Constitucional, compareció Saúl Armando Martínez Sastre, por su propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a los Jueces Primero y Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco y actuarios de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, por auto de cuatro de junio siguiente se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada bajo el número 878/2021-V-A, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio de origen 394/2021 y sus consecuencias, tales como el descuento hecho en su nómina. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa. Igualmente, no es cierto el acto reclamado al actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco, pues no obstante no rindió su informe justificado, se advierte que fue señalado como autoridad ejecutora del Juzgado de su adscripción, el cual se desprende que negó los actos y por ende, también resultan inexistentes para el actuario. Así también, no son ciertos los actos reclamados al actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco, pues no obstante se adhirió al informe de la Jueza de su adscripción, de las constancias que obran en autos, se desprende que a dicho actuario no le correspondió ejecutar el acto reclamado. En consecuencia, resultan inexistentes los actos reclamados por la parte impetrante del amparo a dichas autoridades, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de las mismas, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la citada Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Comalcalco, Tabasco, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las constancias que la Jueza acompañó al mismo. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En la especie, el solicitante del amparo aduce esencialmente, que se conculcan en su perjuicio sus derechos fundamentales de audiencia, debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por su falta de llamamiento al procedimiento natural, lo cual provocó que el juicio especial de alimentos se siguiera sin respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previstas en la ley, ya que se le está efectuando el descuento a su nómina sin que se le hubiese emplazado al mismo. Tales argumentos, como se dijo, se estiman infundados, por las consideraciones siguientes: Respecto del trámite del juicio de alimentos el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, dispone: ARTÍCULO 195.- Procedencia y requisitos. En caso de urgente necesidad podrá decretarse el pago de una pensión provisional de alimentos en favor de quien acredite tener, al menos presuntivamente, derecho de exigirlos y contra quien tenga la obligación de pagarlos. En este caso, deberá acreditarse el título o causa jurídica en cuya virtud se pide la pensión provisional, las posibilidades de quien deba darla y la urgencia de la medida. Cuando la pensión provisional se pida por razón de parentesco, deberá acreditarse éste. Si se funda en testamento, contrato o convenio, debe exhibirse el documento en que consten. ARTÍCULO 196.- Resolución. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juzgador fijará el porcentaje o la suma en que deba consistir la pensión provisional de alimentos, ordenando que se entregue directamente al beneficiario de la medida en forma quincenal o mensual. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue la pensión provisional de alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que la conceda es apelable en el efecto devolutivo. CAPITULO VIII JUICIO DE ALIMENTOS ARTÍCULO 530.- Demanda. En el juicio de alimentos la demanda podrá presentarse por escrito o expresarse por comparecencia personal ante el juzgador, de la cual se levantará el acta correspondiente. En ambos casos la demanda deberá reunir los requisitos previstos en el artículo 204 de este Código, y la parte actora deberá acompañar los documentos que se señalan en los artículos 205 y 206. En la demanda la parte actora podrá solicitar el otorgamiento de alimentos provisionales en los términos previstos en este Código. La recusación no podrá impedir que el juzgador adopte las medidas provisionales sobre alimentos. En la misma demanda, la parte demandante deberá ofrecer las pruebas. ARTÍCULO 531.- Emplazamiento y contestación a la demanda. En el auto de admisión de la demanda, el juzgador ordenará que se emplace a la parte demandada para que la conteste dentro de los nueve días siguientes. En el escrito de contestación a la demanda, el demandado deberá ofrecer las pruebas respectivas. En el auto que tenga por contestada la demanda, el juzgador señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. ARTÍCULO 532.- Audiencia. La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. El juzgador podrá cerciorarse personalmente o con auxilio de trabajadores sociales, de la veracidad de los hechos controvertidos. Aquellos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados por el juzgador y por las partes. La valoración del informe se hará conforme a lo dispuesto en el Título Tercero del Libro Segundo de este Código. En el fallo se expresarán en todo caso los medios de prueba en que se haya fundado el juzgador para dictarlo. ARTÍCULO 533.- Sentencia. La sentencia definitiva se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia, de ser así posible, o dentro de los ocho días siguientes. La sentencia definitiva será apelable en el efecto devolutivo; y cuando condene al pago de alimentos, se ejecutará sin fianza Los preceptos legales transcritos revelan que en el juicio de alimentos el juez a petición del actor (acreedor), de manera provisional, los fijará sin audiencia previa del deudor, mediante la información que se le presente junto con el escrito de demanda. Asimismo, el artículo 14 constitucional en la que se consagra el derecho fundamental de audiencia, prevé: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de diferenciar lo que son los actos privativos que prevé el artículo 14 Constitucional, respecto de los actos de molestia contenidos en el diverso 16; y mediante tesis de jurisprudencia sentó las bases para distinguir unos de otros, pues dijo que los primeros, son aquellos que cumpliendo los requisitos precisados en el propio artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; mientras que los actos de molestia, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, se puede apreciar en la tesis de Jurisprudencia número P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del tomo IV, Julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200080, cuyo texto y rubro son: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Como puede observarse, los actos a que se refiere el artículo 14 Constitucional, lo son aquellos que privan al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; característica de la cual no gozan las de tipo provisional, como lo son las medidas precautorias emitidas dentro de un procedimiento, pues aunque en el acto también puede producir o generar una restricción, ésta no lo es en forma definitiva, que es precisamente a la que se refiere la norma. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página dieciocho, del tomo VII, Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196727, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." De conformidad con lo aquí expuesto y con los preceptos transcritos, se reitera lo infundado de los conceptos de violación, ya que tales preceptos relativos a las medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer de manera provisional una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención, no conceden a favor del deudor alimentario el derecho fundamental de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, y no por ello son violatorios del artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del referido derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, lo que no ocurre en el caso particular. En este contexto, la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se considera que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por tanto, resulta correcto que la responsable hubiese decretado la pensión alimenticia provisional desde el momento en que admitió el juicio, pues el propio numeral 530 del Código Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, establece que desde la presentación de la demanda, podrán solicitarse las medidas provisionales sobre alimentos, ya que éstos son una cuestión urgente que debía atender de inmediato. Siendo que, en el caso, desde la admisión de la demanda se ordenó el emplazamiento del demandado aquí quejoso, empero, al encontrarse fuera de la residencia del juzgado de origen, se ordenó se verificara a través de un exhorto, de ahí la dilación a su emplazamiento. Atendiendo a ello, se tiene que la responsable sí respetó el derecho de audiencia del impetrante del amparo, pues una vez que sea emplazado, puede impugnar tanto la fijación de la pensión alimenticia o solicitar la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que sí se otorga al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se dijo, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión fijada, sin perder de vista que esa determinación sólo tiene el carácter de provisional según se encuentra así dispuesto en la legislación relativa. En este orden de ideas, resulta inconcuso que en los alimentos provisionales al tratarse de una medida precautoria, no rige el derecho fundamental de audiencia previa previsto por el artículo 14 Constitucional, y por consecuencia, no existe la vulneración de que se duele la parte quejosa en el presente juicio, máxime que de la lectura integral de la resolución en la que se fijó la pensión alimenticia, se desprende que en la misma ordenó que se notificara personalmente a Saúl Armando Martínez Sastre, aquí quejoso. Se invoca por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo I, página ciento cuarenta y dos del Apéndice dos mil, Séptima Época, con número de registro 233012, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ARTÍCULOS 1291 AL 1299 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACÁN VIGENTE DESDE EL 1o. DE MARZO DE 1965, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Del análisis de los artículos 1291 al 1299 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, se observa que si bien es cierto que no conceden en favor del deudor alimentario la garantía de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia provisional, también lo es que no por ello violan lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo de la garantía de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables, pero en manera alguna prohíbe el que en un ordenamiento legal se establezcan medidas simplemente precautorias o de carácter provisional, encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer provisionalmente una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención. Además, la fijación de la pensión alimenticia provisional y su consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, no es una medida arbitraria y carente de fundamento, pues de lo dispuesto por los artículos antes citados se colige con facilidad que la resolución en la que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, sólo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil respectivas, o bien la sentencia ejecutoria, el testamento o el contrato elevado a escritura pública en el que conste la obligación alimenticia. Asimismo, es necesario convenir que la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa que por su tramitación, en muchos casos prolongada, harían inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia de la persona. Por otro lado, basta atender al texto de los artículos 1298 y 1299 para concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante, o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos. Es decir, que si se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. No está por demás agregar que el hecho de que la sentencia que se dicta en el cuestionado procedimiento de jurisdicción voluntaria es de carácter declarativo, de ninguna manera puede servir de base para demostrar la inconstitucionalidad, ya que la circunstancia de que el fallo dictado en un procedimiento cualquiera sea de los llamados constitutivos, de condena o simplemente declarativos, no implica que por ello se viole, en perjuicio del demandado, la garantía de audiencia previa al acto de privación definitivo, pues esto únicamente se presenta cuando una autoridad priva o establece un procedimiento para privar definitivamente de sus bienes a la persona, sin antes oírla." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página veintiuno, del Tomo 163-168, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 249988, que indica: "ALIMENTOS PROVISIONALES, EN LA FIJACION DE LOS, NO DEBE OIRSE AL OBLIGADO (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla faculta al Juez natural para fijar el importe de las pensiones alimenticias provisionales sin que para ello deba ser oído a quien se le reclaman los alimentos; es decir, es categórico en cuanto a la designación de la pensión provisional de alimentos ajustándose sólo a lo dispuesto por el artículo 550 del propio ordenamiento y, por ende, no se lesiona la garantía de audiencia del quejoso al no tomar en cuenta su promoción para fijar dicha pensión alimenticia." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Saúl Armando Martínez Sastre, en contra del acto que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco, actuario de su adscripción y al actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco del Estado de Tabasco; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Saúl Armando Martínez Sastre, contra los actos que reclama a la Jueza Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Comalcalco, Tabasco; por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del oficio que se relacionó en proveído de dos de marzo pasado. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Por otra parte, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 1245, signado por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia con sede en Comalcalco, Tabasco y su anexo, recibidos vía correo certificado, que remite con relación al requerimiento efectuado por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, comunicando y acreditando el estado actual en que se encuentra el exhorto 81/2021, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio, así como de su anexo y relaciónese en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista de estrados y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio recibido por la vía telegráfica, signado por la Jueza Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Comalcalco, Tabasco, que remite con relación al requerimiento efectuado por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, comunicado el estado actual en que se encuentra el exhorto 81/2021 de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.

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