Sara Naiara Cervera González
Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 805/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sara Naiara Cervera González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el presente expediente, se desprende que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional. Asimismo, que en proveído de la misma fecha dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional en que se actúa, se dejó sin efectos la audiencia incidental señalada para las diez horas con doce minutos del seis de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo pronunciado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se dejó sin efectos todas las providencias dictadas en el cuaderno de suspensión, lo que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes En su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó el acuerdo de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo que hace al incidente de suspensión que deriva de este juicio, dese vista en el mismo con lo acordado en el presente a fin de proveer lo que corresponda. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto: Como se ordenó en el expediente principal, se da cuenta en estos autos con la copia autorizada del acuerdo dictado en esta fecha, mediante el cual se decretó que causó estado el auto de nueve de mayo del año en curso, por el que se sobreseyó en el juicio constitucional fuera de audiencia y se ordenó el archivo del mismo, como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto todas las providencias dictadas en este cuaderno de suspensión, así como la audiencia incidental señalada para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que de los mismos se advierte que aún no obran en autos las constancias requeridas a las autoridades responsables Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán y Verificador de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, por acuerdos de cuatro de abril del presente año y nueve de mayo pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remitan a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado. Apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día, y se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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