Sara María Cervantes Arias

Expediente 1837/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1837/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Sara María Cervantes Arias

Actuaciones

  1. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el doce de septiembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1837/2022-II-A, promovido por ELOISA IVANOA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, apoderada de SARA MARÍA CERVANTES ARIAS, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ELOISA IVANOA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, apoderada de SARA MARÍA CERVANTES ARIAS, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1837/2022-II-A. Por ello, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 554/2019, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron los magistrados que lo integran al rendir su informe de ley. A mayor abundamiento es dable señalar que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (uno de agosto de dos mil veintidós), no se había desahogado la prueba testimonial ofrecida dentro del juicio laboral 554/2019. Motivo por el cual la autoridad responsable se encuentra jurídicamente impedida para dictar el laudo, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en relación con el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 150. Perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes presentarán sus alegatos en forma verbal o escrita y el Tribunal podrá dictar su resolución sobre el conflicto en la propia audiencia o si lo considerase necesario, fijará fecha y hora para la resolución en un término que no excederá de un mes." "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." De los citados numerales se desprende que una vez perfeccionada la última prueba en la audiencia respectiva, las partes podrán presentar alegatos de manera verbal o por escrito, así como, el Tribunal burocrático está facultado para emitir la resolución sobre el conflicto en dicha audiencia, o si lo considera necesario fijará fecha y hora para ello, en un plazo que no excederá de un mes. Asimismo indican que para la práctica de algún acto procesal que no tenga fijado un término, éste será de tres días. Es decir, dichos numerales imponen a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate, que después de haber concluido el término para formular los alegatos podrá emitir su resolución dentro del plazo de un mes. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, el Tribunal responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. Pues por acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós, el Tribunal responsable señaló el dos de septiembre del propio año, para el desahogo de la prueba testimonial de cargo ofrecida en autos del juicio de origen. De lo narrado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, esto es, el uno de agosto del año en curso, se encontraba pendiente el desahogo de una prueba. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tienen que presentar sus respectivos alegatos, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, la autoridad laboral se encontraba imposibilitada para fallar en definitiva el juicio laboral 554/2019, pues al no haberse desahogado la totalidad de las pruebas, menos puede hablarse de que se encuentre en posibilidades de dictar la sentencia obrera correspondiente. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ELOISA IVANOA MÉNDEZ RODRÍGUEZ, apoderada de SARA MARÍA CERVANTES ARIAS, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el escrito del quejoso Juan Manuel Rodríguez Cedillo, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado en este expediente el ocho de agosto del año en curso, en el que se desechó de plano la denuncia de repetición del acto reclamado planteada por el mismo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les realice de este acuerdo, señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Transcurrido el plazo señalado con antelación, mediante acuerdo, envíese el original del escrito de expresión de agravios, copia de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas por las partes y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, terceros interesados y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: por cuanto que las autoridades responsables foráneas siguientes: 1.- DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA EN APOYO A MANDAMIENTOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (oficio 35699/2021). 2.- COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (oficio 35700/2021) 3.- COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO (oficio 35701/2021). No han rendido sus respectivos informes previos en este asunto, ni obra constancia de que hubiesen recibido los correspondientes oficios con los que se les solicitó. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Sin que obste a lo anterior, que el artículo 138 de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades responsables se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rindan su informe previo en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Notifíquese por lista de estrados.

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