Sara Davalos Vargas

Expediente 1312/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1312/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Sara Davalos Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el que transcribe el proveído de seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual este juzgado remitió la demanda promovida por Será Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, e informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes, quedando registrado con el número de su índice. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 1312/2021-I; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Sara Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    1. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueven, contra el acto de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número progresivo 1312/2021-I. En principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí: - La resolución emitida el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en autos del toca de apelación 193/2021, a través de la cual confirmó la determinación emitida por el Juez Penal, a través de la cual aduce el quejoso "me sobreseyó mi averiguación y acordó que este sobreseimiento tendría efectos de cosa juzgada". Precisado lo anterior, cabe señalar que de los antecedentes que vierten los quejosos bajo protesta de decir vedad en su demanda de amparo, se desprende lo siguiente: a) La parte quejosa presentó "denuncia, acusación y/o querella" en contra de Arturo Chávez Contreras, por los delitos de "FALSO TESTIMONIO, SIMULACIÓN DE PRUEBAS y lo que resulte". b) Seguida la secuela procesal, el Ministerio Público ejercitó acción penal y consignó la averiguación al Juez Penal en turno, solicitando librara orden de aprehensión en contra del aludido Arturo Chávez Contreras. c) En atención a lo anterior, el Juez Penal negó dicha orden de aprehensión. d) Derivado de lo anterior, la parte quejosa "nuevamente aportó pruebas a la averiguación", y una vez superados los "detalles" que alegó el Juez para negar la orden, "se consignó nuevamente mi averiguación ante el Juez Penal en turno". e) Motivo de ello, señala el quejoso, "en esta última ocasión me sobreseyó mi averiguación y acordó que este sobreseimiento tendría efectos de cosa juzgada", añadiendo que el Juez alegó que "entre la negativa de la orden de aprehensión anterior y la nueva solicitud de la orden de aprehensión y de que yo rindiera pruebas habían pasado más de 6 meses y que se había actualizado el supuesto previsto por el artículo el artículo 181 del Código de Procedimientos Penales del Estado". (el pie de página no es de origen). Precisado lo anterior, conviene destacar el contenido de los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En ese contexto, el suscrito considera que, por las razones que a continuación se exponen, se carece de competencia legal para resolver en la vía indirecta el juicio de amparo que promueven Sara Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, contra el acto reclamado precisado en líneas que anteceden. Lo anterior se afirma así, ya que de conformidad con lo establecido en el numeral 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Luego, si en el caso, el acto reclamado lo constituye la resolución emitida por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el toca de apelación 193/2021, por la que confirmó la determinación emitida por el Juez Penal, a través de la cual aduce el inconforme "me sobreseyó mi averiguación y acordó que este sobreseimiento tendría efectos de cosa juzgada"; es inconcuso que la resolución reclamada, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que puso fin al juicio, por tanto, de conformidad con el numeral 34 de la legislación en comento, la vía para reclamar dicha determinación es el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número 1a./J. 40/2015 (10a.), en la página 459, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito.". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número P./J. 6/2015 (10a.), en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Sara Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, respecto al acto ya indicado; por consiguiente, para los efectos precisados en el propio numeral, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al que se considera competente, para que, de considerarlo así, proceda a su conocimiento, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda respecto de dicho acto reclamado, pues corresponderá hacerlo a la autoridad que se considera competente. 2. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de mérito, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a José Armando Vera Dávalos, cuya cédula profesional número 2427618, se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, por medio del cual la quejosa María Margarita Solís Méndez, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, toda vez que la promovente no exhibe las copias necesarias para la tramitación del recurso que hace valer, con apoyo en el último párrafo del artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérasele, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, presente ocho copias del escrito por el que expresa agravios, ya que se requieren nueve a fin de ser distribuidas entre las partes, de la siguiente manera: cinco para las autoridades responsables, una para la parte tercera interesada, dos para los Agentes del Ministerio Público adscritos a este Juzgado y al Tribunal Colegiado y una más que obrará en el presente expediente; con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento dentro de dicho plazo, se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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