Sara Davalos Vargas
Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Armando Vera Davalos
- SARA DAVALOS VARGAS y Otros.
- Sara Davalos Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene al Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acusando recibo del oficio 33612/2022, y su anexo, del índice de este Juzgado. Devolución al archivo. Finalmente, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, vuelvan los autos al archivo de este Juzgado. Cúmplase. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de tomos de pruebas. Devuélvanse a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un anexo en copia certificada; la averiguación penal 11/2021, en cuatro tomos, y el toca penal 193/2021, en un tomo, que obran en el presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Recepción de autos. Téngase recibido el oficio 4659/2022 signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual transcribe la determinación emitida el veintitrés de agosto del año en curso, en el juicio amparo directo 91/2022, de la que se advierte que la Superioridad en comento declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, y al efecto acompaña el juicio de amparo 993/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, el oficio 620/2022 a través del cual la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado rinde su informe justificado; original y tres copias de la aludida demanda de amparo; un anexo en copia certificada; la averiguación penal 11/2021, en cuatro tomos, y el toca penal 193/2021, en un tomo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido. Desechamiento de demanda. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como aclaratorio y sus anexos, pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: De la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en autos del toca penal número 193/2021, a través de la cual, determinó que no se actualizaba la extinción de la acción penal, reasumió jurisdicción y negó librar orden de aprehensión contra *** por los delitos de falso testimonio, simulación de pruebas y contra la fidelidad profesional. Precisado lo anterior, la suscrita estima que respecto del acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.].". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis de las constancias que integran el toca penal 193/2021, que la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado acompañó a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió la resolución ahora reclamada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 4/2022, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el 09 nueve de junio del 2022 dos mil veintidós por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo 4/2022, se deja insubsistente la resolución emitida por esta Sala el 07 siete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, en el toca 193/2021, que confirmó el sobreseimiento pronunciado el 26 veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, por el Juez Quinto del Ramo Penal, a favor de José Arturo Chávez Contreras, por los delitos de Falso Testimonio, Simulación de Pruebas y Contra la Fidelidad Profesional, dentro de la averiguación previa penal 11/2021. SEGUNDO. Resultaron inoperantes los agravios expresados por el Ministerio Público y parte ofendida. TERCERO. No se actualizó la extinción de la acción penal prevista en el artículo 181, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el estado de San Luis Potosí. CUARTO. Al no existir reenvío, esta Sala, reasumió jurisdicción y abordó el estudio del ejercicio de acción penal y la solicitud del Ministerio Público relativa a librar orden de aprehensión en contra del inculpado. QUINTO. Se NIEGA librar orden de aprehensión en contra de ***, por los delitos de Falso Testimonio, Simulación de pruebas y Contra la fidelidad profesional. SEXTO.- Envíese copia certificada de esta sentencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en cumplimiento a su ejecutoria. SÉPTIMO. Con copia certificada de la presente, devuélvase el duplicado de la averiguación al Juzgado de procedencia y en su oportunidad, archívese el Toca como asunto concluido. OCTAVO. "En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 87, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, hágase del conocimiento de las partes, que las sentencias definitivas, interlocutorias y cumplimiento de ejecutorias de amparo, en su caso, que se dicten en el presente asunto estarán a disposición del público para su consulta, a través de la difusión en la plataforma electrónica a que se refiere el numeral 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; además, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial, sensible y a los datos personales que hagan a una persona física identificada o identificable, se requiere del consentimiento de la parte que acredite ser titular de la información, lo anterior sin perjuicio de la protección que por mandato constitucional se realice de oficio. Asimismo, con fundamento en lo establecido en los artículos 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1068 del Código de Comercio y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se publicarán el nombre y apellidos completos de los interesados en los asuntos jurisdiccionales que se mandan notificar por edictos, estrados, listas, así como en la página de internet del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí" NOVENO. Notifíquese personalmente, comuníquese y cúmplase. A S I, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Señores Magistrados que integran la Quinta Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. [.]." 2. Dicha determinación, de conformidad con las razones actuariales que obran a foja 171 del aludido toca penal 193/2021, fue notificada a los ofendidos Sara Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo expuesto se advierte plenamente que los aquí quejoso fueron notificados de la determinación reclamada el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Al respecto, el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, dispone que los términos comenzaran a transcurrir al día siguiente de hecha la notificación. Por consiguiente, si la resolución reclamada se hizo del conocimiento de los aquí quejosos el veintitrés de junio del año en curso, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente en que se realizó la referida notificación, tal como lo dispone el artículo 77 del código procesal referido, por lo tanto, dicho término transcurrió del veinticuatro de junio al catorce de julio del año en curso, sin tomar en consideración los días veinticinco y veintiséis de junio, así como dos, tres, nueve y diez de julio del mismo año, por ser inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 8, que dispone: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el quince de julio del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello fechador que obra en la misma y boleta de turno respectiva; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea actos consentido tácitamente. En cuyo caso, estaba obligado a presentar su demanda dentro de los plazos establecidos para ello, pero al no haberlo hecho, deviene notoriamente extemporánea su presentación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Recepción de autos. Téngase recibido el oficio 4659/2022 signado por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, a través del cual transcribe la determinación emitida el veintitrés de agosto del año en curso, en el juicio amparo directo 91/2022, de la que se advierte que la Superioridad en comento declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, y al efecto acompaña el juicio de amparo 993/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, el oficio 620/2022 a través del cual la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado rinde su informe justificado; original y tres copias de la aludida demanda de amparo; un anexo en copia certificada; la averiguación penal 11/2021, en cuatro tomos, y el toca penal 193/2021, en un tomo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 46, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del juicio de garantías referido. Desechamiento de demanda. Ahora bien, la suscrita procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo, si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. En principio, se debe determinar con exactitud los actos reclamados, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, así como aclaratorio y sus anexos, pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: De la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en autos del toca penal número 193/2021, a través de la cual, determinó que no se actualizaba la extinción de la acción penal, reasumió jurisdicción y negó librar orden de aprehensión contra *** por los delitos de falso testimonio, simulación de pruebas y contra la fidelidad profesional. Precisado lo anterior, la suscrita estima que respecto del acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Para el análisis de dicha causa de improcedencia, es necesario transcribir los artículos citados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.].". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De una interpretación armónica de los dispositivos legales anteriormente transcritos, se desprende que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente: a) A aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Del numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se advierte que si no se presenta la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, el acto reclamado se entenderá consentido. Sentado lo anterior, debe decirse que del análisis de las constancias que integran el toca penal 193/2021, que la Magistrada Presidenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado acompañó a su informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. Con fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, emitió la resolución ahora reclamada, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 4/2022, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el 09 nueve de junio del 2022 dos mil veintidós por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, dentro del juicio de amparo directo 4/2022, se deja insubsistente la resolución emitida por esta Sala el 07 siete de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, en el toca 193/2021, que confirmó el sobreseimiento pronunciado el 26 veintiséis de agosto del 2021 dos mil veintiuno, por el Juez Quinto del Ramo Penal, a favor de José Arturo Chávez Contreras, por los delitos de Falso Testimonio, Simulación de Pruebas y Contra la Fidelidad Profesional, dentro de la averiguación previa penal 11/2021. SEGUNDO. Resultaron inoperantes los agravios expresados por el Ministerio Público y parte ofendida. TERCERO. No se actualizó la extinción de la acción penal prevista en el artículo 181, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el estado de San Luis Potosí. CUARTO. Al no existir reenvío, esta Sala, reasumió jurisdicción y abordó el estudio del ejercicio de acción penal y la solicitud del Ministerio Público relativa a librar orden de aprehensión en contra del inculpado. QUINTO. Se NIEGA librar orden de aprehensión en contra de ***, por los delitos de Falso Testimonio, Simulación de pruebas y Contra la fidelidad profesional. SEXTO.- Envíese copia certificada de esta sentencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en cumplimiento a su ejecutoria. SÉPTIMO. Con copia certificada de la presente, devuélvase el duplicado de la averiguación al Juzgado de procedencia y en su oportunidad, archívese el Toca como asunto concluido. OCTAVO. "En términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el diverso 87, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, hágase del conocimiento de las partes, que las sentencias definitivas, interlocutorias y cumplimiento de ejecutorias de amparo, en su caso, que se dicten en el presente asunto estarán a disposición del público para su consulta, a través de la difusión en la plataforma electrónica a que se refiere el numeral 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; además, para que pueda permitirse el acceso a la información confidencial, sensible y a los datos personales que hagan a una persona física identificada o identificable, se requiere del consentimiento de la parte que acredite ser titular de la información, lo anterior sin perjuicio de la protección que por mandato constitucional se realice de oficio. Asimismo, con fundamento en lo establecido en los artículos 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1068 del Código de Comercio y 121 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, se publicarán el nombre y apellidos completos de los interesados en los asuntos jurisdiccionales que se mandan notificar por edictos, estrados, listas, así como en la página de internet del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí" NOVENO. Notifíquese personalmente, comuníquese y cúmplase. A S I, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Señores Magistrados que integran la Quinta Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. [.]." 2. Dicha determinación, de conformidad con las razones actuariales que obran a foja 171 del aludido toca penal 193/2021, fue notificada a los ofendidos Sara Dávalos Vargas y José Armando Vera Dávalos, el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo expuesto se advierte plenamente que los aquí quejoso fueron notificados de la determinación reclamada el veintitrés de junio de dos mil veintidós. Al respecto, el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, dispone que los términos comenzaran a transcurrir al día siguiente de hecha la notificación. Por consiguiente, si la resolución reclamada se hizo del conocimiento de los aquí quejosos el veintitrés de junio del año en curso, ergo, el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo comenzó a computarse el día siguiente en que se realizó la referida notificación, tal como lo dispone el artículo 77 del código procesal referido, por lo tanto, dicho término transcurrió del veinticuatro de junio al catorce de julio del año en curso, sin tomar en consideración los días veinticinco y veintiséis de junio, así como dos, tres, nueve y diez de julio del mismo año, por ser inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 8, que dispone: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el quince de julio del dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, según sello fechador que obra en la misma y boleta de turno respectiva; es claro que transcurrió el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto que reclama sea actos consentido tácitamente. En cuyo caso, estaba obligado a presentar su demanda dentro de los plazos establecidos para ello, pero al no haberlo hecho, deviene notoriamente extemporánea su presentación. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Sara Carlota Velez Trejo273/2020
- Sara Cristina Flores J.848/2018
- Sara Davalos Vargas413/2018
- Sara Davalos Vargas729/2018
- Sara Davalos Vargas872/2018
- Sara Davalos Vargas238/2017
- Sara Davalos Vargas1151/2022
- Sara Davalos Vargas420/2019
- Sara Davalos Vargas1312/2021
- Sara Davalos Vargas1298/2019
- Sara Elena Miranda López1644/2023
- Sara Espericueta Aranda85/2022