Sara Davalos Vargas

Expediente 420/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
420/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Sara Davalos Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la resolución de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, pronunciado por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 182/2019. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la resolución del recurso de queja que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO. Es Infundado el recurso de queja que se trata SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido.". Sin que haya lugar a ordenar la digitalización del testimonio de la resolución pronunciada por el referido tribunal colegiado, toda vez que la misma obra en el expediente electrónico del recurso de queja de mérito; lo anterior de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en esta ciudad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de diez de mayo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo y al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo, el cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por la parte quejosa que por sus características deba ser devuelto. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al auto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 182/2019, del que se advierte se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signado por Jorge Armando Vera Dávalos, autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con cuatro copias que acompaña, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión el promovente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 de la ley en mención, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, copia certificada de las constancias que integran el expediente en que se actúa. Finalmente, mediante atento oficio que al efecto se gire a la superioridad en comento, envíese el escrito original del recurso interpuesto y copia de éste para el agente del ministerio público de la federación de su adscripción e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Sara Dávalos Vargas, y su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Jorge Armando Vera Dávalos, en atención a su contenido, téngase a la quejosa por dando cumplimiento a la prevención formulada por este Juzgado el treinta de abril de dos mil diecinueve. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y escrito aclaratorio, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y aclaratorio de la misma, ponen de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen 1464/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, a través del cual, en atención a la petición formulada por la aquí inconforme, el Juez responsable señaló que ".NO HA LUGAR A FIJAR FECHA Y HORA para la celebración de la inspección que refiere en virtud, que deberá estarse a la inspección de fecha veintinueve de marzo en la cual el C. Jerónimo Blanco quien reiteró ostentar la posesión del inmueble materia del Juicio manifestando que NO ES SU DESEO permitirle el ingreso al mismo."; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, como se adelantó, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama el acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen 1464/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad, a través del cual, en atención a la petición formulada por la aquí inconforme, el Juez responsable señaló que ".NO HA LUGAR A FIJAR FECHA Y HORA para la celebración de la inspección que refiere en virtud, que deberá estarse a la inspección de fecha veintinueve de marzo en la cual el C. Jerónimo Blanco quien reiteró ostentar la posesión del inmueble materia del Juicio manifestando que NO ES SU DESEO permitirle el ingreso al mismo."; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la autoridad responsable, en atención a la petición formulada por la aquí inconforme, el Juez responsable señaló que ".NO HA LUGAR A FIJAR FECHA Y HORA para la celebración de la inspección que refiere en virtud, que deberá estarse a la inspección de fecha veintinueve de marzo en la cual el C. Jerónimo Blanco quien reiteró ostentar la posesión del inmueble materia del Juicio manifestando que NO ES SU DESEO permitirle el ingreso al mismo.", es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, a saber, se trata de una negativa a lo solicitado y, por ende, su consecuencia jurídica y material es la continuación del procedimiento de origen, sin que se señale nueva fecha y hora a efecto de desahogar la prueba de inspección ocular ofertada por la actora, lo que implica seguir el trámite hasta el dictado de la sentencia respectiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la jurisprudencia con registro 394363, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 273, que dispone: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa

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