Sara Abigail Saenz Arceo
Expediente 972/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sara Abigail Saenz Arceo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa SARA ABIGAIL SÁENZ ARCEO, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas de las constancias que solicita y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, cuando las labores de este Juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo anterior, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo.
- Principal
MESSA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Jurídico de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, en representación del Jefe del Departamento Comercial de la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular, Jefe de la Oficina de Medición y Servicio, y Superintentente, todos de la Zona de Distribución Mérida Poniente de la Comisión Federal de Electricidad; por tanto téngasele compareciendo con el carácter que ostenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad a las personas que autoriza expresamente en su informe de cuenta y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que hace alusión en el mismo. Con fundamento en el artículo 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la autoridad responsable en el informe de mérito, consistentes en el aviso de orden de verificación Z.MER.MED.ESM7/2207 2017 y constancia de verificación Z.MER.MED.ESM7 025 2017; y por ofrecidas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se estima pertinente traer a colación que el acto que la quejosa reclamó al Jefe del Departamento Comercial de la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular, Jefe de la Oficina de Medición y Servicio, y Superintentente, todos de la Zona de Distribución Mérida Poniente de la Comisión Federal de Electricidad, en su demanda de amparo, en lo medular, es la suspensión o interrupción del servicio de energía eléctrica en el predio sito en la calle ochenta y nueve, número quinientos catorce, entre las calles sesenta y dos y sesenta y dos "A", del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, derivado de la orden de verificación Z.MER.MED.ESM7/2207 2017, de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, y sus consecuencias legales. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 73.- El Congreso tiene facultad. . XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. ." De los numerales transcritos se desprende, que el juicio de amparo no es procedente cuando la causal de improcedencia se desprenda de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, el numeral 73 de la Ley Fundamental confiere al Congreso de la Unión la facultad de expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y con ello la existencia de un Tribunal encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, el cual, será competente para imponer las sanciones a los servidores público por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados a dichas responsabilidades. En ese sentido, dicho Tribunal tendrá entre sus facultades fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos de la federación. Así de los numerales preinsertos se desprende, que el Constituyente previó la existencia de un organismo especializado en controversias que se originen entre la administración pública federal y los particulares. De ahí que, se infiere que el acto que la quejosa reclama, sin duda, se ubican en el supuesto señalado. Por tanto, no es el juicio de amparo indirecto la vía para impugnarlos, en virtud de que derivan de actos de naturaleza administrativa ordenados por autoridades pertenecientes a la administración pública federal. En ese sentido, este Juzgador considera que tanto la orden de verificación, su diligenciación, el acta correspondiente, que le dio origen, y el corte del suministro de energía eléctrica, son actos que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, realiza unilateralmente en su carácter de entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, en un plano de supra a subordinación, en aplicación de disposiciones normativas de carácter administrativo y sin necesidad de que intervenga en ellos alguna otra autoridad, por lo que deben considerarse estrictamente de índole administrativa, debiendo ser impugnados a través del recurso de revisión en esa materia o bien, del juicio de nulidad. Se dice lo anterior, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de octubre de dos mil quince, el conflicto competencial 147/2015, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "Bajo ese contexto, es conveniente traer a colación nuevamente que el quejoso Félix Ramírez Ochoa se duele básicamente de la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica, del que fue objeto el dieciocho de mayo de dos mil quince, al considerar que tal actuación de la responsable es ilegal. Ahora bien, cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos amparos en revisión en sesión celebrada el veintisiete de agosto de dos mil catorce, por mayoría de tres votos, sustentó el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CVII/2014 (10a.) de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.", en el que se determinó que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Posteriormente, de una nueva reflexión, en sesión de trece de mayo de dos mil quince, se interrumpió dicho criterio para establecer que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, derivando en la tesis aislada número 2a.XLII/2015 (10a.) que a continuación su rubro se lee: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]." Sin embargo, se considera que tal criterio no es aplicable al caso, toda vez que éste derivó del amparo directo en revisión 4729/2014, resuelto por esta Segunda Sala, en sesión de trece de mayo de dos mil quince, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, asunto en el cual, el acto reclamado fue la nulidad de la resolución negativa ficta, atribuida al Titular de la Superintendencia Zona Toluca, dependiente de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada por concepto de demanda facturable, de lo que resulta patente que el acto reclamado en el presente asunto, es diverso al antes citado, por lo que no tiene la misma naturaleza. En efecto, la suspensión del suministro de energía eléctrica de que se duele el quejoso, tiene como fundamento los artículos 14, 16 y 27, párrafo VI, de la Constitución General de la República; 1, 2, 3, 4, 7 y 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía. Ahora bien, para el tema que nos ocupa, es importante señalar que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que impugna la quejosa en su demanda de amparo, dispone lo que sigue: (Se transcribe). De lo anterior, se advierte que el artículo en mención regula la suspensión del servicio de energía eléctrica, el cual faculta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar el corte inmediato del servicio de energía eléctrica, cuando se desprenda que alguno de los usuarios está en los casos de las fracciones II, V y VI; y, asimismo a dar aviso previo, cuando se den los supuestos de las fracciones I, III y IV. En esa guisa, si la suspensión del suministro de energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del Superintendente General de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Oriente, Zona Veracruz, se fundó en los numerales 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 35 del Reglamento de la ley en cita, es inconcuso que los actos reclamados en el juicio de amparo, como es el corte de suministro de energía eléctrica, son actos de naturaleza administrativa; por tanto, la competencia para conocer del recurso de revisión de que se trata, debe recaer en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito." A su vez, la propia Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil quince, el diverso conflicto competencial 169/2015, consideró, en lo conducente, lo siguiente: "Al respecto, es importante mencionar que por acto administrativo debe entenderse toda aquella actuación voluntaria, unilateral y concreta, realizada por un órgano de la administración pública, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos. En ese sentido, también es dable tener presente que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica , en su capítulo V, prevé los supuestos a través de los cuales la Comisión Federal de Electricidad puede suspender el suministro de energía eléctrica, los cuales se encuentran específicamente establecidos en su artículo 26, al tenor de lo siguiente: (Lo transcribe). Del anterior precepto se advierte que el corte o suspensión del servicio de energía eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, en cualquiera de los supuestos previstos en la ley, procede de inmediato, sin que para ello se requiera la intervención de alguna otra autoridad que no sea la propia comisión. Pues bien, derivado de lo anterior, esto es, de lo señalado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada y partiendo de lo que se entiende por acto administrativo, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en el juicio de amparo materia del recurso de revisión motivo de este conflicto competencial, esto es, el corte del servicio de energía eléctrica con motivo del aviso recibo que le fue entregado al quejoso, según su dicho, el treinta de septiembre de dos mil catorce, es de naturaleza eminentemente administrativa. Ello, toda vez que dicho corte constituye una determinación unilateral emitida por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del usuario; además, de que no requiere de la intervención de alguna autoridad para llevarlo a cabo. Es decir, si en el caso que nos ocupa, a una autoridad dependiente de la Comisión Federal de Electricidad se le reclama la orden de corte del suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo, la cual emite en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del quejoso, sin que para ello se requiera la intervención de autoridad alguna; luego, es claro que la naturaleza de tal acto es formal y materialmente administrativo. Lo anterior, no obstante que la relación existente entre los particulares y la referida Comisión derive de un contrato de adhesión, pues al ordenar el citado organismo el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, por cualesquiera de las causas establecidas en el transcrito artículo 26, emite un acto unilateral a través del cual ejerce las facultades que legalmente tiene encomendadas, lo que revela que el acto reclamado en el juicio de origen se trata de uno de naturaleza administrativa. Aunado a lo anterior, la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad también es administrativa, ello de conformidad con el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad , que establece que se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese orden de ideas, si como se evidenció, tanto la naturaleza del acto reclamado como de la autoridad responsable son administrativas; luego, no queda más que concluir que el tribunal competente para conocer del recurso de revisión materia de este conflicto competencial, es un tribunal especializado en dicha materia. Sin que pase inadvertido que en relación con la interpretación legal y la naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, recientemente esta Segunda Sala, por mayoría de votos , resolvió el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis aislada de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]" , en la que se determinó -en lo que interesa- que, cuando el quejoso reclama la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, la vía idónea para hacer valer sus derechos y plantear su reclamo lo es la vía ordinaria mercantil. Ello, pues tal criterio solo es aplicable para aquellos casos en los que la controversia derive, en particular, de la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero no así, como ocurre en la especie, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo de origen lo constituya una orden de corte de suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, pues en ese supuesto, al tratarse de un acto de naturaleza administrativa, la mencionada tesis no resulta exactamente aplicable." Lo que precede evidencia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), no es aplicable en las controversias derivadas de una orden de corte de suministro, pues dicho criterio derivó del amparo directo en revisión 4729/2014, asunto en el cual, el acto reclamado fue la nulidad de la resolución negativa ficta, respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada por concepto de demanda facturable y que en tratándose de la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica, al fundarse en el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (abrogado), era un acto de naturaleza administrativa. Asimismo, se destaca que en las ejecutorias parcialmente transcritas se citó, como apoyo de sus respectivas consideraciones, la multireferida tesis 2a. XLII/2015 (10a.), a partir de lo cual se ilustra que la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró su criterio en torno a que no todos los actos emanados en el marco del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son de naturaleza comercial, sino sólo aquéllos que se refieran a la negativa de la Comisión Federal de Electricidad a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, que es el supuesto concreto que dio lugar a la emisión del aludido criterio. En ese tenor, la indicada tesis 2a. XLII/2015 (10a.) no interrumpió la diversa 2a. CVI/2014 (10a), sino únicamente la 2a. CVII/2014 (10a.), pues así se desprende del contenido de aquél criterio; razón por la cual, aquella tesis no impide la aplicación de la número 2a. CVI/2014 (10a.), que, a su vez, interrumpió la Jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.) de acuerdo con la cual, contra los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en exclusiva, procede el recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. La tesis 2a. CVI/2014 (10a) está publicada en la página 1093, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." Adicionalmente debe indicarse que si bien es cierto que, acorde a la invocada tesis 2a. XLII/2015, se ha definido al contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad como de naturaleza eminentemente mercantil, no menos lo es que esa circunstancia no veda la posibilidad de que dicha entidad, en el desempeño de sus funciones, despliegue actos y/o emita determinaciones de índole administrativa; por ende, a fin de establecer la naturaleza de un acto y/o resolución específica, debe atenderse a su génesis, lo que implica analizar el contexto en el que se suscitó y su fundamento, entre otros aspectos. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que se comparte, publicada el diez de junio de dos mil dieciséis, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUARIOS, COMO LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MERCANTIL, NO IMPLICA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRATO DEBAN TENER LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE AUTORIDAD, Y QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la interpretación de la tesis citada y de las ejecutorias de los conflictos competenciales 149/2015, 169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que si bien el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello no implica que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturaleza y, por tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a los estudios realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencie una relación de coordinación entre particulares; supuesto en que no será un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama a la Comisión referida la devolución de cantidades pagadas indebidamente con motivo del servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto corresponda a uno de naturaleza administrativa, como acontece tratándose del procedimiento de visita de verificación a los medidores instalados en los inmuebles de los usuarios, incluido el corte realizado derivado de ese procedimiento, así como la orden de suspensión de ese servicio contenida en el aviso recibo o su ejecución, entre otros; actos respecto de los cuales el juzgador deberá determinar si el impugnado en el juicio de amparo puede considerarse o no como proveniente de una autoridad para los efectos de ese juicio, y pronunciarse sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origine el desechamiento de la demanda, cuando se reclaman actos de naturaleza administrativa, porque en este supuesto, la tesis mencionada no resulta exactamente aplicable." Sin que el anterior criterio vulnere el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que refiere que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; ya que el criterio invocado solo resulta orientador a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación para determinar la calidad de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad. En ese orden, es preciso recordar que el acto impugnado que dio origen al juicio que se intenta, consistente en la suspensión, interrrupción y/o corte del suministro de energía eléctrica, ejecutada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, respecto del predio número quinientos catorce, de la calle ochenta y nueve, entre sesenta y dos y sesenta y dos "A", de la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con número de servicio 771 130 605 229; lo cual se corrobora con la orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017 y la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, derivada de dicha orden, que remitió la autoridad responsable a su informe de ley y, finalmente, todas las consecuencias derivadas del procedimiento administrativo de origen, por haberse detectado irregularidades en el consumo de energía eléctrica en el predio que la quejosa aduce es de su propiedad; por lo que la referida Comisión determinó que en el inmueble verificado existe alteración o impedimento de la función normal del equipo de medición, esto es, carga conectada antes de la medición (UI04), pues se encontró la existencia de cables conductor en única fase que deriva toda la energía que CFE suministra al servicio, impidiendo que dicha energía sea registrada por el medidor que CFE instala para ello, razón por la cual se efectuó el acta de verificación correspondiente y se procede al corte del servicio de poste que se reclama, al actualizarse el supuesto del inciso B de la fracción VI, del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece una sanción hasta de tres veces el importe de la energía consumida a partir de la fecha de la infracción. Por tanto, si la orden de verificación, su diligenciación, acta correspondiente emitidas por la Comisión Federal de Electricidad, y sus consecuencias, en su caso la suspensión del suministro de energía eléctrica, se fundó en los artículos 113 de la Ley de la Industria Eléctrica; el diverso 53 Bis, fracción II, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad; y el cobro de la cantidad determinada en dicho ajuste, así como el apercibimiento de corte en caso de no realizarse el pago respectivo, encuentran su fundamento en los artículos 165, fracción VI, inciso b, y 41, fracción VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, es inconcuso, que los actos impugnados en el presente juicio son de naturaleza administrativa, mismos que no pueden ser controvertidos y estudiados en el juicio de amparo. De lo que se colige que la orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017 y la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, motivada por la misma y el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, obedece a actos realizados, motu proprio, por la Comisión responsable al haber detectado las anomalías indicadas, esto es, los actos tildados de inconstitucionales por el quejoso derivaron de la aplicación de disposiciones de carácter administrativo por la citada entidad actuando de forma unilateral con base en disposiciones legales, lo que hace patente que la orden de verificación y actas combatidos se tratan de actos administrativos y por tanto, no pueden ser resueltos a través del juicio constitucional. Además, no pasa desapercibido para este Juzgador Federal, que con motivo de la expedición de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dicho ente dejó de ser un organismo público descentralizado para quedar constituido como una Empresa Productiva del Estado, propiedad del Gobierno Federal ; a partir de lo cual, pudiera considerarse que se trata de un organismo de derecho privado y que por ello, los actos que realiza son de esa naturaleza. Sin embargo, mediante publicación realizada el quince de agosto de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se determinó lo siguiente: "CONSIDERANDO Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales prevé en su artículo 12 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación, la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal; Que a efecto de reflejar en la presente Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal las categorías que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud otorgan a diversas entidades paraestatales, en virtud de su objeto y marco jurídico específicos, se incluyen los apartados correspondientes a las instituciones nacionales de seguros, a las sociedades nacionales de crédito consideradas instituciones de banca de desarrollo, a los centros públicos de investigación, y a los institutos nacionales de salud, y Que los efectos de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal son declarativos y no constitutivos, por lo que la enumeración y categorización de las mismas en este instrumento únicamente obedece a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables a cada entidad; se emite la siguiente: RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A. ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL I. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS . IV. EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 184. Comisión Federal de Electricidad ." De acuerdo con la publicación anterior, se pone de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad, aun en su calidad de empresa productiva del Estado, constituye una Entidad Paraestatal que forma parte de la Administración Pública Federal; por tanto, este Juzgador está obligado a tomar en consideración tal publicación en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo; y con lo que pone de relieve que la nombrada Comisión, sigue formando parte de la Administración Pública Federal y no se trata de un organismo de derecho privado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el siguiente rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." En ese orden, cabe precisar que nuestro sistema de derecho admite la posibilidad de que ciertos actos -no todos- desplegados por particulares se asemejen a los de un ente público, al estar su actuar -en el caso específico- circunscrito en una norma de carácter general, supuesto en el cual se equipara al de una autoridad, lo que determina la posibilidad de que esos actos sean susceptibles de escrutinio a través de los medios ordinarios y/o extraordinarios reservados para los de las autoridades, entre éstos el juicio de nulidad. Aunado a que si bien en el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica, se prevé la libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica y el artículo 5° señala que en lo no previsto por la propia ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, dicho régimen no se ha materializado, es decir, no existen en la actualidad prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica diversos a la Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio ordenamiento "Durante el período de "reestructura de la industria eléctrica, la "Comisión Federal de Electricidad y el "Centro Nacional de Control de Energía "(CENACE), según corresponda, "continuarán prestando los servicios de "generación, transmisión, distribución, "comercialización y Control Operativo del "Sistema Eléctrico Nacional con la "finalidad de mantener la Continuidad del "Suministro Eléctrico"; por lo que subsiste la situación consistente en que únicamente la Comisión Federal de Electricidad presta el servicio de suministro de energía eléctrica. Bajo ese contexto, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, que estén relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste aún presta en exclusiva ese servicio, pues, se reitera, no se ha materializado el régimen de libre competencia. De tal manera, que al ser la Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva por medio de la cual el estado presta un servicio de manera exclusiva, a través de un contrato que los particulares sólo puedan celebrar con él, y si derivado de éste emite decisiones o resoluciones de manera unilateral, procede su reclamo en la vía administrativa, mediante el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción XII, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Consecuentemente, se concluye que los actos desplegados por la Comisión Federal de Electricidad, tildados de inconstitucionales por la promovente, fueron realizados en ejercicio directo de las atribuciones que le confieren la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, de forma unilateral y revestidos de imperio y obligatoriedad, actualizándose, la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obsta a lo anterior que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo haga referencia a los organismos descentralizados, pues la ratio legis de ese precepto es que en contra de los actos emitidos por el Estado en relación con los servicios que preste de manera exclusiva y a los contratos sólo puedan celebrarse con el mismo, los particulares tengan un medio de defensa, por lo que es aplicable aun cuando la Comisión Federal de Electricidad no tenga la naturaleza de un organismo descentralizado. Máxime que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que dicha ley es aplicable a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, sin especificar a través de qué tipo de organismo o entidad lo haga, y ya se vio que la Comisión Federal de Electricidad es un empresa productiva del Estado, que forma parte de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. De modo que si en la especie se reclama la suspensión, interrrupción y/o corte del suministro de energía eléctrica, ejecutada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, respecto del predio número quinientos catorce, de la calle ochenta y nueve, entre sesenta y dos y sesenta y dos "A", de la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con número de servicio 771 130 605 229, que deriva del aviso previo de orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017, su ejecución material, así como la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, derivada de dicha orden, tal y como se advierte de las constancias que adjuntó la responsable a su informe con justificación de mérito, producto de la actividad a la que la legislación administrativa correspondiente faculta a la Comisión responsable realizar, de forma unilateral y en un plano de supra-subordinación, es evidente que éstos son de naturaleza administrativa, siendo esa la vía procedente para reclamarlos. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes aludida, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, y en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
- Principal
MESSA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Jefe del Departamento Jurídico de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, en representación del Jefe del Departamento Comercial de la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular, Jefe de la Oficina de Medición y Servicio, y Superintentente, todos de la Zona de Distribución Mérida Poniente de la Comisión Federal de Electricidad; por tanto téngasele compareciendo con el carácter que ostenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad a las personas que autoriza expresamente en su informe de cuenta y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que hace alusión en el mismo. Con fundamento en el artículo 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas documentales que adjuntó la autoridad responsable en el informe de mérito, consistentes en el aviso de orden de verificación Z.MER.MED.ESM7/2207 2017 y constancia de verificación Z.MER.MED.ESM7 025 2017; y por ofrecidas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento procesal oportuno. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se estima pertinente traer a colación que el acto que la quejosa reclamó al Jefe del Departamento Comercial de la Gerencia Divisional de Distribución Peninsular, Jefe de la Oficina de Medición y Servicio, y Superintentente, todos de la Zona de Distribución Mérida Poniente de la Comisión Federal de Electricidad, en su demanda de amparo, en lo medular, es la suspensión o interrupción del servicio de energía eléctrica en el predio sito en la calle ochenta y nueve, número quinientos catorce, entre las calles sesenta y dos y sesenta y dos "A", del centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, derivado de la orden de verificación Z.MER.MED.ESM7/2207 2017, de veinticinco de julio de dos mil diecisiete, y sus consecuencias legales. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal. Los numerales en cita señalan lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 73.- El Congreso tiene facultad. . XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. ." De los numerales transcritos se desprende, que el juicio de amparo no es procedente cuando la causal de improcedencia se desprenda de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, el numeral 73 de la Ley Fundamental confiere al Congreso de la Unión la facultad de expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y con ello la existencia de un Tribunal encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, el cual, será competente para imponer las sanciones a los servidores público por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados a dichas responsabilidades. En ese sentido, dicho Tribunal tendrá entre sus facultades fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos de la federación. Así de los numerales preinsertos se desprende, que el Constituyente previó la existencia de un organismo especializado en controversias que se originen entre la administración pública federal y los particulares. De ahí que, se infiere que el acto que la quejosa reclama, sin duda, se ubican en el supuesto señalado. Por tanto, no es el juicio de amparo indirecto la vía para impugnarlos, en virtud de que derivan de actos de naturaleza administrativa ordenados por autoridades pertenecientes a la administración pública federal. En ese sentido, este Juzgador considera que tanto la orden de verificación, su diligenciación, el acta correspondiente, que le dio origen, y el corte del suministro de energía eléctrica, son actos que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, realiza unilateralmente en su carácter de entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, en un plano de supra a subordinación, en aplicación de disposiciones normativas de carácter administrativo y sin necesidad de que intervenga en ellos alguna otra autoridad, por lo que deben considerarse estrictamente de índole administrativa, debiendo ser impugnados a través del recurso de revisión en esa materia o bien, del juicio de nulidad. Se dice lo anterior, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de octubre de dos mil quince, el conflicto competencial 147/2015, en lo que interesa, determinó lo siguiente: "Bajo ese contexto, es conveniente traer a colación nuevamente que el quejoso Félix Ramírez Ochoa se duele básicamente de la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica, del que fue objeto el dieciocho de mayo de dos mil quince, al considerar que tal actuación de la responsable es ilegal. Ahora bien, cabe mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos amparos en revisión en sesión celebrada el veintisiete de agosto de dos mil catorce, por mayoría de tres votos, sustentó el criterio contenido en la tesis aislada 2a. CVII/2014 (10a.) de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.", en el que se determinó que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Posteriormente, de una nueva reflexión, en sesión de trece de mayo de dos mil quince, se interrumpió dicho criterio para establecer que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial, por lo que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, derivando en la tesis aislada número 2a.XLII/2015 (10a.) que a continuación su rubro se lee: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]." Sin embargo, se considera que tal criterio no es aplicable al caso, toda vez que éste derivó del amparo directo en revisión 4729/2014, resuelto por esta Segunda Sala, en sesión de trece de mayo de dos mil quince, por mayoría de tres votos de los señores Ministros Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, asunto en el cual, el acto reclamado fue la nulidad de la resolución negativa ficta, atribuida al Titular de la Superintendencia Zona Toluca, dependiente de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur de la Comisión Federal de Electricidad, respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada por concepto de demanda facturable, de lo que resulta patente que el acto reclamado en el presente asunto, es diverso al antes citado, por lo que no tiene la misma naturaleza. En efecto, la suspensión del suministro de energía eléctrica de que se duele el quejoso, tiene como fundamento los artículos 14, 16 y 27, párrafo VI, de la Constitución General de la República; 1, 2, 3, 4, 7 y 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía. Ahora bien, para el tema que nos ocupa, es importante señalar que el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que impugna la quejosa en su demanda de amparo, dispone lo que sigue: (Se transcribe). De lo anterior, se advierte que el artículo en mención regula la suspensión del servicio de energía eléctrica, el cual faculta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar el corte inmediato del servicio de energía eléctrica, cuando se desprenda que alguno de los usuarios está en los casos de las fracciones II, V y VI; y, asimismo a dar aviso previo, cuando se den los supuestos de las fracciones I, III y IV. En esa guisa, si la suspensión del suministro de energía eléctrica que realizó la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del Superintendente General de la Comisión Federal de Electricidad, División de Distribución Oriente, Zona Veracruz, se fundó en los numerales 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 35 del Reglamento de la ley en cita, es inconcuso que los actos reclamados en el juicio de amparo, como es el corte de suministro de energía eléctrica, son actos de naturaleza administrativa; por tanto, la competencia para conocer del recurso de revisión de que se trata, debe recaer en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito." A su vez, la propia Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el dieciocho de noviembre de dos mil quince, el diverso conflicto competencial 169/2015, consideró, en lo conducente, lo siguiente: "Al respecto, es importante mencionar que por acto administrativo debe entenderse toda aquella actuación voluntaria, unilateral y concreta, realizada por un órgano de la administración pública, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos. En ese sentido, también es dable tener presente que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica , en su capítulo V, prevé los supuestos a través de los cuales la Comisión Federal de Electricidad puede suspender el suministro de energía eléctrica, los cuales se encuentran específicamente establecidos en su artículo 26, al tenor de lo siguiente: (Lo transcribe). Del anterior precepto se advierte que el corte o suspensión del servicio de energía eléctrico que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, en cualquiera de los supuestos previstos en la ley, procede de inmediato, sin que para ello se requiera la intervención de alguna otra autoridad que no sea la propia comisión. Pues bien, derivado de lo anterior, esto es, de lo señalado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada y partiendo de lo que se entiende por acto administrativo, se arriba a la convicción de que el acto reclamado en el juicio de amparo materia del recurso de revisión motivo de este conflicto competencial, esto es, el corte del servicio de energía eléctrica con motivo del aviso recibo que le fue entregado al quejoso, según su dicho, el treinta de septiembre de dos mil catorce, es de naturaleza eminentemente administrativa. Ello, toda vez que dicho corte constituye una determinación unilateral emitida por la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del usuario; además, de que no requiere de la intervención de alguna autoridad para llevarlo a cabo. Es decir, si en el caso que nos ocupa, a una autoridad dependiente de la Comisión Federal de Electricidad se le reclama la orden de corte del suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo, la cual emite en su carácter de órgano de la administración pública y en ejercicio de su competencia administrativa, con efectos jurídicos directos e inmediatos en detrimento de la esfera jurídica del quejoso, sin que para ello se requiera la intervención de autoridad alguna; luego, es claro que la naturaleza de tal acto es formal y materialmente administrativo. Lo anterior, no obstante que la relación existente entre los particulares y la referida Comisión derive de un contrato de adhesión, pues al ordenar el citado organismo el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, por cualesquiera de las causas establecidas en el transcrito artículo 26, emite un acto unilateral a través del cual ejerce las facultades que legalmente tiene encomendadas, lo que revela que el acto reclamado en el juicio de origen se trata de uno de naturaleza administrativa. Aunado a lo anterior, la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad también es administrativa, ello de conformidad con el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad , que establece que se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese orden de ideas, si como se evidenció, tanto la naturaleza del acto reclamado como de la autoridad responsable son administrativas; luego, no queda más que concluir que el tribunal competente para conocer del recurso de revisión materia de este conflicto competencial, es un tribunal especializado en dicha materia. Sin que pase inadvertido que en relación con la interpretación legal y la naturaleza de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, recientemente esta Segunda Sala, por mayoría de votos , resolvió el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis aislada de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]" , en la que se determinó -en lo que interesa- que, cuando el quejoso reclama la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, la vía idónea para hacer valer sus derechos y plantear su reclamo lo es la vía ordinaria mercantil. Ello, pues tal criterio solo es aplicable para aquellos casos en los que la controversia derive, en particular, de la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad, pero no así, como ocurre en la especie, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo de origen lo constituya una orden de corte de suministro de energía eléctrica contenida en un aviso recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, pues en ese supuesto, al tratarse de un acto de naturaleza administrativa, la mencionada tesis no resulta exactamente aplicable." Lo que precede evidencia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), no es aplicable en las controversias derivadas de una orden de corte de suministro, pues dicho criterio derivó del amparo directo en revisión 4729/2014, asunto en el cual, el acto reclamado fue la nulidad de la resolución negativa ficta, respecto de la solicitud de devolución de una cantidad pagada por concepto de demanda facturable y que en tratándose de la orden de suspensión del servicio de energía eléctrica, al fundarse en el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (abrogado), era un acto de naturaleza administrativa. Asimismo, se destaca que en las ejecutorias parcialmente transcritas se citó, como apoyo de sus respectivas consideraciones, la multireferida tesis 2a. XLII/2015 (10a.), a partir de lo cual se ilustra que la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró su criterio en torno a que no todos los actos emanados en el marco del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son de naturaleza comercial, sino sólo aquéllos que se refieran a la negativa de la Comisión Federal de Electricidad a devolver cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, que es el supuesto concreto que dio lugar a la emisión del aludido criterio. En ese tenor, la indicada tesis 2a. XLII/2015 (10a.) no interrumpió la diversa 2a. CVI/2014 (10a), sino únicamente la 2a. CVII/2014 (10a.), pues así se desprende del contenido de aquél criterio; razón por la cual, aquella tesis no impide la aplicación de la número 2a. CVI/2014 (10a.), que, a su vez, interrumpió la Jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.) de acuerdo con la cual, contra los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica que otorga en exclusiva, procede el recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. La tesis 2a. CVI/2014 (10a) está publicada en la página 1093, Libro 11, octubre de dos mil catorce, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." Adicionalmente debe indicarse que si bien es cierto que, acorde a la invocada tesis 2a. XLII/2015, se ha definido al contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad como de naturaleza eminentemente mercantil, no menos lo es que esa circunstancia no veda la posibilidad de que dicha entidad, en el desempeño de sus funciones, despliegue actos y/o emita determinaciones de índole administrativa; por ende, a fin de establecer la naturaleza de un acto y/o resolución específica, debe atenderse a su génesis, lo que implica analizar el contexto en el que se suscitó y su fundamento, entre otros aspectos. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, que se comparte, publicada el diez de junio de dos mil dieciséis, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE CONFORME A LA TESIS 2a. XLII/2015 (10a.), DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TANTO LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADOS POR AQUÉLLA CON LOS USUARIOS, COMO LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES INDEBIDAMENTE PAGADAS CON MOTIVO DE ESE SUMINISTRO TIENEN NATURALEZA MERCANTIL, NO IMPLICA QUE LOS DEMÁS ACTOS DERIVADOS DE ESE CONTRATO DEBAN TENER LA MISMA NATURALEZA, Y SEAN AJENOS A UN ACTO DE AUTORIDAD, Y QUE POR ELLO SE ACTUALICE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. De la interpretación de la tesis citada y de las ejecutorias de los conflictos competenciales 149/2015, 169/2015, 208/2015, 219/2015 y 221/2015, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que si bien el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado por la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios, es de naturaleza comercial o mercantil, ello no implica que los demás actos que se atribuyan a funcionarios de esa empresa productiva del Estado, necesariamente deban tener la misma naturaleza y, por tanto, sean ajenos a un acto de autoridad, toda vez que acorde a los estudios realizados por el Máximo Tribunal invocados, lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencie una relación de coordinación entre particulares; supuesto en que no será un acto de autoridad, como sucede cuando el usuario reclama a la Comisión referida la devolución de cantidades pagadas indebidamente con motivo del servicio eléctrico contratado, o en caso distinto, el acto corresponda a uno de naturaleza administrativa, como acontece tratándose del procedimiento de visita de verificación a los medidores instalados en los inmuebles de los usuarios, incluido el corte realizado derivado de ese procedimiento, así como la orden de suspensión de ese servicio contenida en el aviso recibo o su ejecución, entre otros; actos respecto de los cuales el juzgador deberá determinar si el impugnado en el juicio de amparo puede considerarse o no como proveniente de una autoridad para los efectos de ese juicio, y pronunciarse sobre su eventual procedencia; por tal razón, no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origine el desechamiento de la demanda, cuando se reclaman actos de naturaleza administrativa, porque en este supuesto, la tesis mencionada no resulta exactamente aplicable." Sin que el anterior criterio vulnere el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que refiere que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; ya que el criterio invocado solo resulta orientador a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación para determinar la calidad de los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad. En ese orden, es preciso recordar que el acto impugnado que dio origen al juicio que se intenta, consistente en la suspensión, interrrupción y/o corte del suministro de energía eléctrica, ejecutada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, respecto del predio número quinientos catorce, de la calle ochenta y nueve, entre sesenta y dos y sesenta y dos "A", de la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con número de servicio 771 130 605 229; lo cual se corrobora con la orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017 y la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, derivada de dicha orden, que remitió la autoridad responsable a su informe de ley y, finalmente, todas las consecuencias derivadas del procedimiento administrativo de origen, por haberse detectado irregularidades en el consumo de energía eléctrica en el predio que la quejosa aduce es de su propiedad; por lo que la referida Comisión determinó que en el inmueble verificado existe alteración o impedimento de la función normal del equipo de medición, esto es, carga conectada antes de la medición (UI04), pues se encontró la existencia de cables conductor en única fase que deriva toda la energía que CFE suministra al servicio, impidiendo que dicha energía sea registrada por el medidor que CFE instala para ello, razón por la cual se efectuó el acta de verificación correspondiente y se procede al corte del servicio de poste que se reclama, al actualizarse el supuesto del inciso B de la fracción VI, del artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece una sanción hasta de tres veces el importe de la energía consumida a partir de la fecha de la infracción. Por tanto, si la orden de verificación, su diligenciación, acta correspondiente emitidas por la Comisión Federal de Electricidad, y sus consecuencias, en su caso la suspensión del suministro de energía eléctrica, se fundó en los artículos 113 de la Ley de la Industria Eléctrica; el diverso 53 Bis, fracción II, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad; y el cobro de la cantidad determinada en dicho ajuste, así como el apercibimiento de corte en caso de no realizarse el pago respectivo, encuentran su fundamento en los artículos 165, fracción VI, inciso b, y 41, fracción VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, es inconcuso, que los actos impugnados en el presente juicio son de naturaleza administrativa, mismos que no pueden ser controvertidos y estudiados en el juicio de amparo. De lo que se colige que la orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017 y la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, motivada por la misma y el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, obedece a actos realizados, motu proprio, por la Comisión responsable al haber detectado las anomalías indicadas, esto es, los actos tildados de inconstitucionales por el quejoso derivaron de la aplicación de disposiciones de carácter administrativo por la citada entidad actuando de forma unilateral con base en disposiciones legales, lo que hace patente que la orden de verificación y actas combatidos se tratan de actos administrativos y por tanto, no pueden ser resueltos a través del juicio constitucional. Además, no pasa desapercibido para este Juzgador Federal, que con motivo de la expedición de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, dicho ente dejó de ser un organismo público descentralizado para quedar constituido como una Empresa Productiva del Estado, propiedad del Gobierno Federal ; a partir de lo cual, pudiera considerarse que se trata de un organismo de derecho privado y que por ello, los actos que realiza son de esa naturaleza. Sin embargo, mediante publicación realizada el quince de agosto de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, se determinó lo siguiente: "CONSIDERANDO Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales prevé en su artículo 12 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación, la relación de las entidades paraestatales que formen parte de la Administración Pública Federal; Que a efecto de reflejar en la presente Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal las categorías que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud otorgan a diversas entidades paraestatales, en virtud de su objeto y marco jurídico específicos, se incluyen los apartados correspondientes a las instituciones nacionales de seguros, a las sociedades nacionales de crédito consideradas instituciones de banca de desarrollo, a los centros públicos de investigación, y a los institutos nacionales de salud, y Que los efectos de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal son declarativos y no constitutivos, por lo que la enumeración y categorización de las mismas en este instrumento únicamente obedece a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables a cada entidad; se emite la siguiente: RELACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A. ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL I. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS . IV. EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 184. Comisión Federal de Electricidad ." De acuerdo con la publicación anterior, se pone de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad, aun en su calidad de empresa productiva del Estado, constituye una Entidad Paraestatal que forma parte de la Administración Pública Federal; por tanto, este Juzgador está obligado a tomar en consideración tal publicación en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo; y con lo que pone de relieve que la nombrada Comisión, sigue formando parte de la Administración Pública Federal y no se trata de un organismo de derecho privado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el siguiente rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." En ese orden, cabe precisar que nuestro sistema de derecho admite la posibilidad de que ciertos actos -no todos- desplegados por particulares se asemejen a los de un ente público, al estar su actuar -en el caso específico- circunscrito en una norma de carácter general, supuesto en el cual se equipara al de una autoridad, lo que determina la posibilidad de que esos actos sean susceptibles de escrutinio a través de los medios ordinarios y/o extraordinarios reservados para los de las autoridades, entre éstos el juicio de nulidad. Aunado a que si bien en el artículo 4° de la Ley de la Industria Eléctrica, se prevé la libre competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica y el artículo 5° señala que en lo no previsto por la propia ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, dicho régimen no se ha materializado, es decir, no existen en la actualidad prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica diversos a la Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo con el artículo tercero transitorio del propio ordenamiento "Durante el período de "reestructura de la industria eléctrica, la "Comisión Federal de Electricidad y el "Centro Nacional de Control de Energía "(CENACE), según corresponda, "continuarán prestando los servicios de "generación, transmisión, distribución, "comercialización y Control Operativo del "Sistema Eléctrico Nacional con la "finalidad de mantener la Continuidad del "Suministro Eléctrico"; por lo que subsiste la situación consistente en que únicamente la Comisión Federal de Electricidad presta el servicio de suministro de energía eléctrica. Bajo ese contexto, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad, que estén relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste aún presta en exclusiva ese servicio, pues, se reitera, no se ha materializado el régimen de libre competencia. De tal manera, que al ser la Comisión Federal de Electricidad una empresa productiva por medio de la cual el estado presta un servicio de manera exclusiva, a través de un contrato que los particulares sólo puedan celebrar con él, y si derivado de éste emite decisiones o resoluciones de manera unilateral, procede su reclamo en la vía administrativa, mediante el procedimiento contemplado en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme al numeral 3, fracción XII, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Consecuentemente, se concluye que los actos desplegados por la Comisión Federal de Electricidad, tildados de inconstitucionales por la promovente, fueron realizados en ejercicio directo de las atribuciones que le confieren la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, de forma unilateral y revestidos de imperio y obligatoriedad, actualizándose, la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad previsto en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No obsta a lo anterior que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo haga referencia a los organismos descentralizados, pues la ratio legis de ese precepto es que en contra de los actos emitidos por el Estado en relación con los servicios que preste de manera exclusiva y a los contratos sólo puedan celebrarse con el mismo, los particulares tengan un medio de defensa, por lo que es aplicable aun cuando la Comisión Federal de Electricidad no tenga la naturaleza de un organismo descentralizado. Máxime que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que dicha ley es aplicable a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, sin especificar a través de qué tipo de organismo o entidad lo haga, y ya se vio que la Comisión Federal de Electricidad es un empresa productiva del Estado, que forma parte de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. De modo que si en la especie se reclama la suspensión, interrrupción y/o corte del suministro de energía eléctrica, ejecutada el veinticinco de julio de dos mil diecisiete, respecto del predio número quinientos catorce, de la calle ochenta y nueve, entre sesenta y dos y sesenta y dos "A", de la colonia centro de esta ciudad de Mérida, Yucatán, con número de servicio 771 130 605 229, que deriva del aviso previo de orden de verificación Z. MER. MED. ESM7/2207 2017, su ejecución material, así como la constancia Z. MER. MED. ESM 7 025 2017, derivada de dicha orden, tal y como se advierte de las constancias que adjuntó la responsable a su informe con justificación de mérito, producto de la actividad a la que la legislación administrativa correspondiente faculta a la Comisión responsable realizar, de forma unilateral y en un plano de supra-subordinación, es evidente que éstos son de naturaleza administrativa, siendo esa la vía procedente para reclamarlos. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia antes aludida, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, y en virtud del sobreseimiento fuera de audiencia decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con siete minutos del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
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