Sara Isabel Mendez Canto
Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sara Isabel Mendez Canto
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Sara Isabel Méndez Canto, con el que da cumplimiento a la prevención que le fuera realizada en proveído de veintisiete de febrero anterior. Por tanto, visto el escrito de cuenta, así como nuevamente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, contra los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo y del ocurso aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la inconstitucionalidad del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a través de su primer acto de aplicación, que lo fue el trece de enero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, se insiste, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la inconstitucionalidad del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a través de su primer acto de aplicación, que lo fue el trece de enero de dos mil veintitrés. En ese sentido, una vez sentado lo anterior, debe decirse que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Sobre esa base, en relación a la alegada inconstitucionalidad del Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, se estima conveniente precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no la ley considerada en abstracto. De igual forma, ha señalado que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de la protección constitucional la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia, pues de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por tanto, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Dicho criterio se encuentra recogido en la jurisprudencia 346, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, con el texto y rubro siguientes: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Asimismo, el criterio puede consultarse en la diversa tesis P. XVII/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, contra el acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En ese tenor, este órgano de control constitucional estima preferente el estudio de la procedencia del amparo con relación a la determinación en la que supuestamente se dio el primer acto de aplicación de la norma impugnada, que lo es el recibo de nómina de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se aplicó a la parte quejosa el nuevo porcentaje de descuento a la quejosa por la suma de $770.22 (Setecientos setenta pesos 22/100 moneda nacional), derivado de la legislación impugnada. En ese orden de ideas, es pertinente indicar que del contenido del escrito aclaratorio presentado por la parte quejosa, se desprende que ésta indicó, de modo categórico, que el trece de enero de dos mil veintitrés, le fue aplicado por primera vez el nuevo porcentaje de descuento a sus percepciones, con motivo de la normatividad controvertida, tal y como se desprende del comprobante de pago 4284922. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto del acto de aplicación reclamado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución.En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por la quejosa se desprende que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación del nuevo porcentaje de descuento a sus percepciones, el trece de enero de dos mil veintitrés, en que le fue realizado el descuento relativo, mediante el recibo de nómina de esa propia data; por lo que es evidente que, a la data en que presentó su demanda de amparo, esto es, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde el trece de enero de dos mil veintitrés, le fue aplicado el nuevo porcentaje de descuento a las percepciones de la parte quejosa, como se desprende del recibo de nómina de esa propia data; por ende, es notorio, se reitera, que al menos desde esa fecha, tuvo pleno conocimiento de dicho acto, por lo que al haber presentado su escrito de demanda hasta el veinticuatro de febrero del año en curso, es patente que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, dicha demanda resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, y por lo que respecta al Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, impugnado por la parte quejosa con motivo de su aplicación a través del descuento que le fuera realizado el trece de enero de dos mil veintitrés, al haber resultado improcedente el juicio de amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, consecuentemente, también lo es por lo que respecta al invocado numeral. Por tanto, el juicio de amparo resulta igualmente improcedente respecto del precitado Decreto 532/2022, publicado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; lo que motiva que la demanda de amparo promovida en su contra, de igual manera deba desecharse. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27, del Volumen 217-228, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII.********************Vista la demanda de amparo promovida por Sara Isabel Méndez Canto, contra el acto que reclama del Congreso del Estado de Yucatán, y de otras autoridades; se provee:********************Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 309/2023-VII.********************Ahora bien, a fin de estar en aptitud legal de proveer respecto de la admisión o no de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes a aquél en que se notifique el presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente:********************a) Precise la fecha exacta en la que le fue aplicado el nuevo porcentaje de descuento a sus percepciones, mismo que, como indica en la parte final del capítulo de antecedentes de su ocurso de demanda, tuvo verificativo en la primera quincena del mes de enero de dos mil veintitrés; y, ********************b) Exhiba junto con su escrito de aclaración, el recibo oficial de pago relativo a las dos quincenas del mes de enero de dos mil veintitrés. ********************En la inteligencia de que deberá exhibir siete copias de su escrito aclaratorio, para correrle traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: cuatro para las autoridades responsables, otra para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y dos más para la tramitación del incidente de suspensión solicitado.********************Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 36/2001 y la tesis VII/2001, por analogía, aprobadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números de registro 189977 y 189978, publicadas en las páginas 79 y 325, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que respectivamente establecen:********************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." ********************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa."********************Así como la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice:********************"COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional."****************************************Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. ********************Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto; y como su autorizada, a la persona que designa en su demanda de amparo, de nombre Víctor Manuel Chi Trujeque, en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Igualmente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha persona, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir.********************Por otra parte, toda vez que el usuario ******************** que proporciona la parte quejosa, a efecto de consultar, promover y recibir notificaciones, incluidas las de carácter personal, a través del Portal de Servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.********************En tal virtud, accédase a lo solicitado por la parte quejosa, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, en relación con el artículo 3 de la ley de la materia.********************Por tanto, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico, así como la realización de notificaciones de índole personal, en el presente juicio, a la parte quejosa, a través del citado usuario, por lo que podrá promover en el mismo y recibir notificaciones con su nombre de usuario, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan.********************Comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del citado usuario, en el presente juicio de amparo.********************De igual forma, téngase por señalado el correo electrónico indicado en la demanda de amparo, como de la parte quejosa, debiéndose tener como medio alternativo de contacto con ésta.********************Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. ********************Finalmente, en diverso orden, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. ********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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