Santos Patricio Dzul Naal

Expediente 1232/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1232/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Santos Patricio Dzul Naal

Actuaciones

  1. Principal

    III. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número SECJ/STB/1223/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por SANTOS PATRICIO DZUL NAAL, contra el acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, debe decirse que procede a desechar de plano la misma, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, resulta necesario precisar que las manifestaciones vertidas por la parte promovente en la demanda de amparo que instó bajo protesta de decir verdad, constituyen una confesión con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso medularmente reclama de la responsable, la abstención de darle contestación a su escrito de fecha dieciocho de octubre del año en curso, mismo que presentó, el diecinueve de este mismo mes y año, ante dicha responsable y mediante el cual, le solicitó la devolución del vehículo marca Chevrolet, Beat Sedan rojo granada, modelo 2018, tipo 1CU69, con número de serie MA6CC5CD9JT039685, clave vehicular 003AD03 y con placas de circulación YXB-378-C. Así, en el caso, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 113 de la Ley de Amparo y 8 constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable", no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Lo anterior, es así, pues respecto a la omisión de dar respuesta a su escrito que fue presentado ante la responsable el diecinueve de octubre del año en curso, tal y como se advierte del escrito original que anexó a su demanda de amparo, cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario y aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por el peticionario de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º (constitucional). Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario." En tales condiciones, es preciso que el quejoso demuestre que se encuentra afectado en su derecho de petición, pues de no hacerlo, como en el caso sucede, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad responsable a dar respuesta a su escrito y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo, por tanto la acción constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber al interesado. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, de la documental adjunta a la demanda de amparo promovida por el quejoso, se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de este mismo mes y año, solicitó la devolución del vehículo marca Chevrolet, Beat Sedan rojo granada, modelo 2018, tipo 1CU69, con número de serie MA6CC5CD9JT039685, clave vehicular 003AD03 y con placas de circulación YXB-378-C, en términos del artículo 8 Constitucional, En ese tenor, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria del quejoso. Lo anterior es así, ya que a la data en que se interpuso la demanda de derechos fundamentales, que lo fue el propio veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, solo han transcurrido cuatro días hábiles, por lo que aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. Precisado lo anterior, el suscrito estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, el quejoso formuló una petición ante Seguridad Pública, el diecinueve de los corrientes, según se advierte del contenido de su demanda y de su anexo adjuntó a la misma, siendo que el veinticinco de este mes y año en curso presentó su escrito de demanda de amparo; por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien dirige su petición realice las gestiones conducentes para emitir el acuerdo correspondiente y lleven a cabo la notificación del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2004, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, bajo el rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido mencionado. Igualmente, tiene aplicación por las razones que la sustentan, la tesis I.4o.A.5 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, (cita datos de localización), de criterio siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO. A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos." De ahí que, si su demanda fue interpuesta cuatro días después de haber presentado el escrito cuya omisión de contestar reclama, es obvio que no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable de contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento el acuerdo recaído. En esa virtud, no es posible que a la fecha de la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable esté en aptitud de dar contestación y hacer del conocimiento del quejoso el acuerdo recaído a su petición, dada la fecha de presentación de dicho ocurso ante la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar.R Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de cuenta y como sus autorizados para tal efecto a Mario Alberto Caamal Cante, Miguel Antonio Hipo Sierra, Esmeralda Isabel Rosado Novelo, Ricelly Yazmín Pérez Acosta, Benito Ismael Collí Yah y Hebert Ángel Martínez Ledesma, con las con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo antes mencionado, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria que autoriza y da fe.

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