Santos Olea Hernández

Expediente 557/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
557/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
18/07/2016

Partes del expediente

  • Santos Olea Hernández
  • SANTOS OLEA HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días ... y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente....este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído...

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA GEO GUERRERO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".... Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós de junio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual se agregó copia certificada del expediente laboral 1160/2013, de la que se aprecia que el dieciocho de junio del año en curso la actuaria adscrita a la junta responsable hizo constar su imposibilidad para notificar a los testigos Claudia Grisel Vázquez López, Artemio Urquiza Vargas y Yadira Dorantes Barroso, cuyo testimonio fue ofrecido por la parte demandada; asimismo, el veintiuno de junio de la misma anualidad se dio vista a la parte demandada con tal imposibilidad para que dentro del término de tres días proporcionara los domicilios correctos de los atestes en mención y en caso de no hacerlo así se le imponía la carga procesal de presentarlos el ocho de agosto del año en curso para el desahogo de la prueba testimonial, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a tal requerimiento se declararía desierta dicha probanza. A la anterior documental se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida determinación. Ahora, bien, al examinar el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de citar a los testigos Claudia Grisel Vázquez López, Artemio Urquiza Vargas y Yadira Dorantes Barroso, ofrecidos por la parte demandada, en el expediente laboral 1160/2013. Bajo ese contexto, se tiene que en este asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son definidos como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La interpretación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, fue explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la jurisprudencia antes transcrita se obtiene que las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento son: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que esos "derechos afectados materialmente" revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. El fallo emitido en la referida contradicción dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes seis de mayo de dos mil dieciséis, Décima Época, registro 2011580, del siguiente contenido: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Del criterio antes citado se desprende que: Cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Aun cuando dicha afectación pueda transgredir los artículos 8o., 14 y 17; no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Bajo ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión de citar a los testigos Claudia Grisel Vázquez López, Artemio Urquiza Vargas y Yadira Dorantes Barroso, ofrecidos por la parte demandada, en el expediente laboral 1160/2013; sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal; lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación, aunado a que en el caso no se observa una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, ya que de conformidad con las constancias allegadas por la responsable como justificación a su informe, la actuaria adscrita a la junta responsable se constituyó el dieciocho de junio del año en curso en los domicilios de los testigos Claudia Grisel Vázquez López, Artemio Urquiza Vargas y Yadira Dorantes Barroso, sin que le fuera posible realizar su notificación dado que fue informada que dichos domicilios no corresponden a los atestes, por lo que el veintiuno de junio de la misma anualidad se dio vista a la parte demandada con tal imposibilidad para que dentro del término de tres días proporcionara los domicilios correctos de los atestes en mención y en caso de no hacerlo así se le imponía la carga procesal de presentarlos el ocho de agosto del año en curso para el desahogo de la prueba testimonial, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a tal requerimiento se declararía desierta dicha probanza. Por lo que a criterio del suscrito juzgador dicha circunstancia no constituye una dilación prolongada del procedimiento laboral, y menos, una razón para asumir que éste se encuentre paralizado, aunado al hecho de la imposibilidad de la actuaria para notificar a los testigos y de la carga procesal impuesta a la parte demandada para indicar un nuevo domicilio, o bien, presentarlos el día del desahogo de la prueba. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en esa guisa, el presente juicio de amparo deviene improcedente. En tal virtud al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. ..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.

  4. Principal

    el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual proporciona el domicilio de la tercera interesada; por lo tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a una de las Actuarias adscritas a este juzgado federal, para que se constituya en Roberto Posada número ocho, primer piso, despacho 101, colonia Centro de esta ciudad, y con copia de la demanda, auto admisorio, así como del presente proveído, notifique a la aludida parte procesal el inicio de este juicio; asimismo se le habilita para que si con motivo de la investigación de citado domicilio logra identificar algún otro, sin previo acuerdo se constituya en el mismo y lleve a cabo la notificación que se le encomienda de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal antes citado.

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