Santos Galeana Hernández
Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santos Galeana Hernández
Actuaciones
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA AL QUEJOSO SANTOS GALEANA HERNANDEZ, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Acapulco, Guerrero; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Santos Galeana Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 930/2018, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: El auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial de alimentos 527/2016-I y su acumulado 598/2016-I, en el que el Juez responsable acordó el escrito presentado por el quejoso el dieciséis de julio de dos mil dieciocho y modificó las pensiones alimenticias decretadas en favor de los acreedores alimenticios de manera provisional. Asimismo, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se obtiene lo siguiente: 1. El quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es parte demandada en el juicio especial de alimentos, radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, bajo el número de expediente 527/2016-I y su acumulado 598/2016-I. 2. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis se dictó auto de radicación en el juicio 527/2016-I, en el que se ordenó el descuento provisional del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del quejoso, emplazándolo a juicio el nueve de mayo siguiente. 3. En auto de veintinueve de abril de ese mismo año, se radicó la demanda familiar entablada en su contra bajo el número de expediente 598/2016-I, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, en el que se ordenó el descuento provisional del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones del quejoso, emplazándolo a juicio el dos de mayo siguiente. 4. Asimismo, en auto de treinta y uno de noviembre (sic) de dos mil diecisiete, se ordenó la acumulación del juicio especial de alimentos 598/2016-I al diverso 527/2016-I. 4. Finalmente, el quejoso manifiesta que mediante escrito de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, solicitó al juez responsable el reajuste al porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretada en autos del expediente 527/2016-I y su acumulado 598/2016-I, a cuya petición recayó el acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, el cual constituye el acto aquí reclamado. Sobre esa base, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la Ley de Amparo. La citada disposición legal, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del recurso de reconsideración, por los siguientes motivos: Los artículos 381 y 382 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero establecen: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible". De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto de los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el Juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquéllos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles Asimismo, en contra de la determinación reclamada no procede el recurso de apelación, según lo dispuesto por los numerales 385 y 386 de la legislación procesal; que estatuyen lo siguiente: "Artículo 385.- Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 386.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." De lo anterior se concluye que el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 382 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Juez responsable a la luz de los agravios planteados confirme revoque o modifique total o parcialmente el auto de nueve octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial de alimentos 527/2016-I y su acumulado 598/2016-I, sobre todo si se considera que de acuerdo con el artículo 386 del Código en cita no es apelable y la ley respectiva tampoco, establece expresamente que en contra de tal determinación no proceda recurso alguno, de ahí que, el quejoso previamente a promover el juicio de amparo debió observar el medio de impugnación aludido, ante el Juez responsable, y al no hacerlo no cumplió con el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, aunado a que dicho auto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. De ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Ello es así, pues si bien los citados criterios fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a José Alberto Vázquez Apolonio, Francisco Nery Cornelio, Enrique Hernández Aguirre, María de Lourdes Alcoser Rico y María de Jesús Vázquez Apolonio, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Mario Alberto Linares González, Fernando Vázquez Calvario y Betzy Monroy Peredo, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Santos Andrade Cortes805/2021
- Santos Andrade Cortes319/2021
- Santos Covarrubias Oregón198/2016
- Santos Galeana Hernández502/2018
- Santos Galeana Hernández440/2018
- Santos Galeana Hernández827/2018
- Santos Galeana Hernández35/2019
- Santos Galeana Hernández687/2018
- Santos Godoy Vejar422/2019
- Santos Mendoza Garay402/2015
- Santos Olea Hernández557/2016
- Santos Olea Neri1195/2019