Santos Galeana Hernández

Expediente 827/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
827/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Santos Galeana Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado y remite copia certificada del auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio especial de alimentos 527-1/2016 y su acumulado 598-1/2016; documental que dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas de tal determinación. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que se actualiza cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional aducida, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Luego, si el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de acodar la solicitud de Santos Galeana Hernández, parte demanda en el juicio especial de alimentos 527-1/2016 y su acumulado 598-1/2016, consistente en reajustar el porcentaje de la pensión alimenticia provisional decretada en autos del citado juicio, y mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Juez responsable modificó las pensiones alimenticias decretadas en favor de los acreedores alimenticios de manera provisional, se estima que ha cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que con posterioridad a la presentación de la demanda (dos de octubre de dos mil dieciocho), dicho conducta dejó de existir quedando el quejoso en una situación idéntica a la que habría existido, si la omisión no hubiera existido, lo que imposibilita su examen constitucional, precisamente porque en el supuesto de que se concediera el amparo su efecto sería vincular a que la responsable respetara el acceso a la jurisdicción, materializada en la emisión del acuerdo de mérito, lo que ya realizó espontáneamente. Consecuentemente al sobrevenir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No pasa inadvertido que se haya reservado la notificación del inicio del presente juicio a los terceros interesados; sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, y tomando en consideración que no se ve afectada su defensa, no es el caso su notificación. Notifíquese personalmente...LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Santos Galeana Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. IMPROCEDENCIA. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, en relación con los actos reclamados al Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, se actualiza la causal prevista en el artículo a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los artículos 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo expuesto permite establecer que no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de garantías, como lo señala la parte quejosa, en razón de que el aludido funcionario carece de facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, si se atiende a que sólo funge como fedatario de los actos del juzgado responsable. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número I.4º. A. J/6, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 401, Tomo IV, Agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE, NO SE PUEDE RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUEN COMO FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE. El hecho de que un funcionario adscrito a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, no es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que únicamente está actuando como fedatario de la existencia de tal acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra del secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales Metropolitanas, del Tribunal Fiscal de la Federación, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio deberá sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal." En ese contexto, es inconcuso que dicho funcionario carece de facultad de decisión y de ejecución, cuando funge únicamente como fedatario, pues no decide una situación general o particular determinada, tampoco implica la ejecución de una diversa decisión estatal, ni crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en tal virtud, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que obliga a desechar en el juicio respecto del acto atribuido al funcionario referido. En esas condiciones es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de garantías por lo que respecta a la autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 827/2018, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Igualmente, se les informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda y su anexo. NOTIFICACIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Se reserva proveer sobre la notificación de esta determinación a los terceros interesados señalados en la demanda, hasta en tanto se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable. PRUEBAS. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas la documental que adjunta a su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 5 de mayo, número 4, primer psio, edificio 18, colonia centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Francisco Nery Cornelio, Enrique Hernández Aguirre y María de Lourdes Alcoser Rico, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a José Alberto Vázquez Apolonio, Mario Alberto Linares González, María de Jesús Vázquez Apolonio, Fernando Vázquez Calvario y Betsy Monroy Peredo, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

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