Santos Luciano Morales Cuc
Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Santos Luciano Morales Cuc
- Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de diez de marzo del año en curso. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que aunque se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, se concedió la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Además, una vez transcurrido dicho término se deberá depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, conservando las resoluciones relativas que otorguen la suspensión definitiva. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 1091/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Oficio como antecedente Agréguense a los autos, para que obren como simple antecedente el oficio y anexo que remite el Sub Comisionado Jurídico, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración; toda vez que el pasado diez de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva del presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1091/2022-VI, promovido por *******, en favor de *******, contra actos del 1) Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, representación en Chihuahua, 2) Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua 3) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y 4) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todas con residencia en esta ciudad, en sus denominaciones correctas y completas. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido de manera electrónica, fuera de las labores de este Juzgado, el veinte de noviembre de dos mil veintidós, *******, promovió demanda de amparo en favor de *******. Segundo. Derechos constitucionales que se estimaron transgredidos. La promovente del amparo consideró transgredidos en perjuicio del directo quejoso los contemplados en los artículos 1º, 11, 14, 16, 21, 22 y 33, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Registro. En auto de veinte de noviembre del año dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo en el índice de este Juzgado con el número 1091/2022-VI; se concedió la suspensión de plano al directamente agraviado y se mandó ratificar la demanda. En esa misma fecha, se recibido la constancia actuarial, de la cual se desprende que el directamente agraviado *******, ratificó la demanda de amparo promovida por la licenciada *******, a su favor. Cuarta. Admisión de la demanda. En auto de veintitrés de ese mismo mes y año, se admitió la demanda de amparo promovida a favor de *******, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte accionante del amparo reclamó del 1) Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, representación en Chihuahua, 2) Representante Local Noreste del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua 3) Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y 4) Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, todas con residencia en esta ciudad, en sus denominaciones correctas y completas, lo siguiente: Alojamiento, privación de la libertad, detención, retención, aseguramiento (en estado de hacinamiento insalubre); Restricción de la libertad de tránsito; Incomunicación; Inadmisibilidad al territorio mexicano, negativa de visa humanitaria, negativa a registrarlos como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y la Deportación a su país de origen. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración y Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, ambas con sede en esta ciudad, manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados por la parte quejosa *******. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no aportó pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Cuarto. Existencia de acto reclamado. Por otro lado, la autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua y Actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, representación en Chihuahua, en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, por tanto, se presumen ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo; para efectos de resolver el presente asunto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto a los actos reclamados a las autoridades migratorias residentes en esta ciudad, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, como se precisó, el veinte de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamando lo siguiente: Alojamiento, privación de la libertad, detención, retención, aseguramiento (en estado de hacinamiento insalubre); Restricción de la libertad de tránsito; Incomunicación; Inadmisibilidad al territorio mexicano, negativa de visa humanitaria, negativa a registrarlos como refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y la Deportación a su país de origen. Sin embargo, de las constancias remitidas a este juzgado, se desprende el acuerdo de salida de la estancia provisional por mandato judicial de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de *******, de la Estancia Provisional Juárez; y dejó sin efectos el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria; proveído que fue notificado al quejoso el veintidós siguiente. Documentales que por ser públicas se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, si el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, el Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, permitió la salida de *******, de la Estancia Provisional Juárez; y dejó sin efectos el acuerdo de presentación determinado por la autoridad migratoria; es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de las garantías violadas, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concede la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las autoridades migratorias responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 11, 14 y 16 Constitucionales en concordancia con la Ley de Migración, cesar los actos inconstitucionales, y proveer lo conducente respecto al ingreso y salida del quejoso al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia del directamente agraviado en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación de las propias responsables. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento, en el presente juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada ley, con relación al acto precisado con anterioridad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por *******, contra actos y autoridades precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, en los términos expuestos en el tercer y último considerando de esta determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el termino de tres días otorgado a las autoridades responsables, Representante Local Noreste y Encargado de la Estancia Provisional Juárez y Sub-representante Local del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación Chihuahua, en esta ciudad, en proveído de tres de febrero, mismo les fue notificado mediante los oficios ******* y ******* el siete de los actuales, a fin de que remitiera a este juzgado copia certificada del Procedimiento Administrativo Migratorio instaurado al quejoso *******, así como del "Acuerdo de Salida de la Estancia Provisional por Mandado Judicial", relativo. Diferimiento Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta data y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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