Santiago Delgado Avila
Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Santiago Delgado Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SENTENCIA Chihuahua, Chihuahua, quince de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 627/2023-III, promovido por , contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, en el Estado de Chihuahua y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el mismo día, el quejoso , promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, en el Estado de Chihuahua; así como de diversa autoridad, de quienes reclamó los actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. El quejoso consideró vulnerados en su perjuicio los previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. De la tramitación del juicio. constitucional. Por proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 627/2023-III, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la causa penal de rigen, en su carácter de tercero interesado por conducto del juez responsable y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en la fecha señalada para tal efecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Del análisis de la competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, y del Titular del Centro de Readaptación Social Estatal número Cinco, ambos con sede en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, en el Estado de Chihuahua, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A. De la autoridad ordenadora reclamo, la resolución que emitió respecto de la Audiencia de Control de detención, donde el Juez responsable determinó legal la ILEGAL DETENCION DEL SUSCRITO, esto en audiencia del día 16 de junio del presente año, como consecuencia se celebró audiencia de imputación por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y fue precisamente en la imposición de medidas cautelares que se me privó de la libertad de manera ilegal. B. De la ejecutora reclamo la retención en las celdas del Centro De readaptación Social Estatal # 5, con domicilio ubicado en Libramiento Luis R. Blanco y Avenida Álvaro Obregón en la Ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua." TERCERO. De la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, consistente en la resolución de control de detención, de dieciséis de junio de dos mi veintitrés, dictado en la causa penal 69/2023, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación el cuatro de julio de misma data, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a los cuales se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Cinco, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues indica que esa autoridad no cuenta con facultades de ordenar la detención de las personas, únicamente vigilar la ejecución material de la prisión preventiva a que la autoridad jurisdiccional las sujeta. Ahora bien, aun cuando la citada responsable negó los actos que se le reclamaron, el propio director responsable manifestó que efectivamente, el quejoso se encuentra recluido en el centro penitenciario a su cargo, precisamente con motivo de la declaración de la legalidad de la detención dictada por el juez aquí responsable. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Cinco, y el acto reclamado se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, tanto dicha autoridad en su carácter de ejecutora, como la autoridad ordenadora, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en copias certificadas del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCÍAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Del análisis de las causas de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio oficioso. Previo a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio de la declaración de legalidad de la detención, dictado por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal 69/2023. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real del disco óptico que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, en específico de la audiencia de control de detención de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se desprende lo siguiente: 1. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial dentro de la causa penal 69/2023 del índice de la responsable. 2. En esa tesitura, el licenciado Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, aperturó dicha audiencia y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos el Representante Social licenciado , así mismo el defensor particular del imputado licenciado , con cédula profesional número 11021761, registrada ante dicho tribunal, designado por el indiciado dentro de la propia audiencia, en la cual aceptó y protestó el cargo conferido. (minuto 2:00) 3. Posteriormente, previa autorización del Juez de Control, la Representación Social solicitó se calificara de legal la detención de que fue objeto la persona de nombre Santiago Delgado Ávila, con base en los siguientes hechos. Que en fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, aproximadamente a las once horas con doce minutos, los agentes ministeriales , agentes del Grupo Operativo Nuevo Casas Grandes, señalan que a la hora indicada, realizaban sus actividades investigadora, relativas a la detección de puntos de venta de narcóticos, e informan que al circular por la calle madreselva cruce con calle Santos Degollado, éstos ven a una persona caminando por dicha calle, lo describen como una persona de pantalón azul, de mezclilla, con una playera de manga larga pixelada, color verde, con una gorra color verde, zapatos de trabajo color café, aproximadamente de un metro con sesenta y cinco centímetros de altura, tez morena, delgado, cabello corto, cano, y dicen que traía una mochila o una maleta frontal, dice, que la traía por la parte de enfrente de su cuerpo, y ellos describen que cuando se percata de las unidades de la Agencia Estatal de Investigación, que conducía a baja velocidad y con los estribos encendidos, la persona se regresa, dice que iba rumbo hacia ellos, pero se retorna y que empieza a correr, se da vuelta por la calle pero en ese momento se le caen de la mochila unas bolsas de plástico que contenían algo de color verde, y que el sujeto se agachó a recogerlas y corrió para ocultarse detrás de una camioneta de color gris, que cuando uno de los agentes, el de apellido Brito Leaños desciende de la unidad oficial, se acercó al sujeto y luego de identificarse, le preguntó el por qué se escondía, a lo cual respondió que por que se asustó, le hacen una revisión, en la cual le encontraron un total de doscientos cincuenta envoltorios de plástico transparente, conteniendo una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, y posteriormente lo detuvieron, esto a las once horas con dieciocho minutos de ese día. Posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Zona Noroeste, junto con los envoltorios asegurados, poniéndolo a disposición de la agente del Ministerio Público, a las catorce horas con cuarenta y dos minutos de ese mismo día catorce de junio de dos mil veintitrés, y este a su vez, luego de recabar las diligencias de investigación correspondientes, lo puso a disposición del Juez de Control a las trece horas con veinte minutos del dieciséis de junio de misma anualidad. (minuto 09:31). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al hoy quejoso constituyen el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de venta o comercio de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 473 fracción I y VI, 475 y 479 de la Ley General de Salud, cometido en perjuicio de la sociedad. (minuto 05:10). 4. Enseguida, el Juez de Control dio oportunidad a la defensa de hacer manifestaciones a lo cual el defensor particular mencionó lo siguiente: (minuto 4:14, segunda parte). En vía de lectura, el defensor particular incorporó los datos de prueba consistentes en las declaraciones vertidas en entrevista rendida en su despacho particular, por parte de las familiares del imputado, su concubina, la señora , personas que en esencia manifiestan y fueron coincidentes en que, el día de los hechos se encontraban fuera del domicilio, esto en calle Madreselvas número 3015, colonia Héroes de la Reforma, en esta ciudad, aproximadamente a las once de la mañana, que afuera de la casa tenían una carpa donde venden ropa usada, entre ellos habían más personas, que en ese momento llegaron unas trocas de policías, de la cuales se bajaron agentes uniformados, los separaron, esposaron a Santiago, les quitaron los teléfonos, los tiraron al suelo y revisaron sus pertenencias, unos agentes entraron a la casa y luego de revolver las cosas, se llevaron de una pañalera el dinero producto de las ventas de semanas anteriores, a una de las declarantes le pidieron la credencial del INE, le vaciaron la pañalera para sacar dicha credencial, los pusieron contra la pared y les dieron la indicación de no voltear hasta que los agentes se retiraran del lugar, ese mismo día, el detenido no traía ninguna mochila ni nada parecido, menos marihuana. Argumentó el defensor a manera de descargo, que resultan evidentes las contradicciones entre lo narrado en el acta circunstanciada por los agentes captores y lo declarado por las testigos, por lo que hace a las circunstancias de la detención, así como por lo que hace a la existencia de la mochila que los agentes captores aseguran traía consigo la persona detenida. (minuto 4:15 a 25:30, segunda parte). 5-. Acto seguido, corrió traslado al agente del Misterio Público, quien realizó manifestaciones respecto de los argumentos vertidos por el defensor particular. (minuto 25:40 a 30:20, segunda parte). 6. Posteriormente, esa misma fecha y una vez escuchadas las partes, el juez de control responsable declaró la legalidad de la detención del hoy quejoso Santiago Delgado Ávila, al determinar lo siguiente: (minuto 36:13, segunda parte). ". son datos suficientes que se apegan a la legalidad y a la constitucionalidad del articulo 16 y de la legalidad del artículo 146 Fracción I, del Código Penal del Estado, de ahí que la detención sí se ajustó a estos lineamientos de Santiago Delgado Avila, de ahí que se ratifica tanto la detención como la retención del mismo, esto de LEGAL." Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad de la calificación de la detención del hoy quejoso por parte del juez de control responsable. Así, el auto que declara el control de la legalidad de la detención de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 69/2023, se puntualiza que colma los extremos exigidos para un acto de esa índole. A consideración de esta resolutora es así, pues, contrario a lo dicho por la parte inconforme, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 16 de la carta magna. Para arribar a tal conclusión, es necesario dejar establecido el contenido del artículo 16, párrafos 5°, 7° y 10°, de nuestra carta magna, en el que se prevé el derecho relativo a la tutela jurisdiccional de la detención en el procedimiento penal acusatorio. Dicho precepto constitucional, en lo que interesa, dice así: "Artículo 16. .Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. . En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. . Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.". Como es de advertirse, el artículo 16 constitucional prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, conforme con el cual toda persona detenida por urgencia o flagrancia tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que se encontrarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los que pronunciarán sus resoluciones de manera inmediata. En tal virtud, el derecho a la tutela jurisdiccional permite someter a la consideración de un órgano jurisdiccional la legalidad de la detención, esto es, tal derecho no es más que la prerrogativa de todos los indiciados para que un tribunal resuelva lo propio respecto de la pretensión de la fiscalía sobre la detención relativa. Por tanto, en atención a lo establecido en el artículo 16 constitucional, no hay duda que el derecho a la tutela jurisdiccional asegura que todo indiciado detenido por urgencia o flagrancia, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes respectivas, pueda acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida acerca de la pretensión de la fiscalía o defensa y, en su caso, se ejecute el fallo de que se trate. Sobre el particular, se cita la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN Y VÍA. Del derecho a la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas. En primer término, la acción, que en general puede concebirse como un derecho subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. Por otro lado, la vía, es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una sentencia, es decir, en una decisión sobre la pretensión planteada; proceso al cual se le conoce como vía." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 31, Junio de 2016. Tomo: I. Tesis: 1a. CLVII/2016 (10a.). Página: 688.) En concreto, tratándose de juicios penales acusatorios debe decirse que las directrices que todo juez penal debe observar en el control de la legalidad de la detención por flagrancia, por el hecho ilícito de por un delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de finalidad de venta de narcóticos, previsto y sancionado en los artículos 473 fracción I y VI, 475 y 479 de la Ley General de Salud cometido en perjuicio de la sociedad, como en este asunto, están contenidos en los artículos 146, fracción I, 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos preceptos legales son del tenor siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: . I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o Artículo 147. Detención en caso de flagrancia. Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición". "Artículo 308. Control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código." Así pues, la lectura de tales preceptos legales revela los lineamientos que los jueces de control deben seguir en la emisión de los fallos en el control de legalidad de la detención, como con los plazos que deben observar para tal efecto, a saber: i. Flagrancia. El examen no sólo de los datos expuestos por el Ministerio Público para justificar la detención en flagrancia, tanto legales como fácticos, limitándose a las circunstancias modo, tiempo, lugar y ocasión respectivos, así como al sustento jurídico propuesto sobre el particular, sino también de los argumentos de la defensa y, en su caso, los datos que apoyen la postura defensiva. ii. Plazo constitucional de retención. El examen de los datos fácticos de la detención, puesta a disposición de la parte indiciada ante el Ministerio Público, y la consignación ante la autoridad jurisdiccional dentro del término de cuarenta y ocho o noventa y seis horas que cuenta la fiscalía para resolver la situación jurídica de la parte indiciada. iii. Requisitos de procedibilidad. El examen de los requisitos de procedibilidad, en el caso, el delito de contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo con la variante de finalidad de venta, cuando la persona es detenida al momento de cometer el delito. Con lo anterior, no hay duda de que tratándose del control de la legalidad de la detención en los juicios penales acusatorios, los jueces de control están legalmente constreñidos no sólo a seguir el procedimiento y plazo previsto por la ley de la materia para el dictado del fallo en la etapa procesal relativa al control de la detención, sino también a ceñirse al examen de los lineamientos establecidos para tal efecto. Esto sucedió en el caso que nos ocupa. Flagrancia. Como bien lo estimó el juez, en la causa hay datos suficientes para considerar que se detuvo a la parte quejosa en flagrancia delictiva, como en el caso es el hecho ilícito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de finalidad de venta. En la causa penal de origen, se cuenta con el parte policiaco del que se desprende que a las once horas con dieciocho minutos de ese día catorce de junio del año en curso, elementos de la Policía Ministerial, al realizar rondines de rutina sobre la colonia Héroes de Reforma, y otras aledañas, observaron la actitud sospechosa del hoy quejoso, quien al ver las unidades corrió cambiando de dirección y se escondió de los agentes y una vez que le ordenaron detenerse, le hicieron una revisión de rutina, resultado de la cual, encontraron en la mochila que traía consigo doscientos cincuenta envoltorios de plástico transparente, conteniendo una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, de ahí que lo detuvieron, posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Zona Noroeste, junto con los envoltorios asegurados, poniéndolo a disposición de la agente del Ministerio Público de dicha unidad. Parte en el que describen tanto los hechos de la detención en sí, como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que giraron en torno a ellos. A juicio de esta juzgadora, el tribunal responsable estuvo en lo correcto al valorar el dato de prueba de que se trata, de entrada porque dicho parte, es una pieza informativa que se integra a los autos del procedimiento, por lo que debe considerarse con la naturaleza jurídica de un indicio que crea presunción y que, en el caso, adminiculado con los demás datos genera certeza de los hechos. De igual manera, se tiene que los agentes ministeriales al ser las personas que de forma personal llevaron a cabo la detención del hoy quejoso, se justifica la verosimilitud de su presencia en el lugar relativo, por estar previsto en el artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como corolario debe decirse que tales datos involucran, en sí, la actuación practicada por autoridad en ejercicio de su función policial, en particular, la de investigación de los hechos ilícitos, de ahí que, en esas condiciones, tiene eficacia para la propia indagación, lo que es lógico y jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la policía es una institución a la que le compete la investigación de delitos, lo que significa que su actuar es el de un órgano de autoridad que cumple con un deber legal, esencialmente, por ser el legalmente facultado al respecto, de ahí que, desde luego, es absolutamente racional el que la ley atribuya valor probatorio a tales actuaciones, porque si ningún valor se les pudiera dar, la investigación resulta inútil. Ahora bien, cabe señalar que el defensor particular, en vía de lectura, incorporó las declaraciones respecto del día de los hechos, rendidas por parte de familiares del hoy quejoso, con las cuales contradijo el contenido del informe realizado por los agentes captores; sin embargo, a criterio del juez de control responsable, dichas declaraciones no fueron suficientes para desvirtuar el contenido del parte informativo de referencia, pues no hubo elementos que comprobaran las circunstancias a que hicieron referencia dichos testigos, contrario a lo cual, sí existen elementos que corroboran el contenido del informe vertido por los agentes investigadores, como lo son la mochila asegurada, así como los envoltorios contenidos en la misma. Sobre el particular, son de citarse las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "POLICÍAS, TESTIMONIOS DE LOS. Los dichos de los agentes de la autoridad sobre hechos relacionados con el delito imputado, constituyen testimonios sujetos a los principios y normas reguladores de la prueba, independientemente del carácter oficial de quien declaran." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011. Tomo: III. Penal Primera Parte - SCJN Sección - Adjetivo. Tesis: 530. Página: 486.) "POLICÍAS, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Es inexacto afirmar que el testimonio de policías que participen en la aprehensión del inculpado sea inoperante porque aquellos carezcan de "probidad", independencia e imparcialidad, si estos adjetivos no encuentran apoyo alguno en autos y debe suponerse precisamente lo contrario, pues son testigos de calidad en tanto que estuvieron en el momento de los hechos; máxime si su declaración se corrobora con el propio dicho del inculpado." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 43, Segunda Parte. Página: 30.) Por lo anterior, como bien lo concluyó la responsable, en el caso hay datos suficientes para estimar que se detuvo a la parte quejosa en flagrancia delictiva, en el particular, al momento de cometer el hecho que la ley señala como delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la variante de finalidad de venta, materia de la causa penal de origen, y como adecuadamente se justificó, en el caso se actualizó la hipótesis de flagrancia prevista en los artículos 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que existe flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. Al respecto, el máximo Tribunal de nuestro País ha establecido, en resumen, que el artículo 16 de la Constitución Federal consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales está el derecho a la libertad personal. Asimismo, la estructura de este precepto constitucional se traduce en dos distintas formas de proteger los derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente, y los párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas; es decir, en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones. Señala también que, en materia de libertad personal, la norma fundamental delimita exhaustivamente los supuestos que permiten su afectación, a saber, 1. La orden de aprehensión, 2. Las detenciones en flagrancia y 3. Caso urgente. De igual manera, indica que el escrutinio judicial en materia de detenciones debe ser la condición rectora y preferente de este régimen, es decir, de principio, toda detención debe estar precedida por la autorización de un juez, salvo cuando se actualizan los supuestos excepcionales previstos por el mismo artículo 16 constitucional, como las detenciones en flagrancia. Luego, de acuerdo con la connotación acogida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un delito flagrante se configura cuando es tan evidente e inconfundible, que cualquiera es capaz de apreciarlo por los sentidos y llegar a la convicción de que se está en presencia de una conducta prohibida por la ley y, para reconocerlo, no se necesita ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado: la obviedad inherente a la flagrancia tiene una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta el sujeto aprehensor. Así, para que la detención en flagrancia pueda ser válida, es decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía, tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia que se delimita en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, esto es, tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: - La autoridad o cualquier persona puede aprehender al aparente autor del delito (indiciado) si observa directamente que en ese preciso momento se está cometiendo. - La autoridad o cualquier persona puede detener al autor del delito a fin de aprehenderlo inmediatamente después de haberlo cometido. Apoya a lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo registro: 2010963, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, tesis: 1a. XXV/2016 (10a.). Página: 671.), cuyo rubro y texto son los que siguen: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia." En el caso en estudio, se actualiza el primero de los supuestos antes apuntados, el cual encuentra sustento en la jurisprudencia bajo registro digital: 2007357, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: (V Región) 5o. J/5 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2210, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DETENCIÓN DEL INCULPADO. SI LOS ELEMENTOS APREHENSORES QUE REALIZABAN LABORES DE VIGILANCIA OBSERVARON QUE ÉSTE, AL NOTAR SU PRESENCIA, ADOPTÓ UNA ACTITUD EVASIVA Y AL PRACTICARLE UNA REVISIÓN PRECAUTORIA SE PERCATAN DE QUE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO EN FLAGRANCIA (POSESIÓN DE NARCÓTICOS), AQUÉLLA NO ES ARBITRARIA. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constituyente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo -consecuencia del primero-, lo constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión observan la comisión de algún ilícito." Por tanto, sólo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagrancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 constitucional, la detención sin orden de autoridad judicial se admite cuando se realiza, como en el particular acontece, "La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis"; esto es, como lo explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el autor es sorprendido en el momento de consumación de la acción delictiva, en el caso, al haber sido detenido con motivo de la revisión surgida por la conducta sospechosa del sujeto al ser observado por los agentes ministeriales, revisión de la cual se obtuvieron paquetes de plástico cuyo contenido se trató de una hierba verde, con las características de la marihuana, por lo que resulta constitucional la decisión del juez de control, que la detención fue realizada legalmente. En efecto, se estima correcta la apreciación del juez responsable al determinar de legal la detención del quejoso, pues fue congruente con los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia inicial, los cuales fueron apreciados correctamente bajo las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia; ya que los mismos resultan verosímiles y son suficientes para establecer que la detención se llevó a cabo conforme a los parámetros constitucionales y legales, en un supuesto de flagrancia, puesto que, se insiste, el indiciado fue sorprendido en el momento de la comisión del delito. Razones por las cuales fue correcto que el juez responsable calificara como legal la detención del quejoso, en términos de los numerales 16, párrafo quinto constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen su competencia para resolver sobre el control de detención y para calificar la legalidad de esta, cuando se actualiza un supuesto de flagrancia. Por lo que respecta al plazo constitucional de retención, entendiendo este tópico como el examen de los datos fácticos de la detención, puesta a disposición de la parte indiciada ante el Ministerio Público, y la consignación ante la autoridad jurisdiccional dentro del término de cuarenta y ocho o noventa y seis horas que cuenta la fiscalía para resolver la situación jurídica de la parte indiciada. Cabe puntualizar que, de los datos de prueba a que se refirió el representante social, los agentes ministeriales previa lectura de derechos, llevaron a cabo la detención del hoy quejoso, el día catorce de junio de dos mil veintitrés, a las once horas con dieciocho minutos, poniéndolo a disposición de la agente del Ministerio Público a las catorce horas con cuarenta y dos minutos de ese mismo día y este a su vez, luego de recabar las diligencias de investigación correspondientes, lo puso a disposición del Juez de Control a las trece horas con veinte minutos del dieciséis de junio de misma anualidad, cumpliendo con ello con el término de cuarenta y ocho horas establecido en el párrafo décimo del citado artículo 16 constitucional. Con lo anterior, se satisfacen los requisitos constitucionales referentes al plazo de detención del hoy quejoso ante la autoridad ministerial. Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la tesis bajo registro digital: 2003545, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CLXXV/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 535, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica -de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal-. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras." SÉPTIMO. Del análisis de los conceptos de violación. Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14, 16, 19 y 20 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación relacionados con la calificación de la detención de la parte quejosa, los cuales se pueden resumir en los siguientes: El juez responsable, no valoró adecuadamente, ni consideró como válidas las declaraciones en vía de entrevista, vertidas por familiares del quejoso ante el defensor particular de aquel, pese a que fueron armoniosas entre sí, datos de prueba que admitió su incorporación a través de la lectura, sin embargo, los desestimó precisamente por provenir de familiares, por lo que se resolvió sin tomar en cuenta dichos datos de prueba. El juez responsable violó la garantía de Legalidad y Seguridad Jurídica, contemplada en el artículo 16 Constitucional, pues no existió motivo para realizar el acto de molestia consistente en la detención, a pesar de que lo anterior se advierte del informe policial homologado rendido por los agentes captores. Es infundado el primer concepto de violación expresado por la parte quejosa. Lo anterior es así pues las declaraciones que en vía de entrevista realizaron los familiares del hoy quejoso, efectivamente como lo estimó el juez responsable en su resolución, no se corroboran con algún otro dato que les de sustento, esto es, no se ofertó dato alguno que pudiera demostrar que el día de los hechos, esas personas se encontraban en el exterior del domicilio señalado, realizando la venta de ropa usada que refieren, o bien la existencia del numerario que aseguran fue tomado por parte los agentes, es decir, que demuestren las circunstancias periféricas y concomitantes que pudieran aportar credibilidad al dicho de esas personas, con lo cual pudiera contrarrestar efectivamente la información que rindieron los agentes captores en su acta, quienes actuaron en su calidad de autoridad. Por lo anterior, no le asiste razón jurídica a la parte quejosa cuando refiere que el juez responsable hizo una valoración incorrecta de los datos de prueba consistente en las declaraciones vía entrevista por parte de los familiares del quejoso, ya que dicha valoración, como se desprendió del análisis que de manera oficiosa se hizo al acto reclamado en párrafos anteriores, fue realizada cumpliendo los parámetros legales para ello. Se estima igualmente infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso bajo el número dos. Lo anterior se asevera, toda vez que como lo precisó la autoridad responsable, en el caso en estudio quedó debidamente acreditada la flagrancia, puesto que de los antecedentes vertidos en la audiencia inicial por parte de la representación social, los agentes investigadores primeramente se percataron de la conducta sospechosa que presentó el hoy quejoso al ver las patrullas, agentes que una vez que observaron los envoltorios que se cayeron de la mochila que aquel traía consigo, hicieron la revisión correspondiente y su consecuentemente llevaron a cabo su detención. Así, a pesar de que el quejoso afirma, que dichos agentes no contaban con orden judicial para llevar a cabo la detención, al quedar acreditada la flagrancia, en términos del artículo 146 fracción I, en relación con el artículo 16 constitucional, numerales transcritos con antelación, es que dicha orden judicial no era necesaria para llevar a cabo la detención reclamada. Por todo lo anterior, se revela lo infundado de los conceptos de violación referidos a la calificación de la detención aquí reclamada, por lo que lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por tanto, contra lo estimado por la parte quejosa, se concluye que el acto reclamado consistente en la calificación de legalidad de la detención, se encuentra ajustado a derecho tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las circunstancias que dieron certeza a la figura de la flagrancia, lo que trajo consigo la detención del quejoso, así como la puesta a disposición del mismo ante el agente del Ministerio Público, y posteriormente ante el Juez de Control para controlar la legalidad de dicha detención. En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio la declaración de legal detención, reclamado en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en los párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social número Cinco, con sede en Nuevo casas Grandes, Chihuahua, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a , contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez, hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Titular del Centro de Readaptación Social Estatal numero 5; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Titular del Centro de Readaptación Social Estatal numero 5; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual se le tiene ofreciendo escrito de alegatos, así como la documental consistente en: a). Disco Compacto.- Que contiene la audiencia de control de detención e imputación de la causa penal *******, del Juzgado de Control de Distrito Judicial Galeana. b) Documental.- Consistente en copia certificada de los resolutivos dictados en la audiencia de control detención de la causa penal *******, del Juzgado de Control de Distrito Judicial Galeana. En ese sentido, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. En otro orden, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, de autos se desprende que la autoridad responsable Director Centro de Readaptación Social Estatal 5, con Residencia en Ciudad Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no ha rendido informe justificado, ni obra constancia de su requerimiento. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable Director Centro de Readaptación Social Estatal 5, con Residencia en Ciudad Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para que rinda su informe justificado, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En consecuencia, a efecto de llevar a cabo la celebración de la citada audiencia, se señalan las nueve horas con treinta minutos del ocho de septiembre dos mil veintitrés, para su desahogo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable de mérito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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