Sara Abigail Castro González y Otros.
Expediente 561/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Chihuahua
- Sara Abigail Castro González y Otros.
- Sara Abigail Castro González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de octubre de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia********************Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.********************Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo********************/2022-IV, promovido por ******************** y ********************, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua.********************Resultando********************Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado al día siguiente hábil, ******************** y ********************, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo.********************Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 28, último párrafo, 31, fracción IV y 11********************, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo********************/2022-IV, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia.********************Considerando********************Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 12******************** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción.********************Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio:********************a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición del siguiente ordenamiento legal:********************- Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., que contiene la Ley Estatal de Derechos, específicamente su sección tercera, relativa al derecho del registro público de la propiedad, previsto en el artículo 29, fracciones I, II, IV y V.******************** b) De la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, la promulgación del ordenamiento legal descrito en el inciso que antecede.********************Tercero. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso y el Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, del Decreto impugnado.********************Además, la existencia de dicho ordenamiento legal reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del mismo, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto.********************Es aplicable la jurisprudencia 6********************/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: ********************PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo.********************Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 6********************, registro 233090, página 1********************, que estatuye: ********************LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba.********************Cuarto. Precisión especial. Es necesario precisar que en atención a que este juicio de amparo se promovió contra un ordenamiento legal de carácter general (indicado en el considerando segundo), con motivo del que la parte quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación:********************1.- En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, ********************2.- Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y********************3.- De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación.********************Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece:********************LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.****************************************Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23********************, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes:********************LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-199********************, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.****************************************Quinto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En relación con la quejosa ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, del mismo ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario, que disponen lo siguiente:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.********************Artículo 107. El amparo indirecto procede:****************************************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.****************************************Conforme al primero de dichos numerales, el juicio de amparo es improcedente, cuando tal improcedencia derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, en un precepto diverso.********************Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales que por su sola entrada en vigor (autoaplicativas), o bien, con motivo de su primer acto de aplicación (heteroaplicativas), causen algún perjuicio al quejoso.********************En el caso, la quejosa ********************, promovió este juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad del Decreto indicado en el considerando segundo, en su carácter de heteroaplicativo, esto es, con motivo del que consideró fue el primer acto de aplicación del mismo.********************Lo anterior es así, pues al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente:********************El 21 de octubre de 2021 firmé contrato de traslación de dominio y/o hipoteca el cual fue otorgado en escritura pública cuyo número desconozco en la Notaría Pública Número ******************** este distrito Judicial Bravos.********************Recientemente, se realizaron DOS pagos de derechos de inscripción de tal acto de traslación de dominio y/o hipoteca y de Impuesto Universitario, y esto sucedió ante la oficina llamada Registro Público de la Propiedad.********************Tal información se desprende de los comprobantes de pago emitidos por gobierno del estado de Chihuahua; es decir, la fecha, las cantidades y quién las realizó (.)********************Asimismo, mediante escrito recibido en este Juzgado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa exhibió los siguientes certificados de pago, ante la Oficina Recaudación de Rentas de esta ciudad:********************NÚMERO DE OPERACIÓN********************268************************************************************2********************268****************************************20********************268********************490****************************************CONTRIBUYENTE****************************************************************************************************************************************************************FECHA********************06-MAYO-2022********************06-MAYO-2022********************06-MAYO-2022****************************************PAGO POR TRASLACIÓN DE DOMINIO********************$ ********************$********** ********************$********** ****************************************DESCUENTO********************$********************$.********************0********************$8,604.********************0****************************************PAGO POR IMPUESTO UNIVERSITARIO********************$********************$********************$4************************************************************Tales pagos, por concepto del derecho a pagar por actos traslativos de dominio a inscribir en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, aparecen realizados, exclusivamente, por el diverso quejoso ********************, sin que la quejosa ********************, haya aportado diverso concepto de violación para demostrar que el Decreto reclamado se aplicó en su esfera jurídica, mediante el pago del derecho ahí previsto.********************Así pues, se actualiza la causal de improcedencia invocada y en relación con la quejosa ********************, se sobresee en este juicio de amparo.********************Por otra parte, en relación con el quejoso ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, párrafo XIV, de la Ley de Amparo, que determina lo siguiente:********************Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.****************************************(.)********************Esto es, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promovió dicho medio de defensa extraordinario dentro de los plazos previstos para ello.********************Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:********************Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:****************************************I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;****************************************II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;****************************************III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;****************************************IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.****************************************Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.****************************************Conforme a dichas normas, el término genérico para promover el juicio de amparo, en este caso, puesto que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere el numeral 17, es de quince días; el cual, conforme al precepto 18, entre otros supuestos, se contará a partir de que el quejoso se ostente sabedor del mismo.********************En el caso, el quejoso reclamó el Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., que contiene la Ley Estatal de Derechos, específicamente su sección tercera, relativa al derecho del registro público de la propiedad, previsto en el artículo 29, fracciones I, II, IV y V; esto, con motivo del primero acto de aplicación de dicho ordenamiento legal, el cual hizo consistir en la autoliquidación de tal derecho.********************Al respecto, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente, en relación con los antecedentes de los actos reclamados:********************El 21 de octubre de 2021 firmé contrato de traslación de dominio y/o hipoteca el cual fue otorgado en escritura pública cuyo número desconozco en la Notaría Pública Número ******************** de este distrito Judicial Bravos.********************Recientemente, se realizaron DOS pagos de derechos de inscripción de tal acto de traslación de dominio y/o hipoteca y de Impuesto Universitario, y esto sucedió ante la oficina llamada Registro Público de la Propiedad.********************Tal información se desprende de los comprobantes de pago emitidos por gobierno del estado de Chihuahua, es decir, la fecha, las cantidades y quién las realizó las desgloso en la siguiente tabla:********************Nombre.********************Día de conocimiento del pago.********************Cuotas aplicadas por inscripción de traslación de dominio.********************Notaría Pública.************************************************************ y/o ****************************************2******************** de Junio de 2022********************$********** pesos, traslación de dominio, $********** Impuesto Universitario********************$********** pesos, traslación de dominio, $********** Impuesto Universitario********************Notaría Pública ******************** distrito Judicial Bravos.************************************************************Esto es, el quejoso aduce que tuvo conocimiento del pago que realizó el Notario Público número ******************** para el Distrito Judicial Bravos, por concepto de derecho por inscripción de actos traslativos de dominio, el veinticinco de junio de dos mil veintidós, de manera que, la demanda de amparo que originó este asunto y que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintisiete de junio del mismo año, se promovió en tiempo.********************Sin embargo, posteriormente, exhibió digitalización de los siguientes certificados de pago ante la Oficina de Recaudación de Rentas en esta ciudad, dependiente de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua:********************NÚMERO DE OPERACIÓN********************268****************************************20********************268********************490****************************************CONTRIBUYENTE************************************************************************************************************************FECHA********************06-MAYO-2022********************06-MAYO-2022****************************************PAGO POR TRASLACIÓN DE DOMINIO********************$********************$****************************************DESCUENTO********************$.********************0********************$.********************0****************************************PAGO POR IMPUESTO UNIVERSITARIO********************$********************$************************************************************Respecto de tales certificados de pago, en el escrito recibido en este Juzgado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, mediante el cual exhibió dichas documentales, manifestó bajo protesta de decir verdad, que los mismos coinciden íntegramente con los originales identificados con número de operación 268****************************************20 y 268********************, con lo cual dio cumplimiento al artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por lo tanto merecen valor probatorio pleno como documentos públicos, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles.********************Esto es, no cabe duda de que el quejoso ******************** se autoliquidó el Derecho tildado de inconstitucional, esto es, la norma que lo prevé se concretizó en la esfera jurídica del quejoso, precisamente, a través de dicho acto de aplicación, lo cual se demuestra, se insiste, fehacientemente, pues el propio quejoso exhibió los documentos que así lo demuestran; sin que, por el contrario, el quejoso haya demostrado, de manera alguna, que él no realizó tales pagos y que de ellos tuvo noticia, como indica, hasta el veinticinco de junio de dos mil veintidós, sino que solo lo afirmó y frente a tal afirmación sin sustento, constan los documentos públicos con valor probatorio pleno ya descritos.********************Así pues, si el derecho tildado de inconstitucional se pagó el seis de mayo de dos mil veintidós, el término genérico de quince días para promover el juicio, con motivo del primer acto de aplicación del Decreto reclamado, comenzó a transcurrir del nueve al veintisiete de mayo de dos mil veintidós, sin contar los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de mayo del mismo año, por ser inhábiles (sábados y domingos).********************De manera que, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de junio del año en curso, este juicio de amparo no se promovió dentro del término de quince días a que se refieren los citados artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo y conforme al citado numeral 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento legal, se determina que el primer acto de aplicación del Decreto reclamado, fue consentido.********************En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, en relación con dicho primer acto de aplicación, pero también en relación con el mencionado Decreto, pues como se estableció en el considerando cuarto, la técnica para resolver el juicio de amparo contra leyes, reclamadas en su carácter de heteroaplicativas, como en el caso, implica que, si se actualiza una causal de improcedencia en relación con el primer acto de aplicación, debe sobreseerse no solo respecto de dicho acto, sino también de la Ley que lo prevé y que se tildó de inconstitucional.********************Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 7********************, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:********************Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ******************** y ********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos del considerando quinto.********************Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.********************Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las nueve horas con treinta minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional del presente asunto. Sin embargo, también se advierte que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan del informe con justificación rendido por la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con residencia la ciudad del mismo nombre, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/MJHC
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil veintidós. Informe Justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado, remitido vía telegrama, que rinde la autoridad responsable, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga; lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica en su informe justificado. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/MJHC
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