Santiago Villalva Prudente
Expediente 307/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santiago Villalva Prudente
- Juez de Primera Instancia En Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo Con Residencia En Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos sin proveer respecto al oficio signado por la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero; en razón de que el diecinueve del mes actual, se dictó la sentencia correspondiente.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 307/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Santiago Villalva Prudente, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Ordenadora: 1. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. Ejecutora: 2. Coordinador de Seguridad Pública del Ayuntamiento del municipio de Ometepec, Guerrero. Actos Reclamados: "(.) orden de arresto, de fecha cuatro de marzo del año en curso, (2016), girada en mi contra, por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en la ciudad de Ometepec, Guerrero, señalada como Ordenadora, orden que se giró dentro de la causa penal 067/2008, que por el delito de despojo se instruyó en mi contra (.), así como la ejecución (.)" SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada en el libro de gobierno con el número 307/2016; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al fiscal adscrito al juzgado responsable la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar a los terceros interesados y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción l y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se trata de un acto privativo de la libertad emitido después de concluido el juicio, considerado de imposible reparación cuya emisión se reprocha a una autoridad del orden penal, con sede en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama del Juez responsable la orden de arresto por treinta y seis horas decretado en auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 67-I/2008, instruida en su contra por el delito de despojo en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica y su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables al rendir su informe con justificación, manifestaron que es cierto el acto reclamado; certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal de origen, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 63, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Es decir, conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Luego, como se indicó el quejoso reclama en esta vía constitucional la orden de arresto por treinta y seis horas decretado en auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 67-I/2008, instruida en su contra por el delito de despojo en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica y su ejecución. Sin embargo, mediante telegrama y oficio recibidos el trece de septiembre de dos mil dieciséis, registrados en la libreta de correspondencia común de este Juzgado con los números 17200 y 17238, el Juez responsable remitió copia certificada entre otras actuaciones del acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el incidente de restitución del bien inmueble promovido en la causa penal 67-I/2008, por el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado en representación de los agraviados, la cual goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, de la que se aprecia que dejó sin efectos la orden de arresto que en esta vía se reclama decretada en auto de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en virtud de que el aquí quejoso acudió a la audiencia incidental verificada el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, cuya incomparecencia con anterioridad motivó el citado arresto y el tres de junio siguiente resolvió el aludido incidente; prueba documental que este órgano de control constitucional toma en consideración para resolver el sentido de este asunto, no obstante que se exhibió con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, con apoyo en la jurisprudencia número 25/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1279, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Luego, tomando en consideración que la orden de arresto reclamada se dejó sin efectos; se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo al quejoso, en el mismo estado en que se encontraba antes de que se emitiera, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Lo anterior, se estima así porque si a la fecha en que se promovió el juicio de amparo (veintiocho de marzo de dos mil dieciséis) el acto imputable a dicho Juez existía en la vida jurídica, con la emisión de la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciséis, se produjo una situación jurídica que destruyó los efectos de los actos reclamados, provocando la desaparición de la causa que motivó el juicio de amparo, con la cual se repuso al quejoso en el goce de su garantía violada. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del juicio; el cual se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable Coordinador de Seguridad Pública del municipio de Ometepec, Guerrero, dado que no fue reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la autoridad ordenadora. Apoya la anterior consideración la tesis 647, visible en la página 434, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : UNICO. Se sobresee el juicio de amparo número 307/2016, promovido por Santiago Villalva Prudente, contra el acto, autoridades responsables y por los motivos reseñados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así, lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, asistido de la licenciada Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA ALA PARTE TERCERO INTERESADA RAÚL APONTE OCAMPO Y MARÍA ROSA GARCÍA GATICA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CUYO PUNTO RESOLUTIVO ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: "...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...RESUELVE:... ÚNICO: SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 307/2016, PROMOVIDO POR SANTIAGO VILLALVA PRUDENTE, CONTRA EL ACTO, AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LOS MOTIVOS RESEÑADOS EN EL CONSIDERANDO ÚLTIMO DE ESTA SENTENCIA...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS...
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