Santiago Villalva Prudente
Expediente 953/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santiago Villalva Prudente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos se aprecia que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, en Ometepec, Guerrero, en proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, adjuntó como sustento a su informe justificado en dos tomos el duplicado de la causa penal 67/2008-I, las cuales resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. En virtud que no existe actuación alguna por cumplimentar, devuélvase el expediente al archivo por tratarse de un asunto concluido. Cúmplase.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero; en atención a su contenido, téngasele por informando que el plazo de quince días otorgado al quejoso Santiago Villalva Prudente, en autos de la causa penal número 67/2008-I, a fin de entregar el bien inmueble, ya feneció sin que así lo hiciera. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAÚL APONTE OCAMPO Y MARÍA ROSA GARCÍA GATICA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".... VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 953/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Santiago Villalva Prudente, por propio derecho, presentó demanda de garantías contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1.- Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo. Ejecutoras: 2.- Coordinador de Zona la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. 3.- Coordinador de Zona la Policía Ministerial del Estado, responsable de la Coordinación Regional (Región Costa Chica). Todos con residencia en Ometepec, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "(.)La ilegal, infundada y arbitraria orden de reaprehensión, girada en mi contra, por la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en la ciudad de Ometepec, Guerrero, (.) así como la ejecución de dicha orden de reaprehensión (.)" SEGUNDO.- Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil doce se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 953/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción del juzgado responsable la intervención legal correspondiente, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido dentro de un juicio del orden penal que se tramita ante una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Santiago Villal Prudente reclama del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, una orden de reaprehensión, dictada dentro de la causa penal 67/2008-I, que se les instruye por el delito de despojo, en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica, y su ejecución. TERCERO.- SON CIERTOS los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo y al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional (Región Costa Chica), residentes en Ometepec, Guerrero, pues al rendir su respectivo informe con justificación, así lo reconocieron expresamente; certeza que se corrobora además, con las copias certificadas derivadas de la causa penal número 67/2008-I, que acompañó a su informe el citado juez, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Por su parte el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, al haber aceptado la autoridad ordenadora la orden de reaprehensión que se le reclama, ésta en su carácter de ejecutora como fue designada en el presente asunto puede de un momento a otro recibir órdenes para llevar a cabo su cumplimiento, por lo que es procedente tener por cierto el acto de ejecución que se le reclama. CUARTO. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede al análisis de los conceptos de violación. En tal virtud, se anticipa que el único concepto de violación deviene infundado, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo; por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. De los antecedentes directos de la orden de reaprehensión cuestionada, que se extraen de las actuaciones que conforman la causa penal 67-1/2016, que se le instruye al aquí quejoso, valoradas en el considerando que antecede, se destaca: Mediante pedimento número 058/2008, el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común, residente en Ometepec, Guerrero, consignó sin detenido, la averiguación previa ABAS/SC/04/077/2006, y ejerció acción penal y de reparación del daño en contra de Santiago Villalva Prudente, como probable responsable del delito de despojo, en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica (fojas 1 a 5 del tomo I). Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil ocho, el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, inició la causa penal 67/2008-I de su índice (foja 322 del tomo I); y en resolución de dieciocho de abril de esa anualidad libró orden de aprehensión en contra del referido quejoso por el ilícito de despojo (fojas 325 a 369 del tomo I). Mediante oficio CRPM/DJA/363/2008 de veinte de julio de dos mil ocho, el Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, en la Región de la Costa Chica, dejó a disposición del juez de la causa interno en el Centro de Reinserción Social de Ometepec. Guerrero, al ahora quejoso, y el veintidós de ese mismo mes, con las formalidades de ley rindió su declaración preparatoria; el juez le otorgó el beneficio de la libertad provisional bajo caución y la condicionó a exhibir la cantidad de $18,000.00 pesos (dieciocho mil pesos 00/100 moneda nacional), desglosados de la siguiente manera; $9, 170.00 (nueve mil ciento setenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pena pecuniaria y $8,830. 00 (ocho mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar las obligaciones procesales (fojas 416, 421 a 424 vuelta del tomo I). Mediante comparecencia de veintidós de julio de dos mil ocho, el Juez tuvo al quejoso exhibiendo la cantidad que se le fijó para gozar de la libertad provisional bajo caución, en la que se le hicieron saber las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, entre las que destaca, la de firmar el libro de control de procesados bajo fianza los días viernes de cada semana (foja 428 del tomo I). En resolución de plazo constitucional de veintiséis de julio de dos mil ocho, el juez responsable decretó auto de formal prisión contra el quejoso por el delito de despojo en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica. Seguido que fue el procedimiento en todas sus etapas el treinta de marzo de dos mil diez, el Juez dictó sentencia definitiva en la que estableció que el quejoso es penalmente responsable del delito de despojo y lo condenó a cinco años de prisión y una multa de doscientos días multa, asimismo, lo condeno al pago de la reparación del daño (fojas 693 a 770 del tomo I). La parte quejosa inconforme con la anterior determinación interpuso recurso de apelación, por lo que en resolución de veintiséis de octubre de dos mil diez, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió sentencia en el toca penal 1056/2010, en la que dejó insubsistente la resolución de primera instancia y ordenó la reposición del procedimiento, a partir del auto de cuatro de enero de esa anualidad (fojas 790 a 806 tomo I). El seis de octubre de dos mil once, el Juez de Primera Instancia emitió nueva sentencia definitiva en la causa penal 67/2008-I, en estableció que el quejoso es penalmente responsable del delito de despojo y lo condenó a siete años y tres meses de prisión y una multa de cuatrocientos treinta días multa, asimismo, lo condeno al pago de la reparación del daño (fojas 870 a 964 del tomo II). Inconforme con la anterior determinación el sentenciado ahora quejoso interpuso recurso de apelación, tocando conocer a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual quedo registrado con el toca penal II-168/2012, y por resolución de cinco de junio de dos mil doce, resolvió el referido medio de impugnación, en la que modifico la sentencia de primera grado únicamente respecto a la penalidad y sanción de multa, para que quedará en una condena de cinco años de prisión y multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la época de la comisión del delito (fojas 1012 a 1120 del tomo II). En cumplimiento a la ejecutoria de siete de marzo de dos mil trece, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, relativo al juicio de amparo directo 457/2012, que promovió Santiago Villal Prudente en contra de la anterior determinación del tribunal de alzada del fuero común, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, emitió sentencia de veinticinco de marzo de esa anualidad, dejó insubsistente la sentencia de segundo grado (cinco de junio de dos mil doce) y ordenó la reposición para el desahogo de pruebas a fin de que se conociera el estado de salud del sentenciado (fojas 1150 a 1180 del tomo II). El catorce de octubre de dos mil catorce, la Primera Sala Penal emitió una nueva sentencia en el toca penal II-168/2012, bajo los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE: PRIMERO.- Por los razonamientos plasmados en la presente resolución SE MODIFICA el tercero y undécimo puntos resolutivos de la sentencia definitiva condenatoria, de seis de octubre de dos mil once, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Abasolo, en la causa penal 067-I/2008, instruida en contra de SANTIAGO VILLALVA PRUDENTE, por el delito de DESPOJO, en agravio de RAÚL APONTE OCAMPO y MARÍA ROSA GARCÍA GATICA, para quedar como sigue: SEGUNDO.- Por la comisión del delito y agraviados precisados en esta resolución, se condena al sentenciado SANTIAGO VILLALVA PRUDENTE a una sanción consistente en CINCO AÑOS DE PRISIÓN y al pago de una multa de doscientos días de salario mínimo vigente en la época de la comisión del delito,(.). TERCERO.- Se sustituye la pena corporal impuesta al acusado por una medida de seguridad consistente en vigilancia de la autoridad, .en la inteligencia que el anterior beneficio solo procede siempre y cuando el acusado restituya a los agravados los inmuebles materia del delito (.)" (fojas 1260 a 1418 del tomo II). Por auto de siete de siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez penal requirió al secretario de su adscripción certificara si el sentenciado había incumplido con las obligaciones procesales que le fueron impuestas al otorgársele la libertad caucional, así como si había realizado la entrega del inmueble a favor de los agraviados; consecuentemente, en acuerdo diversos pero de esa misma data, al haber dado fe dicho funcionario que el sentenciado no se presentó a firmar el libro de control de procesados, así como tampoco ha restituido el inmueble a los agraviados ni se ha acogido a ninguno de los beneficios que le fueron otorgados en sentencia de catorce de octubre de dos mil catorce, por la Primera Sala Penal, se revocó el beneficio de la libertad otorgado y ordenó la reaprehensión de Santiago Villalva Prudente, en términos de lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Por comparecencia de catorce de octubre del año en curso, el quejoso compareció bajo los efectos de la suspensión concedida en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, para la continuación de la causa penal de origen, que se le instruye por el delito de despojo, en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica (foja 1449 del tomo II), asimismo, por diverso acuerdo de esa misma data la Juez ordenó la detención legal del promovente del amparo con motivo de la orden de reaprehensión de siete de septiembre de dos mil dieciséis que se giró en su contra, la cual constituye el acto reclamado en el presente asunto y ordenó la cancelación dicho mandato de captura y concedió al quejoso de nueva cuenta un término de quince días para que restituya el inmueble a los agraviados y así pueda a cogerse a cualquiera de los beneficios otorgados en sentencia de catorce de octubre de dos mil catorce, por la Primera Sala Penal, por lo que se giró oficio al Agente del Ministerio Público de la adscripción a fin de que diera dejara sin efectos la citada orden de reaprehensión (fojas 1456 y 1459 del tomo II). Ahora, de los antecedentes antes relacionados sacados de la causa penal de origen, no se advierte que en el caso haya concurrido la causal de improcedencia del juicio de amparo establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no obstante que el Juez en auto de catorce de octubre del año en curso dejó sin efectos la orden de reaprehensión reclamada en presente asunto y no solo suspendió dicho mandamiento de captura; sin embargo, quedó firme la determinación de hacer efectiva la caución exhibida por el quejoso para que gozara del beneficio de la libertad provisional bajo caución, en relación al concepto de obligaciones procesales, pues de ello nada dijo, por lo que no puede considerarse que se han destruido todos los efectos del acto reclamado, como lo establece la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 282, del Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL ORDENA SU SUSPENSIÓN, PORQUE EL QUEJOSO COMPARECE AL PROCESO BAJO LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA EN EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA ESA MISMA ORDEN Y, POR ENDE, NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La causal de improcedencia del juicio de amparo relativa a la cesación de efectos del acto reclamado -prevista por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo-, no se actualiza cuando en un proceso penal en el que se dicta orden de reaprehensión, por incumplimiento a las obligaciones procesales derivadas del beneficio de libertad provisional bajo caución -entre ellas, comparecer a las diligencias judiciales-, pero el procesado se presenta ante el juez de la causa penal para la continuación del procedimiento, bajo los efectos de la suspensión provisional que le fue concedida con motivo del juicio de amparo que promovió contra aquella determinación, y la autoridad judicial declara "suspendida" la orden reclamada y, por ende, no procede el sobreseimiento en el juicio de garantías. Esto es así, por las razones siguientes: 1) la declaratoria de suspensión del acto reclamado, por parte de la autoridad judicial responsable, únicamente constituye el reconocimiento de la suspensión provisional que del mismo acto previamente ya había concedido el juez de distrito que conocía del amparo promovido contra la orden de reaprehensión; 2) la comparecencia del quejoso ante el juez de la causa penal solamente obedece al cumplimiento de la obligación impuesta por la autoridad del amparo, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, a efecto de mantener subsistente la suspensión provisional del acto reclamado; 3) el empleo del vocablo "suspender" exclusivamente implica detener o diferir por algún tiempo la ejecución del acto reclamado; y, 4) dicha suspensión de ninguna manera genera la destrucción total del acto reclamado, porque la orden de reaprehensión constituye solamente una consecuencia de la revocación del beneficio de libertad provisional bajo caución, pero que mantiene un vínculo indisoluble con otras que son propias y resultantes de dicha revocación, relativas a la declaratoria de incumplimiento de alguna de las obligaciones procesales derivadas de la concesión de dicho beneficio y la determinación de hacer efectiva la caución exhibida por ese rubro. De esta manera, si dichas consecuencias concurren al revocarse la libertad provisional bajo caución del procesado, aun en el supuesto de que la autoridad judicial responsable prescindiera de la ejecución material de la orden de reaprehensión, de ninguna manera puede estimarse que se han destruido todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de manera tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, que son los efectos que debe producir la causal de improcedencia por cesación de los efectos del acto reclamado. Aceptar como válida la postura contraria generaría la total negativa a la posibilidad de someter a examen de constitucionalidad la revocación del beneficio de libertad provisional bajo caución, derivada del incumplimiento a las obligaciones procesales." Por tanto, lo que procede es entrar al estudio de fondo de los actos que se reclaman en el presente asunto. Ahora bien, tomando en consideración las anteriores puntualizaciones, la orden de reaprehensión reclamada no resulta violatoria de los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que las constancias de autos corroboran que el juez responsable revocó la libertad caucional concedida al aquí quejoso y ordenó su captura, dado que incumplió las obligaciones impuestas (fojas 1441, 1443 y 1445 del tomo II). Cabe recordar que el catorce de octubre de dos mil catorce, la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al resolver el toca penal II-168/2012, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de primer grado, en la que modifico únicamente respecto de la penalidad y sanción pecuniaria, y condenó al quejoso a cinco años de prisión por ser responsable del delito de despojo, en agravio de Raúl Aponte Ocampo y María Rosa García Gatica. De modo que la libertad personal del quejoso se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar a su favor, al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que se le impusieron al otorgársele la libertad caucional, como lo es el de presentarse todos los viernes cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo caución, su conducta contumaz trajo como consecuencia la emisión de la reaprehensión del procesado con miras a levantar la suspensión del procedimiento, pues se ubicó en el supuesto a que se refiere el artículo 153, párrafo primero, en relación con los numerales 152, fracción II, y 150, fracción I, todos Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 153.- Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. (.)" "Artículo 152.- Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II.- Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal." "Artículo 150.- El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se le darán a conocer en la notificación del auto que la conceda: I.- Presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido (.)". Cabe destacar que en respeto al derecho de audiencia del quejoso, y siguiendo los lineamientos del criterio integrado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1374, del Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL DECRETARLA SIN RESPETARSE LAS GARANTÍAS DE PREVIA AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL PROCESO PENAL."; previo a emitir la orden de reaprehensión, el juez de la causa en diligencia de veintidós de julio de dos mil ocho, en la que tuvo a Santiago Villalva Prudente exhibiendo la caución que le fue fijada, le hizo saber las obligaciones procesales que le imponía el aludido numeral 150 del código adjetivo penal, entre las que está la prevista en su fracción I, atinente a la de presentarse los días fijos que le señalara el juzgado, en el caso, todos los viernes cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo caución; es decir, el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución quedó condicionado a que el procesado cumpliera con dicha obligación para que continuara disfrutando de su libertad personal. Pero aparece demostrado que el quejoso no cumplió la obligación antes apuntada, con el objeto de continuar el procedimiento seguido en su contra, por tanto, la reaprehensión fundamentada en el artículo 172, fracción I, del Código de Procedimientos Penales de esta Entidad Federativa, no viola los artículos 14 y 16 Constitucionales. En este punto, conviene destacar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), el derecho de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. En ese orden de ideas, es correcto el proceder del resolutor de orden común que ante el incumplimiento del quejoso de presentarse los días viernes de cada semana a firmar el registro de procesados bajo fianza que se lleva en el juzgado en el que se ventila la causa penal instaurada en su contra, procedió conforme a lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; por tanto, al quedar acreditado en la determinación reclamada que el Juzgador responsable se apoyó en la certificación asentada por su secretario de acuerdos, en la cual se hizo constar que el aquí quejoso había dejado de cumplir con la obligación antes descrita desde el trece de noviembre de dos mil catorce, y por ende, el mismo se encontraba a su disposición en cuanto a la continuación del proceso y su libertad personal, se colige que en el caso particular, se actualizaron las formalidades necesarias para que se librara el mandamiento de captura impugnado, máxime que previo a su emisión, el quejoso fue notificado personalmente en la propia data del acuerdo (de veintidós de julio de dos mil ocho) de las consecuencias que traería consigo el incumplimiento a dicha obligación procesal, es decir, que le sería cancelado el beneficio de su libertad caucional y su consecuencia de hacer efectiva la caución otorgada sólo en lo que respecta a la cantidad de $8,830.00 (ocho mil ochocientos treinta pesos 00/100 monada nacional) que exhibió para garantizar las obligaciones procesales o fianza personal. De ahí que al constatarse el conocimiento cierto de Santiago Villalva Prudente, de la obligación procesal impuesta en la diligencia de veintidós de julio de dos mil ocho, cuyo incumplimiento justifica la emisión de la orden de reaprehensión reclamada; debe sostenerse como correcto que el mandamiento de reaprehensión se fundara precisamente en el incumplimiento de dichas obligaciones, por lo cual debe concluirse que, contrario a lo argumentado en vía de concepto de violación, se observa que el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación y, por lo tanto, no se ve que con la misma se conculque en perjuicio del quejoso alguna garantía individual. En las narradas condiciones, debe decirse que el acto reclamado reúne las exigencias de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se demanda. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de las autoridades ejecutoras, en razón de que no se reclaman por vicios propios, sino que se hace derivar del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse; y, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Santiago Villalva Prudente, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero, por las razones señaladas en el último de los considerandos de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
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