Santiago Santoyo Corona

Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
908/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Santiago Santoyo Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito remitido vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual desahoga la vista en proveído inmediato anterior y al efecto informa la cuenta, clave y referencia bancaria que tiene su representada. Consecuentemente, con copia del escrito de cuenta y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase vía estafeta a las autoridades que enseguida se mencionan para que dentro del término de tres días contados a partir de aquel en que reciban el oficio respectivo, realicen lo siguiente: ... Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos indicados, sin causa justificada, se impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo y en su oportunidad se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE DICE: Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Santiago Santoyo Corona, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Regístrese en el libro de gobierno con el número 908/2023, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En razón a ello, se precisa que el acto reclamado lo constituye el auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 955-1/2019, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por el que se determinó no admitir la prueba confesional y declaración de parte con cargo a Stephanie Vargas Jiménez ofertada por la parte quejosa con motivo de la insubsistencia de la citación para ior sentencia. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en auto que no admite la prueba confesional y declaración de parte con cargo a Stephanie Vargas Jiménez, por estimarse extemporánea, ya que como lo refiere el quejoso, el juez de la causa le indicó que el haber dejado sin efectos la citación a las partes ara oír sentencia no daba lugar a que estas últimas tuvieran una nueva oportunidad para ofrecer pruebas, aunado que las que ordenó desahogar eran las que estimaba óptimas para la investigación de la verdad. A virtud de lo anterior, queda de relieve el hecho de que el auto que se pretende someter a control constitucional sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, que puede ser reparada con la obtención de una sentencia favorable, y que en caso de ser adversa constituiría una violación procesal reclamable hasta que se dicte resolución desfavorable de fondo a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo; por tanto, resulta claro que el acto reclamado por sí mismo, no lesiona los intereses de la parte quejosa de forma directa e inmediata. No pasan desapercibidas para este juzgador, las alegaciones vertidas por el promovente del amparo en torno a que el acto reclamado incide en la protección del interés superior del menor, toda vez que la litis del juicio natural versa sobre el hecho de quién de los dos progenitores debe conservar la guarda y custodia del menor afecto; sin embargo, si se toma en consideración que la intelección de lo narrado da cuenta que el juez de la causa ordenó desahogar pruebas para el esclarecimiento de la verdad y dilucidar sobre el fondo del asunto, dejando insubsistente el citación de las partes para oír sentencia, de ello se sigue que la admisión o no del medio de prueba que se pretende introducir novedosamente, no incide en un derecho sustantivo, toda vez que la facultad de las partes en ese y en cualquier contienda en la que se diluciden asuntos relacionados con menores, no es omnímoda. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad, y como autorizada en términos amplios del numeral 12, párrafo segundo, de Ley de Amparo a ********************, ******************** y ********************, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente. LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano