Santiago Sandoval Garcia
Expediente 633/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Sandoval Garcia
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que tuvo el promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído dictado el veinticuatro de julio de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Acorde a lo previsto en el párrafo tercero del punto undécimo del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original; apercíbasele que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión. Por recibido el escrito del quejoso ********; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes, donde se proveyó la devolución de los documentos que refiere; se autoriza para recibirlos a *********.
- Principal
Por recibido el escrito de **********, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada el diecisiete de los actuales; por tanto, se tiene por desahogada, a lo que se provee: Vista la demanda de amparo presentada por ************, así como su escrito aclaratorio, contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores y otras. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo narrado en la demanda y escrito aclaratorio, se desprende lo siguiente: El hoy quejoso realizó el trámite correspondiente para la obtención de un pasaporte en la oficina de enlace municipal de Acámbaro, Guanajuato, de la Delegación Estatal Guanajuato de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en ese procedimiento se le entregó un "formato de continuidad para el trámite de solicitud de pasaporte" que anexó como prueba (foja 13), en el que se le hizo saber que, para estar en posibilidad de continuar con el trámite del documento, debía cumplir con los requisitos ahí asentados. (este es el acto reclamado). Ahora bien, se concluye, que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, la Ley de Amparo, que establece la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, previamente a acudir al juicio que es fundamental en los procedimientos administrativos (principio de definitividad). En el caso, al tratarse de un acto de una autoridad federal, el quejoso estaba obligado a promover directamente el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que regula la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que dicho ordenamiento legal otorga medios de defensa al gobernado, a través de los cuales se puede modificar o revocar el acto de autoridad que se reclama. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 19/2015, número de registro 2008807, décima época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 783, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". Razón por la cual se actualiza en forma notoria e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por **********. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que acepta la publicación respectiva con dichos datos.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentado por ***********, contra actos del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 633/2015. De la demanda se desprende que reclama la "expedición del reglamento que exige los requisitos para expedir los pasaportes por inconstitucionales" cuya denominación correcta es "************; asimismo, se advierte que atribuye esa conducta al Secretario de Relaciones Exteriores; sin embargo, al tratarse de un ordenamiento administrativo, su emisión corresponde al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo que dispone el artículo 89, fracción I, Constitucional y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En tal virtud, con fundamento en los artículos ******************** de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Indique si desea llamar como responsable a la última autoridad citada. Aclare si controvierte el reglamento con motivo de su entrada en vigor, o con motivo de algún acto de aplicación. En el segundo de los casos, debe indicar cuál fue ese acto de aplicación, es decir, el contenido, la fecha en que se emitió y en la que le fue notificado. Especifique los artículos del reglamento que tilda de inconstitucionales y si es la primera vez que le fueron aplicados, o ya había ocurrido en algún acto de autoridad anterior. En la inteligencia, que deberá exhibir, copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, (4) para las autoridades responsables, y (1) más para la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Resulta aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." La prevención deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, toda vez que cuenta con cédula profesional número 4197653, registrada el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y a las demás personas que indica en términos restringidos del numeral en cita, por no encontrarse en ese supuesto. En razón de que el promovente señaló los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, se ordena notificar el presente y los subsecuentes proveídos por medio de lista.
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