Santiago Rocha Silva
Expediente 1057/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Rocha Silva
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria del juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual acusa recibo e informa que se aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo registrado bajo el consecutivo 1057/2018 de la estadística de este juzgado federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se desechó la demanda presentada por el quejoso, es decir, no se entró al estudio del asunto, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que trascurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo.
- Principal
Recepción de la demanda. Visto el escrito signado por *****************, por el cual promueve demanda de amparo en contra de actos del Juzgado Penal de Partido de San Miguel de Allende, Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1057/2018-IV-A. Estudio de competencia. Ahora bien, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador resulta obligado analizar la competencia, por tratarse de un presupuesto procesal de orden público. En ese sentido, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el proceso penal ****del índice del Juzgado Penal de Partido de San Miguel de Allende, Guanajuato, en la que dicha autoridad declaró improcedente la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de la medida de prisión preventiva a que está sujeto el peticionario de amparo. En tal virtud, se desprende que el juez del proceso quien emitió el acto reclamado, tiene su sede en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, en tanto que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que está recluido en dicha localidad; la cual se destaca se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto alude a la "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Es importante destacar, que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro siguiente: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO En razón de lo anterior, este juzgador estima que el acto reclamado sí requiere ejecución material, lo que acontece en San Miguel de Allende, Guanajuato, dado que en dicha ciudad es donde se encuentra recluido el quejoso. Se determina lo anterior al considerar que la negativa de admitir a trámite la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de la medida de prisión preventiva a que está sujeto el aquí quejoso, determina que el mismo siga recluido en el citado centro carcelario, por lo que, al continuar su situación de privación de libertad personal, el acto reclamado seguirá ejecutándose en el lugar donde se encuentra recluido. Así, al hecho de que el quejoso ***********, se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato, debe sumársele que la autoridad que se emitió el acto reclamado tiene su sede en la misma localidad, en donde, acorde con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción son los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad capital del estado de Guanajuato. Esto en virtud de que el acto reclamado consiste en la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el proceso penal ***del índice del Juzgado Penal de Partido de San Miguel de Allende, Guanajuato, en la que dicha autoridad determinó improcedente la solicitud de revisión, modificación, sustitución o cese de la medida de prisión preventiva a que está sujeto el aquí quejoso, lo que hace que siga privado de su libertad en el lugar de su reclusión, por lo que dicho acto se sigue ejecutando en San Miguel de Allende, Guanajuato (donde se encuentra recluido actualmente el promovente), máxime que como se asentó, el juez de la causa tiene su residencia en la misma localidad. Resulta necesario precisar que a tal determinación arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 51/2013, en donde determinó lo siguiente: 72. Así, se tiene que si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al no tramitarse el incidente de libertad referido y, por ende, no determinarse si cumple con los requisitos exigidos para recuperar su libertad personal antes del tiempo fijado en dicho fallo, es indudable que continuara privado de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. En el mismo caso, ante la negativa de la procedencia del beneficio, ello implica que la persona debe seguir privada de su libertad 73. En ese tenor, conforme a la citada regla de competencia, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en que esté recluido De lo anterior, derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 , sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 633, libro 5, tomo I, abril de dos mil catorce, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido En tal virtud, de conformidad con el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente expediente y las copias de traslado allegadas por el quejoso al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato en turno, con sede en la ciudad capital, a efecto de que, por razón de competencia territorial se avoque al conocimiento de este asunto. Solicítese el acuse de recibo y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y sistema correspondiente. Domicilio y autorizados. Toda vez que el promovente señaló para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que pueda proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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