Santiago Sabanero Gutiérrez
Expediente 978/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 978/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Santiago Sabanero Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio de cuenta que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil ********************, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Antonio Guiza Cabrera, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, Encargado del Despacho por Vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CCJ/ST/6350/2017, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Luz María Martínez Vega, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 16769/2017 de éste índice e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el auto de diecisiete de octubre del presente año; el cual quedó registrado con el número 156/2017-IV.
- Principal
Visto el escrito signado por el quejoso *******, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 fracción II y 99 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante el citado proveído, este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, por considerarla notoriamente improcedente, ello al relacionar las fracciones XIII, XIV y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase el escrito original de la queja de que se trata, así como el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **************, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, con el registro número 978/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal que deviene de relacionar lo previsto en las fracciones XIII, XIV y XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se está ante un acto derivado de otro consentido como se justificará a continuación. Los preceptos invocados establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Resulta ilustrativa, la tesis II.2o.C.43 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, de mayo de mil novecientos noventa y seis, página quinientos ochenta y dos, que expresa: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: El juicio de amparo es improcedente: XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Criterio que se estima aplicable al caso, por analogía, dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que: a) El quejoso es parte demandada en el juicio especial civil hipotecario C-**************, promovido por Scotiabank Inverlat , Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. b) El dicho juicio se dictó sentencia condenatoria contra el aquí quejoso, la cual fue confirmada por el tribunal de apelación. c) Luego, se inició el período de ejecución de sentencia, concretamente, el procedimiento de remate, el cual se llevó a cabo en primera almoneda el tres de febrero de dos mil diecisiete. d) En dicha diligencia se declaró fincado el remate y se adjudicó el inmueble hipotecado a favor de **************, la cual fue confirmada por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca **************. e) El siete de septiembre de dos mil diecisiete, el juez señalado como responsable emitió un proveído en el que ordenó poner en posesión material al adjudicatario el inmueble en cuestión. f) Contra dicho acto, el quejoso presentó demanda de amparo indirecto, la cual fue turnada a este juzgado y se le asignó el número **************; el doce de septiembre del año en curso, se dictó auto de prevención, sin que la parte quejosa cumpliera con lo requerido, por lo que el veintiséis de septiembre siguiente, se tuvo por no presentada. g) Luego, el veintisiete de septiembre del año en curso, el quejoso volvió a presentar demanda de amparo, registrada con el número **************, en dicho motivo de reclamo, señaló el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables que en el expediente **************, motivo por el cual, por auto de veintiocho de septiembre pasado, se desechó por litispendencia. h) Por auto de dieciocho de septiembre siguiente, se aprobó la entrega del inmueble rematado éste es el acto reclamado de manera destacada . Como se adelantó, la conducta de autoridad controvertida es derivada de otra consentida, contra la que no procede el juicio de amparo, según lo ha expresado la Suprema Corte en diversas tesis de jurisprudencia. En efecto, de los antecedentes narrados se advierte que el quejoso se duele medularmente del auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se aprobó la entrega del inmueble rematado, lo que no es más que una consecuencia jurídica del proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se ordenó poner en posesión material al adjudicatario **************, el referido bien raíz, el cual consintió al no haberlo impugnado a través del recurso de revocación y posteriormente del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, los requisitos que deben satisfacerse para estimar consentido un acto de autoridad, han sido enumerados por el Máximo Tribunal en la tesis publicada en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación, séptima época 139-144, que establece: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este alto tribunal ha sustentado el criterio que este pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a que el acto exista, b que cause un agravio al quejoso y, c que el quejoso se haya conformado con el acto o haya hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En el caso, sí se satisfacen todos los requisitos para considerar que el peticionario consintió el auto de siete de septiembre pasado, en el que el juez señalado como responsable ordenó la entrega material del inmueble adjudicado a **************; se estima tal consentimiento, dado que no impugnó correctamente el auto de siete de septiembre del año en curso, pues a pesar de que presentó demanda de amparo contra dicho acto, ésta se tuvo por no presentada por no haber cumplido con la prevención formulada en el amparo **************. Una vez considerado que el quejoso consintió el referido acto, se demostrará que el auto aquí reclamado es derivado de aquél, lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados, han emitido diversas tesis de jurisprudencia, en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente, contra actos derivados de otros que ya hayan sido consentidos, entendiéndose como tales, aquéllos que: a sean una consecuencia legal, forzosa o directa del consentido; y b que no sean impugnados por vicios propios. En el caso, se actualiza el último supuesto, esto es, el acto reclamado constituye una consecuencia directa del consentido. En efecto, si el quejoso impugna en esta instancia constitucional el auto que aprobó la entrega del inmueble rematado, no es más que el resultado del auto que ordenó la entrega de la posesión material del bien en cuestión, de ahí que es evidente que existe un vínculo entre ambos; esto es, el peticionario en un momento realizó conductas que se traducen en aceptar las consecuencias del acto, como pudiera ser, el desposeimiento material como resultado de hacer efectiva la orden de entrega en favor del adjudicatario, así como no controvertir dicho acto. Por ende, si el quejoso realizó conductas que constituyen el consentimiento del referido acto, la posterior diligencia de entrega de la posesión material de inmueble y el auto que la aprueba, no es otra cosa que la consecuencia directa. Además, a la conducta aquí controvertida no se le atribuyen vicios propios, pues los argumentos que se hacen valer como conceptos de violación, no son relacionados con vicios del auto que aprobó la entrega de la posesión material del inmueble adjudicado, sino que se refieren a cuestiones que pudieron hacerse valer como violaciones procesales al reclamar la última resolución en el procedimiento de remate, a saber, el auto que ordenó el lanzamiento de la escritura de adjudicación y la entrega material del bien rematado, lo que en el caso, no aconteció, por ende, se insiste, fueron consentidos. Basta advertir el vínculo que existe entre ambos, pues de haber impugnado el proveído en el que se ordenó la entrega del inmueble adjudicado en el juicio subyacente, evidentemente no se habría llevado a cabo, sin antes revisar todas las violaciones procesales que aduce se cometieron. De esta manera, se evita que el quejoso acuda al juicio de amparo desconociendo los efectos que derivan de dicho acogimiento que fue exteriorizado al no impugnarlo. Estimar lo contrario nos llevaría al absurdo de permitir que una circunstancia que ya fue consentida, pudiera ser reavivada a través de una nueva petición en el mismo sentido, sometiendo la procedencia de la instancia constitucional a la voluntad de la parte quejosa. Es aplicable, en lo conducente, la tesis II.2o.C.43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 938 del tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación con el epígrafe y contenido siguientes: AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS EJECUCIÓN DE SENTENCIAS . Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia. No pasa inadvertida la circunstancia de que la parte quejosa también señaló como actos reclamados, la resolución de alzada que confirmó la audiencia de remate y la ejecución de la orden de entrega del inmueble adjudicado, sin embargo, para efectos de la presente instancia constitucional, únicamente se tiene como acto destacado el reseñado con anterioridad, en virtud de que los diversos no se reclaman por vicios propios sino como violaciones procesales acaecidas en el procedimiento de remate, por considerar que el acto aquí reclamado era la última resolución en dicha fase, lo que, como se desprende de líneas precedentes, en la especie no se actualiza. En las relatadas condiciones, es decir, al actualizarse la causal de improcedencia que deviene de relacionar lo previsto en las fracciones XIII, XIV y XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por **************. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Manuel Payno, número 118, colonia Los Ángeles de esta ciudad; y como autorizado en términos restringidos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, a **************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que el autorizado cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
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