Santiago de Gante González

Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
167/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Santiago de Gante González

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe despacho Agréguese a los autos el oficio del Juez Mixto de Primera Instancia de La Piedad, Michoacán; mediante el cual se le tiene devolviendo diligenciado el despacho 52/2021 (orden 114), enviado a fin de notificar a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, dése de baja, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese recibo por así solicitarlo expresamente el oficiante. Se declara la firmeza del auto inicial Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo pasado, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que se haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Atento a lo anterior, es evidente que este asunto se encuentra concluido, por lo que se ordena su ARCHIVO; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y de que se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales ya que se desechó la demanda es susceptible de destrucción, por lo que una vez que trascurran los tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 de aquel ordenamiento, deberá ser destruido en su totalidad. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y una impresión del mismo para glosar al expediente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, la siguiente sentencia: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo III-57/2020 promovido por José Macario Fuerte Ojeda contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O PRIMERO Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad José Macario Fuerte Ojeda por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1° 2 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SEGUNDO Admisión y trámite del asunto En proveído de veintiuno de enero de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional se emplazó al tercero interesado Ejido de Tirimácuaro perteneciente al municipio de Penjamillo Michoacán Posteriormente en proveído de seis de noviembre de dos mil veinte se ordenó de manera oficiosa la separación de autos determinándose que en el presente asunto se continuaría respecto de los actos reclamados al magistrado responsable emanados de la contienda judicial agraria 856/2005 el cual correspondió su conocimiento por razón de turno al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad quien en proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno se avocó a su conocimiento registrándolo con el número II-27/2021-J y por último se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en esta ciudad resulta competente para conocer del presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 37 de la Ley de Amparo 48 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación y en vigor a partir de su aprobación realizada en sesión ordinaria de veintitrés de enero el propio año Lo anterior es así en virtud de que el acto reclamado lo constituye la falta de emplazamiento de la parte quejosa al juicio agrario de origen por lo cual al tratarse de una omisión éste carece de ejecución material alguna; de ahí que se surta el supuesto de competencia previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo SEGUNDO Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo deben precisarse los actos reclamados; lo anterior al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubros son: DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD 1 y ACTOS RECLAMADOS REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO 2 En ese sentido del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente: ? La falta de emplazamiento al juicio agrario 856/2005 de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad ? Como consecuencia de ello el desalojo de un predio con una superficie de 612 686 metros cuadrados dentro del Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con las medidas y colindancias siguientes: ? Al norte: 36 689 metros y colinda con llano del Ejido La Luz; Al sur: 37 522 metros y colinda con Efraín Rodríguez Suárez; ? Al este: 16 469 metros y colinda con calle 5 de Mayo; y ? Al oeste: 16 755 metros y colinda con llano del Ejido La Luz Actos que reclama partiendo de la perspectiva consistente en que cuenta con la calidad de tercero extraño al juicio antes referido TERCERO Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado ya que así se desprende del contenido del informe de ley que rindió el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad pues al efecto manifestó que en el órgano de su titularidad se tramitó el juicio agrario 856/2005 promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del núcleo de población La Luz municipio de Penjamillo Michoacán en contra del Ejido Tirimácuaro municipio de Penjamillo Michoacán a quienes demandaron la nulidad del acta de asamblea de delimitación de tierras de catorce de septiembre de dos mil cinco así como la prescripción positiva respecto de la parcela 2683 ; controvertido en el que se dictó sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil seis declarándose improcedentes las pretensiones de la parte actora y resultando procedente la reconvención promovida por los demandados De igual manera la autoridad responsable precisó que José Macario Fuerte Ojeda no fue emplazado al juicio agrario 856/2005 de su estadística porque no fue parte Para acreditar lo expuesto en el informe justificado el magistrado responsable remitió el original del expediente agrario 856/2005 con el que se formó un tomo de prueba actuaciones que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorios de la Ley de Amparo Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 cuyo rubro y texto disponen: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto Así como la tesis de jurisprudencia número 2265 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena Y la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito6 de contenido siguiente: INFORME JUSTIFICADO CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo lo que sucede cuando de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos CUARTO Causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia del juicio ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio por tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo Causa de improcedencia actualizada De oficio este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de inejercitabilidad precisada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del citado ordenamiento legal El artículo y fracción en mención prevén lo siguiente: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.) Conforme al precepto transcrito la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la Ley de la Materia así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia A su vez el numeral 5 fracción l de la Ley de Amparo en lo que interesa dispone: Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: I El quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.] De igual forma el artículo 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra establece: Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes: I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] Del precepto constitucional transcrito en lo que interesa se desprende que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada es decir por quien tenga un derecho o un interés legítimo siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico En efecto la figura del interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional; a través de la cual se constriñe al quejoso a acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada el juicio de amparo resulta improcedente No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia 1a /J 168/20077 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita enseguida: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 4o de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados Lo anterior tiene su génesis en el invocado artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo que dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo En esa línea de pensamiento por interés jurídico debe entenderse el derecho que asiste al gobernado para reclamar un acto proveniente de tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo en sede constitucional algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir la afectación a un derecho subjetivo previsto para su protección en alguna norma legal o también la ofensa daño o lesión en los derechos o intereses de éste provocado por un acto de autoridad De manera ilustrativa se trae a colación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito plasmado en la jurisprudencia I 1o A J/178 de rubro y contenido siguientes: INTERÉS JURÍDICO NOCIÓN DE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo es decir aquel derecho que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular De esta manera no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla Por ello tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y por tanto carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad por el solo hecho de serlo que pretenda que las leyes se cumplan Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional En efecto conforme dispone el artículo 107 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia De acuerdo con lo anterior y con el sistema previsto tanto por la fracción I del artículo 107 constitucional como por la Ley de Amparo el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado el que desconocido o violado otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional Esto es el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad por lo que la noción de perjuicio ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a /J 168/20079 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 4o de la Ley de Amparo contempla para la procedencia del juicio de garantías que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional Así como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados De lo expuesto se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio ya sea económica profesional o de otra índole que de cualquier modo pueda ser oponible cualificado actual y real En ese sentido no basta con afirmar que se afecta el interés del promovente sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica De tal forma se reitera en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII en relación con el 5 fracción I ambos de la Ley de Amparo y el diverso 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Análisis figura de persona extraña o tercero extraño Como cuestión previa es importante indicar que la figura de la persona extraña o tercero extraño se encuentra prevista para su protección en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; dispositivo legal en el que se establece la posibilidad de instar la acción constitucional contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas esto es aquellas personas que sin ser parte material en el juicio o procedimiento de donde emana la actuación reclamada resulte afectada en su esfera jurídica de derechos o que siendo parte en el juicio subyacente no haya tenido oportunidad de ser oído o vencido dentro de dicho procedimiento violaciones que se pueden dar in itinere es decir en el camino del procedimiento o en ejecución de éste Ahora nuestro Máximo Tribunal Judicial del país en reiteradas ocasiones ha abordado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño siendo conceptualizada en principio como aquella persona [física o moral] que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño natural) quedando incluido en ese concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (tercero extraño equiparado) En consecuencia siempre que un gobernado promueva juicio de amparo ostentándose persona extraña a juicio en términos del artículo 107 fracción VI de la ley de la materia su procedencia estará sujeta a que la parte quejosa acredite los dos elementos siguientes: I Ser titular de un derecho subjetivo vigente derivado de una norma objetiva; II Que el acto de autoridad incida o afecte el derecho subjetivo del cual haya acreditado su titularidad el quejoso Asimismo ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados provenientes de tribunales judiciales administrativos o del trabajo Estudio relativo al carácter de tercero extraño al procedimiento e interés jurídico del quejoso En esa tesitura lo procedente en este asunto es determinar en primer término si el quejoso José Macario Fuerte Ojeda acreditó un derecho posesorio respecto del solar urbano ejidal identificado con el número 2 manzana 02 polígono 1/1 zona 01 ubicado en el Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con una superficie de 612 686 metros cuadrados con las medidas y colindancias siguientes: ? Al norte: 36 689 metros y colinda con llano del Ejido La Luz; ? Al sur: 37 522 metros y colinda con Efraín Rodríguez Suárez; ? Al este: 16 469 metros y colinda con calle 5 de Mayo; y ? Al oeste: 16 755 metros y colinda con llano del Ejido La Luz Y en segundo lugar si está acreditado que el referido predio fue motivo de controversia en el expediente agrario de origen para de esa manera constatar si efectivamente el peticionario demostró la afectación a su interés jurídico En el caso el quejoso acude a esta instancia constitucional ostentándose con el carácter de tercero extraño en estricto sentido y reclamando que no se le respetó la garantía de audiencia que protege el derecho fundamental de seguridad jurídica al no ser llamado al juicio agrario 856/2005 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 con residencia en esta ciudad promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del núcleo de población La Luz municipio de Penjamillo Michoacán en contra del Ejido Tirimácuaro municipio de Penjamillo Michoacán a quienes demandaron la nulidad del acta de asamblea de delimitación de tierras de catorce de septiembre de dos mil cinco así como la prescripción positiva respecto de la parcela 26810 dentro de la cual el peticionario sostiene se encuentra el predio que tiene en posesión y en consecuencia la sentencia definitiva en la que se determinó que es al núcleo de población invocado en último término a quien le corresponde en propiedad y titularidad dicha parcela Al respecto José Macario Fuerte Ojeda por propio derecho acude al presente juicio constitucional bajo el argumento de que cuenta con la posesión del solar urbano ejidal identificado con el número 2 manzana 02 polígono 1/1 zona 01 ubicado en el Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con una superficie de 612 686 metros cuadrados el cual aduce se encuentra enclavado en la parcela 268 y que como resultado de la omisión de llamarlo al juicio subyacente a defender sus derechos se le pretende desposeer de éste con motivo de la ejecución del fallo definitivo en el que se ordenó entregar dicho predio en favor del núcleo ejidal de Tirimácuaro municipio de Penjamillo Michoacán al haberse determinado que la superficie total de dicha parcela se encuentra comprendida en las tierras de este último ejido Ahora bien como se expresó en líneas precedentes en los términos del artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo persona extraña es en principio aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de la sentencia definitiva sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas quedando incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia por contradicción 646 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11 que dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO CONCEPTO DE Para los efectos del juicio de amparo en los términos del artículo 114 fracción V de la ley de la materia persona extraña es en principio aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas quedando incluida en este concepto asimismo la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente Al respecto se estima necesario dilucidar si el solicitante del amparo acreditó el derecho que dice tener sobre el solar urbano que por esta vía defiende en su carácter de poseedor y de esa manera constatar si efectivamente demostró la afectación a su interés jurídico José Macario Fuerte Ojeda refiere que el solar urbano ejidal identificado con el número 2 manzana 02 polígono 1/1 zona 01 ubicado en el Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con una superficie de 612 686 metros cuadrados formó parte del reclamo general en el expediente agrario 856/2005 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 con residencia en esta ciudad en virtud de que forma parte de la parcela identificada con el número 268 que fue materia de disputa en dicho juicio; que tiene la posesión de ese terreno desde hace más de cuarenta años con el consentimiento de la Asamblea de ejidatarios del poblado La Luz municipio de Penjamillo Michoacán Ahora de las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación de su informe mismas que ya fueron valoradas se desprende los antecedentes siguientes: a) El doce de diciembre de dos mil cinco el Presidente Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del poblado denominado La Luz municipio de Penjamillo Michoacán demandaron del ejido Tirimácuaro del mismo municipio la nulidad del acta de asamblea de delimitación de tierras de catorce de septiembre del propio año celebrada en este último poblado así como la prescripción positiva respecto de la parcela 268 la cual tiene una superficie de 5-59-00 83 hectáreas en la que están construidas una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social una cancha de futbol y otra de basquetbol y el resto una superficie de asentamiento humano; demanda que se admitió en la propia fecha de su presentación registrándose con el número 856/2005 y se ordenó emplazar al ejido demandado b) En audiencia celebrada el tres de abril de dos mil dieciséis los representantes del Comisariado Ejidal de Tirimácuaro municipio de Penjamillo Michoacán exhibieron por escrito su escrito de contestación y ejercitaron la acción reconvencional demandando del núcleo de población La Luz municipio de Penjamillo Michoacán el mejor derecho a la posesión sobre la parcela 268 con superficie de 5-59- 00 83 hectáreas c) Seguido el juicio agrario por sus trámites de rigor el dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia definitiva la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO - Por las razones asentadas en el considerando tercero de la presente resolución se declara improcedente totalmente lo pretendido por los actores integrantes del comisariado ejidal del poblado La Luz municipio de Penjamillo Michoacán y por lo tanto se absuelve al ejido demandado Tirimácuaro del mismo municipio de lo que les reclamaron sus oponentes SEGUNDO - Ha resultado procedente la acción reconvencional que promovieron los integrantes de comisariado ejidal Tirimácuaro municipio de Penjamillo; por consecuencia se declara que es a este núcleo ejidal al que le corresponde en propiedad y titularidad la parcela 268 que en la actualidad se encuentra constituida por una zona urbana; atento a lo razonado en el propio considerando tercero TERCERO - Notifíquese (.) d) Fallo que se declaró ejecutoriado en proveído de veintidós de enero de dos mil siete e) Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil siete se ordenó girar el oficio correspondiente al Registro Agrario Nacional para que acatara los lineamientos trazados en la sentencia definitiva Así José Macario Fuerte Ojeda acude al presente juicio de amparo por considerar que tiene derechos de posesión respecto del solar urbano ejidal identificado con el número 2 manzana 02 polígono 1/1 zona 01 ubicado en el Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con una superficie de 612 686 metros cuadrados el cual aduce forma parte de la superficie general de la parcela 268 objeto de disputa en el juicio agrario de origen En torno a dicho tópico -posesión- el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/91 sostuvo que de los antecedentes y reformas al artículo 14 constitucional no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo Esto es si se trata de aquélla que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas Por ello para atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno el Alto Tribunal de la Nación consideró que para efectos de que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso se ostente persona extraña al juicio resulta necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonadamente produzca la convicción de que tiene el derecho a poseer el bien de que se trate entendiéndose por título la causa generadora de la posesión Sustenta lo anterior por analogía jurídica la jurisprudencia P /J 1/200212 de rubro y texto siguientes: POSESIÓN PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo esto es si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución y de las que colateralmente se relacionan con ellas así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común Sin embargo aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país) es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer de manera que el promovente tenga una base objetiva que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión No obstante lo anterior las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías sin decidir sobre el derecho sustantivo esto es respecto del derecho a la posesión del bien relativo ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común Expuesto lo anterior corresponde ahora analizar el valor probatorio de la documental que adjuntó José Macario Fuerte Ojeda a su escrito de demanda a fin de determinar si con ella acredita el interés jurídico para ser llamado al juicio agrario 856/2005 del índice de la autoridad responsable esto es si con dicha prueba demuestra la existencia de la causa generadora de la posesión que aduce [título en el que se sustente el derecho a poseer] Para acreditar su derecho conculcado la parte quejosa ofreció como único medio de convicción de su parte el siguiente: ?Constancia de posesión expedida el dieciséis de julio de dos mil diez por el Presidente Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal y Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán en la que certificaron que el quejoso José Macario Fuerte Ojeda ha sido posesionario de buena fe pública pacíficamente y sin perjuicio del ejido de un predio con una superficie de 612 686 metros cuadrados dentro de dicho núcleo de población desde hace más de cuarenta años con las medidas y colindancias siguientes: Al norte: 36 689 metros y colinda con llano del Ejido La Luz Al sur: 37 522 metros y colinda con Efraín Rodríguez Suárez Al este: 16 469 metros y colinda con calle 5 de Mayo Al oeste: 16 755 metros y colinda con llano del Ejido La Luz Sin embargo con dicha documental no se demuestra que el quejoso José Macario Fuerte Ojeda tenga derecho alguno respecto del inmueble que en esta vía defiende Se sostiene lo anterior en virtud de que la documental exhibida resulta insuficiente por sí misma para acreditar la causa generadora de la posesión que aduce tener José Macario Fuerte Ojeda en relación con el terreno antes identificado al carecer de la ratificación de la Asamblea como órgano supremo del núcleo agrario Lo anterior es así pues si bien el Comisariado Ejidal puede expedir constancias de posesión sin la autorización de la Asamblea para que éstas adquieran validez y eficacia probatoria requieren ser ratificadas por esta última ya que el reconocimiento de derechos agrarios es competencia exclusiva de la Asamblea de Ejidatarios dado que implica una regularización de la tenencia de posesionados como órgano máximo del Ejido conforme con los artículos 2113 2214 23 fracciones II V y VIII15 3216 y 3317 de la Ley Agraria; por lo que al no contar con dicha formalidad carece de valor probatorio pleno Apoya lo expuesto a contrario sensu la jurisprudencia PC XIII J/1 emitida por el Pleno del Decimotercer Circuito18 del contenido siguiente: CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES MOTU PROPRIO TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA En términos de los artículos 23 fracción VIII y 107 de la Ley Agraria la Asamblea es el órgano supremo de la Comunidad y tiene como de su competencia exclusiva entre otras cuestiones la regularización de tenencia de posesionarios Por su parte el precepto 33 fracción I de dicho Ordenamiento dispone que el Comisariado es el órgano encargado de la representación del núcleo de población con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas Ahora bien tratándose de la expedición de constancias de posesión que implica la regularización de tenencia de posesionarios al ser de competencia exclusiva de la Asamblea para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos es necesario en principio que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión expedida por el Comisariado sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria porque así lo establece expresamente el artículo 2583 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la ley Agraria al señalar que los actos que el mandatario practique a nombre del mandante pero traspasando los límites expresos del mandato serán nulos en relación con el mandante si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero Así como el diverso el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito19 que establece: AGRARIO POSESIÓN CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE EL COMISARIADO EJIDAL NO DEBE CONCEDÉRSELE PLENO VALOR PROBATORIO De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal de Reforma Agraria el Comisariado Ejidal no está facultado para expedir constancias de posesión por tanto no debe concedérseles pleno valor probatorio por ser cuestiones ajenas a sus funciones Incluso la constancia de posesión expedida por el Presidente Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal y Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán en la que certificaron que el quejoso José Macario Fuerte Ojeda ha sido posesionario de buena fe pública pacíficamente y sin perjuicio del ejido de un predio con una superficie de 612 686 metros cuadrados dentro de dicho núcleo de población desde hace más de cuarenta años fue confeccionada con posterioridad a la tramitación y resolución del juicio agrario 856/2005 respecto del cual aduce no haber sido llamado a juicio pues tal documento fue expedido el dieciséis de julio de dos mil diez en tanto que el juicio agrario inició en diciembre de dos mil cinco y se dictó la sentencia definitiva en dicho asunto el dieciocho de septiembre de dos mil seis tal como se advierte del original de dicho expediente remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley20 Habida cuenta que la documental mencionada tampoco demuestra que el solar urbano ejidal identificado con el número 2 manzana 02 polígono 1/1 zona 01 ubicado en el Ejido La Luz municipio de Penjamillo Michoacán con una superficie de 612 686 metros cuadrados que defiende el quejoso José Macario Fuerte Ojeda en esta instancia constitucional se encuentre enclavado en la parcela 268 que constituyó el objeto de disputa en el juicio agrario de origen 856/2005; pues el peticionario no ofreció -en forma oportuna- la prueba pericial de agrimensura para acreditar dicha hipótesis al ser ésta el medio de convicción idóneo para ello ni algún otro que lo evidenciara Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI 1o C J/13 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito21 cuyo rubro y texto disponen: PERICIAL EN AGRIMENSURA ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles sin embargo sí es la idónea para ello pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado De ese modo las circunstancias evidenciadas por el material probatorio que obra en el sumario no genera convicción en el suscrito juzgador para estimar que el peticionario tenga derecho posesorio con el cual se ostentó al instar el juicio constitucional Bajo ese contexto José Macario Fuerte Ojeda no demostró con alguna prueba fehaciente la (1) causa generadora por virtud de la cual detenta el predio que por esta vía defiende y menos (2) que dicho terreno se encuentre inmerso en la parcela 268 que fue objeto de disputa en el expediente agrario de origen Por tanto debe concluirse que lo tramitado y resuelto en el expediente 856/2005 promovido por los integrantes del Comisariado Ejidal del núcleo de población La Luz municipio de Penjamillo Michoacán en contra del Ejido Tirimácuaro municipio de Penjamillo Michoacán a quienes demandaron la nulidad del acta de asamblea de delimitación de tierras de catorce de septiembre de dos mil cinco así como la prescripción positiva respecto de la parcela 26822 no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en favor del peticionario Pues como anteriormente se precisó para que el peticionario de amparo acredite su interés jurídico no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente pues es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional; máxime que se insiste tampoco acreditó que el terreno que defiende haya sido objeto de controversia en el expediente agrario de origen ? Esto ya que en casos concretos como el que se analiza no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien afirme ser titular de él sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tales extremos los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico lo que en caso en estudio no aconteció; por tanto es obvia la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo en relación con los diversos 5 fracción I y 63 fracción V de la ley en la materia y 107 fracción I párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia con fundamento en el dispositivo 63 fracción V de la ley de la materia procede sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por José Macario Fuerte Ojeda Sirve de apoyo la jurisprudencia 340 publicada en la página 288 del tomo VI materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: POSESIÓN CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217 PUBLICADA EN LA PAGINA 631 CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917- 1985) De lo dispuesto por los artículos 107 fracción I constitucional y 4o de la Ley de Amparo en relación con el 73 fracción V de este propio ordenamiento se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado Ahora bien tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego si no llega a probarse ese hecho medular lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece misma que entró en vigor al día siguiente la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior continúa en vigor y por ende es aplicable dado que no se opone a la ley vigente23 La determinación a la que se arriba impide a este órgano federal llevar a cabo el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la parte inconforme acorde con la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación24 del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 74 de la ley de amparo se RESUELVE ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido José Macario Fuerte Ojeda en contra de los actos que reclamó al Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 con residencia en esta ciudad por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia

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