Santiago Miguel Lezama Mendoza
Expediente 869/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Santiago Miguel Lezama Mendoza
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo únicamente se realiza respecto de la parte quejosa, en virtud de ser ella a quien afectó el sobreseimiento fuera de audiencia. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
se ingresa al SISE la notificación por lista la notificación a la quejosa de auto dictado por el juzgado de mi adscripción de 28/07/2022, al no haberse presentado al local del juzgado la parte citada dentro del término indicado a recibir la notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo Vigente. Doy fe. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de ampliación de demanda del quejoso..., mediante el cual señala como nuevo acto reclamado el oficio de once de julio de dos mil veintidós (que manifiesta le fue notificado el veinticinco de ese mes y anualidad), con el que se le dio respuesta al escrito de petición de siete de julio de dos de dos mil veintidós, signado por el impetrante, que atribuye al Subdirector de Administración de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Manifestaciones que por ahora resulta suficiente para tenerlas por realizadas, al tratarse de una confesión expresa, misma que constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién las asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO En principio, se destaca que si bien para ampliar una demanda de amparo se debe analizar lo previsto en el numeral 111 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el acto "novedoso" debe estar vinculado con el primigeniamente reclamado, se estima que una vez superado ese presupuesto, es viable proceder al estudio de las causas de improcedencia que pudieran actualizarse del acto reclamado a través de la ampliación de demanda. Precisado lo anterior, resulta importante precisar que del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de respuesta a su derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral en el que se sustenta la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en el que, ante la eventual concesión de amparo, la única finalidad a la que se constriñe el funcionario o servidor público es a que dé respuesta a la petición. Sin embargo, no en todos los casos resultará procedente la ampliación de la demanda de amparo contra la respuesta que otorgue la autoridad a la petición del particular, por lo que será necesario, que la contestación se cuestione a través de los medios ordinarios de defensa. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), registro 2011948, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, públicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Precisado lo anterior, se estima que respecto del acto reclamado en la ampliación de demanda, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre dependencias de la administración pública municipal y algún trabajador o aspirante a ingresar a laborar en un Ayuntamiento Municipal -como sucede en el caso concreto-, cuando dichas controversias, como en el caso, surgen únicamente con motivo de un supuesto vínculo derivado de una prestación de servicio o relación laboral. En principio, se tiene que la primera de las disposiciones normativas señaladas establece la posibilidad de que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna otra disposición de la misma Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por su parte, el artículo 1°, fracción I, de la normatividad de la materia, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5, fracción II, de ese mismo ordenamiento, se establece la definición de autoridad responsable. En ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el quejoso si bien a esta data no detenta un cargo público ni se aprecia que exista relación laboral alguna, lo cierto es que aspira a ocupar el puesto de monitorista del departamento central de emergencias, de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; sin embargo, ello no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios, contratación, ascensos y remuneraciones, se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en esos casos, se estima que tales cuestiones deben dilucidarse ante la potestad común del orden laboral. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) las reguladas por el artículo 123, apartado A, entre los patrones y obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) las reguladas por el apartado B, que se refieren a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de los que se destaca que ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Sin que el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas incida en forma alguna en la naturaleza de la relación, es decir, que con motivo de que el patrón sea un ente público automáticamente la relación laboral se convierta en una de supra-subordinación, pues las partes se encuentran en un mismo plano, siendo que en este caso las dependencias públicas no ejercen su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que surgen de la regulación constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclamó inicialmente el: "SILENCIO Petición siete de julio de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes, en la misma data con número. 021488. Se me viola mi derecho de petición SILENCIO.", y mediante la ampliación de demanda, se advierte que pretende que se analice la legalidad en la emisión del oficio de once de julio de este año, mediante el cual se le dio respuesta a tal derecho de petición. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado en la ampliación de demanda, únicamente se trata de cuestiones en las que se pretende acceder a un puesto en el Ayuntamiento de la municipalidad en cita, es decir, respecto a un tópico laboral, pero no tiene que ver con algún acto de imposible reparación emanado de una autoridad para efectos del juicio de amparo, que haga procedente la acción constitucional. Atento a lo anterior, se estima que en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, ya que deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación que en su caso, se pretende generar entre el quejoso y la dependencia para la que se aspira a laborar, dado que el acto que se combate en la ampliación de demanda, deriva de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla para ocupar un cargo de monitorista en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 32/96, de la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)." Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los justiciables, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal Contencioso en Materia Administrativa, se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en sustitución de un tribunal laboral); sin que con lo anterior implique que se haga referencia al principio de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. Se afirma lo anterior, dado que si bien el aquí quejoso no se ostenta como trabajador, ni se aprecia una relación laboral-administrativa con dicha dependencia de la administración pública municipal, lo cierto es que de la competencia delegada al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se desprende que las controversias de las que conoce y resuelve, no exige que el particular contendiente tenga el carácter de empleado, conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De México, por lo que de estimarlo conveniente, puede acudir ante dicho órgano a efecto de controvertir la actuación de la autoridad, con motivo de la inadmisión al cargo al que aspiraba. Cabe precisar que la causa de improcedencia que se invoca es manifiesta e indudable, pues la relación jurídica entre el quejoso y la autoridad que señala como responsable no podrá alterarse ni modificarse durante la substanciación del juicio de amparo; incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 2a./J.54/2012, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO", determinó pertinente aclarar el rubro de esa jurisprudencia para delimitarla al caso concreto y quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Lo anterior, se estima que abre la posibilidad de que en el auto inicial que provee una demanda -o una ampliación- sí pueda analizarse si el acto reclamado proviene o emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en aquellos casos en que esa relación jurídica esté plenamente delimitada, el órgano jurisdiccional podrá desechar de plano la demanda de amparo, presupuesto que en el caso se actualiza, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en esta determinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida procede desechar la ampliación de demanda. Por otra parte, en función de lo manifestado por el propio quejoso en la ampliación de demanda, se considera que respecto al acto reclamado inicialmente en la demanda consistente en el "SILENCIO Petición siete de julio de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes, en la misma data con número. 021488. Se me viola mi derecho de petición SILENCIO, estipulado en el artículo 8 Constitucional"; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de la omisión de la que de manera destacada se duele el impetrante, pues resulta relevante precisar que la autoridad responsable el once de julio de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición de siete de julio del presente año, misma que fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de julio de esta anualidad, tal y como lo manifiesta en su escrito de ampliación de demanda, y de lo que se aprecia de la documental que adjuntó a éste. En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada practico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIO´N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reprochada, porque la autoridad responsable en proveído de once de julio de dos mil veintidós, le dio respuesta a la petición de siete de este mes y año, como lo manifiesta en su escrito de ampliación de demanda, al expresar que mediante oficio CGSPTM/SA/3022/2022, el Subdirector de Administración de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla, de Baz, Estado de México, contestó su petición y de ello fue notificado el veinticinco de julio del año en curso, por lo que se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada en la demanda de amparo. De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyo´ los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyo´ al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós. No se soslaya que transcurre el plazo para que las responsables rindan su informe justificado, dado que se les notificó el oficio con el que se les requirió el veinticinco de julio de este año; sin embargo, se estima que no resulta pertinente su espera, atendiendo a que el acto que les atribuye la parte quejosa, quedó colmado conforme a lo informado por el propio impetrante su escrito de ampliación, máxime que aun y cuando se contara con aquéllos, no variaría de forma alguna el sentido de la presente determinación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de demanda y a la representante social de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de ampliación de demanda del quejoso..., mediante el cual señala como nuevo acto reclamado el oficio de once de julio de dos mil veintidós (que manifiesta le fue notificado el veinticinco de ese mes y anualidad), con el que se le dio respuesta al escrito de petición de siete de julio de dos de dos mil veintidós, signado por el impetrante, que atribuye al Subdirector de Administración de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Manifestaciones que por ahora resulta suficiente para tenerlas por realizadas, al tratarse de una confesión expresa, misma que constituye un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién las asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO En principio, se destaca que si bien para ampliar una demanda de amparo se debe analizar lo previsto en el numeral 111 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el acto "novedoso" debe estar vinculado con el primigeniamente reclamado, se estima que una vez superado ese presupuesto, es viable proceder al estudio de las causas de improcedencia que pudieran actualizarse del acto reclamado a través de la ampliación de demanda. Precisado lo anterior, resulta importante precisar que del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la falta de respuesta a su derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral en el que se sustenta la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud procede el juicio de amparo indirecto en su contra, en el que, ante la eventual concesión de amparo, la única finalidad a la que se constriñe el funcionario o servidor público es a que dé respuesta a la petición. Sin embargo, no en todos los casos resultará procedente la ampliación de la demanda de amparo contra la respuesta que otorgue la autoridad a la petición del particular, por lo que será necesario, que la contestación se cuestione a través de los medios ordinarios de defensa. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), registro 2011948, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, públicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Precisado lo anterior, se estima que respecto del acto reclamado en la ampliación de demanda, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y, por ende, no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre dependencias de la administración pública municipal y algún trabajador o aspirante a ingresar a laborar en un Ayuntamiento Municipal -como sucede en el caso concreto-, cuando dichas controversias, como en el caso, surgen únicamente con motivo de un supuesto vínculo derivado de una prestación de servicio o relación laboral. En principio, se tiene que la primera de las disposiciones normativas señaladas establece la posibilidad de que la improcedencia del juicio de amparo derive de alguna otra disposición de la misma Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por su parte, el artículo 1°, fracción I, de la normatividad de la materia, prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5, fracción II, de ese mismo ordenamiento, se establece la definición de autoridad responsable. En ese orden de ideas, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacionen con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. En el caso, el quejoso si bien a esta data no detenta un cargo público ni se aprecia que exista relación laboral alguna, lo cierto es que aspira a ocupar el puesto de monitorista del departamento central de emergencias, de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; sin embargo, ello no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios, contratación, ascensos y remuneraciones, se conviertan automáticamente en actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en esos casos, se estima que tales cuestiones deben dilucidarse ante la potestad común del orden laboral. Es preciso recordar que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) las reguladas por el artículo 123, apartado A, entre los patrones y obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) las reguladas por el apartado B, que se refieren a las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; de los que se destaca que ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. Sin que el hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas incida en forma alguna en la naturaleza de la relación, es decir, que con motivo de que el patrón sea un ente público automáticamente la relación laboral se convierta en una de supra-subordinación, pues las partes se encuentran en un mismo plano, siendo que en este caso las dependencias públicas no ejercen su imperio propio del derecho público, sino los derechos y obligaciones que surgen de la regulación constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclamó inicialmente el: "SILENCIO Petición siete de julio de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes, en la misma data con número. 021488. Se me viola mi derecho de petición SILENCIO.", y mediante la ampliación de demanda, se advierte que pretende que se analice la legalidad en la emisión del oficio de once de julio de este año, mediante el cual se le dio respuesta a tal derecho de petición. Lo anterior pone de manifiesto que el problema jurídico planteado en la ampliación de demanda, únicamente se trata de cuestiones en las que se pretende acceder a un puesto en el Ayuntamiento de la municipalidad en cita, es decir, respecto a un tópico laboral, pero no tiene que ver con algún acto de imposible reparación emanado de una autoridad para efectos del juicio de amparo, que haga procedente la acción constitucional. Atento a lo anterior, se estima que en el juicio de amparo no se puede analizar esas controversias, ya que deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación que en su caso, se pretende generar entre el quejoso y la dependencia para la que se aspira a laborar, dado que el acto que se combate en la ampliación de demanda, deriva de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla para ocupar un cargo de monitorista en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 32/96, de la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)." Lo anterior es así, ya que el control de constitucionalidad que se puede ejercer a través del juicio de amparo, no puede abarcar actos que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; sobre todo si existen vías ordinarias para resolver esa clase de conflictos. Inclusive, de sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los justiciables, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Se insiste, la procedencia de una vía ordinaria ante el Tribunal Contencioso en Materia Administrativa, se da porque es el órgano jurisdiccional afín para resolver las controversias entre los servidores públicos que tienen una relación administrativa con el Estado y sus dependencias (en sustitución de un tribunal laboral); sin que con lo anterior implique que se haga referencia al principio de definitividad en el que implícitamente se reconozca la existencia de un acto de autoridad. Se afirma lo anterior, dado que si bien el aquí quejoso no se ostenta como trabajador, ni se aprecia una relación laboral-administrativa con dicha dependencia de la administración pública municipal, lo cierto es que de la competencia delegada al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se desprende que las controversias de las que conoce y resuelve, no exige que el particular contendiente tenga el carácter de empleado, conforme a lo previsto en el numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De México, por lo que de estimarlo conveniente, puede acudir ante dicho órgano a efecto de controvertir la actuación de la autoridad, con motivo de la inadmisión al cargo al que aspiraba. Cabe precisar que la causa de improcedencia que se invoca es manifiesta e indudable, pues la relación jurídica entre el quejoso y la autoridad que señala como responsable no podrá alterarse ni modificarse durante la substanciación del juicio de amparo; incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la solicitud de sustitución de la jurisprudencia 2a./J.54/2012, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO", determinó pertinente aclarar el rubro de esa jurisprudencia para delimitarla al caso concreto y quedar de la siguiente manera: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Lo anterior, se estima que abre la posibilidad de que en el auto inicial que provee una demanda -o una ampliación- sí pueda analizarse si el acto reclamado proviene o emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que en aquellos casos en que esa relación jurídica esté plenamente delimitada, el órgano jurisdiccional podrá desechar de plano la demanda de amparo, presupuesto que en el caso se actualiza, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en esta determinación. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia aludida procede desechar la ampliación de demanda. Por otra parte, en función de lo manifestado por el propio quejoso en la ampliación de demanda, se considera que respecto al acto reclamado inicialmente en la demanda consistente en el "SILENCIO Petición siete de julio de dos mil veintidós, recibido en la oficialía de partes, en la misma data con número. 021488. Se me viola mi derecho de petición SILENCIO, estipulado en el artículo 8 Constitucional"; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de la omisión de la que de manera destacada se duele el impetrante, pues resulta relevante precisar que la autoridad responsable el once de julio de dos mil veintidós, dio respuesta a la petición de siete de julio del presente año, misma que fue notificada a la parte quejosa el veinticinco de julio de esta anualidad, tal y como lo manifiesta en su escrito de ampliación de demanda, y de lo que se aprecia de la documental que adjuntó a éste. En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada practico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/982, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIO´N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos de la omisión reprochada, porque la autoridad responsable en proveído de once de julio de dos mil veintidós, le dio respuesta a la petición de siete de este mes y año, como lo manifiesta en su escrito de ampliación de demanda, al expresar que mediante oficio CGSPTM/SA/3022/2022, el Subdirector de Administración de la Comisaría General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla, de Baz, Estado de México, contestó su petición y de ello fue notificado el veinticinco de julio del año en curso, por lo que se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada en la demanda de amparo. De ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyo´ los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyo´ al gobernado en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. De modo que continuar con la tramitación de este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, sin obviar que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós. No se soslaya que transcurre el plazo para que las responsables rindan su informe justificado, dado que se les notificó el oficio con el que se les requirió el veinticinco de julio de este año; sin embargo, se estima que no resulta pertinente su espera, atendiendo a que el acto que les atribuye la parte quejosa, quedó colmado conforme a lo informado por el propio impetrante su escrito de ampliación, máxime que aun y cuando se contara con aquéllos, no variaría de forma alguna el sentido de la presente determinación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señaló en su escrito de demanda y a la representante social de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. ADMISIÓN Vista la demanda promovida por..., por derecho propio, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, fórmese el expediente relativo con el número 869/2022-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cinco minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A AUTORIDADES Con apoyo en los artículos 61, 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requieren a las autoridades responsables lo siguiente: 1) Rindan sus informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. 2) Expresen si se ha promovido algún juicio de amparo contra los mismo actos reclamados que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." PRUEBAS De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba la copia simple del acuse relativo a la petición realizada ante la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, México con sello de la oficialía de partes de siete de julio del año en curso; sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. En cuanto a solicitud de que se gire oficio a la responsable a efecto remita el expediente de su solicitud de empleo, no se realiza mayor pronunciamiento, hasta en tanto obren en autos, el informe justificado que rinda la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos únicamente de carácter personal el señalado en su escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, como lo solicitó, se tiene como autorizado a la persona que refiere para el efecto de oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado la Secretaria encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1238, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 15:00 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Santa Magdalena Arrieta Hernández y Otros.1146/2022
- Santiago Alvarado Hernández717/2018
- Santiago Alvarado Hernández270/2018
- Santiago Chávez Martínez906/2023
- Santiago Francisco Rosano Torres845/2019
- Santiago Luis Hernandez Martinez121/2017
- Santiago Velázquez Baca4/2023
- Santos Arias Barrera785/2019
- Santos Ayala López118/2011
- Santos Esteban Gutiérrez Hernández1192/2021
- Santos Magdalena Bautista564/2019
- Santos Malaga Tome724/2020