Santiago Francisco Rosano Torres
Expediente 845/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Santiago Francisco Rosano Torres
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual anexa copia de la resolución pronunciada en el recurso de queja número 239/2019, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, cuyo punto resolutivo dispone: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Respecto del anexo consistente en las copias certificadas que se acompañaron al informe con motivo del recurso de queja, toda vez que no son necesarias para integrar el presente asunto depúrense las mismas. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense las constancias remitidas vía electrónica por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja e informa que se admitió con el número 239/2019.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el representante legal de la parte quejosa ... mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el nueve de los corrientes. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de nueve del mes y año en curso, acompañando el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por..., representante legal de la sociedad denominada..., (personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura número cuarenta y cinco mil trescientos once, pasado ante la fe del notario público número ciento dos del Estado de México), se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 845/2019-III. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: -El oficio número 400-37-00-06-02-2019-14439 de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente SAT-7S.34-2019-2400 por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de México 2, dependiente de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, por el que realizó una atenta invitación a la ahora quejosa para que acudiera ante esa autoridad a fin de que voluntariamente aclare los comportamientos de sus obligaciones fiscales relacionadas con algunas omisiones o inconsistencias detectadas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. -El oficio número 500 36 03 03 2019 19175, folio 2026558 de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de México 2, dependiente de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante el se le otorgó un plazo de quince días hábiles para que corrija su situación fiscal, en el entendido que de no hacerlo, se podrán ejercer las facultades de la autoridad conforme al Código Fiscal de la Federación. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la normatividad de la materia. Tales preceptos establecen que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, o bien, contra diversos actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Debe tenerse en cuenta que un procedimiento administrativo no es un acto unitario sino un complejo de actos vinculados con una misma finalidad, por lo que, cuando se trata de actos procedimentales, el juicio biinstancial sólo procede contra la última resolución con que tales actos culminan; de ahí, se puede advertir que la acción constitucional es improcedente contra cada uno de los actos que constituyan la cadena procesal; además, si bien tales actos en forma aislada pueden llegar a causar perjuicio al gobernado que interviene o es sujeto de un procedimiento, debe esperar a que recaiga la resolución definitiva para que, si lo perjudica, combatirla vía amparo en el que podrá atacar las violaciones al procedimiento. La razón de este sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, con el objeto de hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de las autoridades; máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría en la práctica la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en detrimento de los gobernados. Por tanto, al establecer la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo que, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva o contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, debe entenderse por procedimiento seguido en forma de juicio no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que indica: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR..." Sentado lo anterior, conviene acotar que los actos impugnados no pueden considerarse como la resolución definitiva a que se refiere el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sino actos de índole intraprocesal, por lo que no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, sino hasta que se dicte la resolución definitiva en el procedimiento del que emanan. Tales actos tampoco se traducen en violación de algún derecho sustantivo que haga procedente el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción III, fracción b), de la citada ley, puesto que se trata únicamente de actos declarativos a través de los cuales las autoridades exhortan a la contribuyente a aclarar y corregir su situación fiscal, los cuales, en su caso, sólo transcenderán hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales o de imposible reparación. De igual manera, es aplicable a lo anterior, por los razonamiento que la integran la tesis 2a./J. 62/2013 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de la Décima Época; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1; página 724: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA..." Incluso, si el procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados aún no concluye, entonces la parte quejosa todavía no puede conocer el sentido de la resolución definitiva que ahí se dicte y, por ende, tampoco puede conocer desde este momento si el procedimiento que se le inició le será desfavorable, ya que será hasta que tal resolución se emita cuando la parte quejosa estará en aptitud de aseverar que dicho acto le causa un daño o perjuicio de imposible reparación y, en este supuesto, podrá combatirlo por los medios legales que estime pertinentes. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que establece el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente
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