Santiago Alvarado Hernández

Expediente 717/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
717/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • Santiago Alvarado Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida por ... por propio derecho, se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 717/2018-I-A. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - El auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Naucalpan de Juárez, dictado en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Adeudadas, relativo al juicio de divorcio incausado 2081/2016 de su índice, en cual en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de nueve de enero de dos mil dieciocho, se requiere a Santiago Alvarado Hernández el pago de $23,291.64 (veintitrés mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de las pensiones alimenticias generadas a partir de mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de diciembre de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO. De lo anterior se colige la actualización de la hipótesis normativa contenida en el artículo 113, de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud que se evidencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionado al diverso 107, fracción IV, del propio ordenamiento; este último interpretado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107: El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Del artículo transcrito en segundo término, se advierte que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Que tratándose del procedimiento de remate, el juicio de amparo será procedente únicamente contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además que, en la demanda de amparo, podrán hacerse valer las violaciones procesales cometidas durante esos procedimientos que dejaron en estado de indefensión al promovente. El fin perseguido por esta norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 Constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Así lo sostuvo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número P.LVII/97, publicada en la página dieciséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de mil novecientos noventa y siete, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 Constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Ahora bien, como se estableció al principio de esta determinación, el promovente de amparo señaló como acto reclamado el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Naucalpan de Juárez, dictado en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Adeudadas, relativo al juicio de divorcio incausado 2081/2016 de su índice, ello en cumplimiento a la interlocutoria de nueve de enero de dos mil dieciocho, en donde se requiere a Santiago Alvarado Hernández el pago de $23,291.64 (veintitrés mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de las pensiones alimenticias generadas a partir de mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de diciembre de dos mil diecisiete. Aunado a que del acto reclamado consistente en el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se advierte que la autoridad responsable requirió al quejoso en la vía de apremio y en ejecución de sentencia el pago de la cantidad a que fue condenado en interlocutoria de nueve de enero del año en curso. De lo anterior se deduce que, la determinación reclamada se emitió en ejecución de la interlocutoria dictada en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Adeudadas, relativo al juicio de divorcio incausado 2081/2016 de su índice, en la que condenó al quejoso, para que dentro del plazo de ocho días a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, exhibiera e hiciera pago de la cantidad de 23,291.64 (veintitrés mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias provisionales no pagadas a favor de sus acreedores alimentarios. Sin embargo, el acto reclamado no puede ser analizado a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que no se ajusta en los supuestos del precepto legal aludido, es decir, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo en la que se haya aprobado el cumplimiento total de lo sentenciado o bien, se haya declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, la resolución impugnada, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado. Sirve de apoyo en lo que interesa, la tesis IV.2o.C.67 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Página: 1055, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ESPECIAL DE CONTROVERSIA SOBRE CONVIVENCIA Y POSESIÓN INTERINA DE MENORES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SE TRATE DE RESOLUCIONES CUYO CUMPLIMIENTO SEA DE TRACTO SUCESIVO O PERIÓDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último dictado en ese procedimiento. Este último acto se ha interpretado como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Por tanto, aun cuando en términos de la legislación local, la autoridad judicial en todo tiempo está en condiciones de modificar por causas supervenientes las resoluciones respecto a la custodia de los menores, ello es insuficiente para colegir que no existe una última resolución en los procedimientos de ejecución de sentencia del juicio especial de controversia sobre convivencia y posesión interina de menores, dado que hasta en tanto no exista una modificación o una nueva resolución por causa superveniente de la resolución primigenia emitida en el juicio, ésta surte plenos efectos jurídicos, lo que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza de firmeza y, por ende, debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, se concluye que el criterio de "última resolución" adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", debe prevalecer incluso en resoluciones que por su naturaleza no adquieren la categoría de cosa juzgada, pues tiende a agilizar la ejecución del juicio, y con ello se evita la posibilidad de impugnar cada una de las determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución, que sin duda retardarían el cumplimiento de la sentencia. Además, el hecho de que el régimen de convivencia, objeto de la sentencia, sea de tracto sucesivo o de cumplimiento periódico, sólo implica que la condena tenga una duración indeterminada, mas no que necesariamente en el juicio no sea factible dictar la resolución que tenga por cumplida la sentencia o se declare la imposibilidad jurídica o material de cumplirla, en la medida en que si varían las condiciones que llevaron al Juez a dictar las medidas de convivencia o surge una causa superveniente, se estará en condiciones de emitir la resolución de que se trata. Un criterio contrario, llevaría al absurdo de sostener que en sentencias de condena a prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, como pago de rentas, salarios o alimentos, no sea factible emitir la última resolución que dé por terminado un juicio, lo que abriría indiscriminadamente la posibilidad de promover juicio de amparo, contra cualquier actuación en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva, hipótesis que entorpecería el cumplimiento en demérito o desdoro de la finalidad perseguida por el legislador al establecer la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo en análisis, de tutelar el cumplimiento de las sentencias, por ser de orden público, y evitar abusos en la promoción del juicio de garantías." [El énfasis es propio] Lo anterior, sin soslayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la jurisprudencia número 1ª./J.19/2011, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.", en el sentido que existen actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural y, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata; empero, la actuación reclamada no se encuentra dentro de los casos de excepción precisados, pues no se trata de una resolución independiente, sino que, está encaminada precisamente a lograr el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen. En efecto, el juicio de amparo indirecto procede contra las determinaciones que deduzcan defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, siempre y cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada; lo que no acontece en el caso. Por otra parte, se estima que además se actualiza una diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De conformidad con la disposición reproducida, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo; salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones II, penúltimo párrafo, III, IV, último párrafo, VII y XII, de la Constitución Federal; 17, fracción IV, 20, 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX, segundo párrafo y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K , cuyo tenor es: RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías. De lo anterior, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Bajo el esquema apuntado, los artículos 1.362 y 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado en la presente instancia constitucional, establecen: Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. De los anteriores preceptos se advierte que respecto del acto reclamado en estudio, el ordenamiento civil aplicable prevé como medio defensa el recurso de revocación, mismo que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar la determinación impugnada en esta vía. Mismo que se funda como un medio ordinario de defensa procedente en contra de los autos y decretos dictados fuera de audiencia; como en el caso concreto en que se reclama el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Naucalpan de Juárez, dictado en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Adeudadas, relativo al juicio de divorcio incausado 2081/2016 de su índice, en el cual en cumplimiento a la interlocutoria de nueve de enero de dos mil dieciocho, se requiere a Santiago Alvarado Hernández el pago de $23,291.64 (veintitrés mil doscientos noventa y tres pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de las pensiones alimenticias generadas a partir de mes de marzo de dos mil diecisiete al mes de diciembre de dos mil diecisiete, de lo cual se colige que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controviertan en el juicio de origen mediante el recurso de revocación. Luego, si en el caso la parte quejosa no interpuso recurso de revocación en contra de la determinación decretada el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Tercero de lo Familiar con residencia en Naucalpan de Juárez, dictado en el Incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Adeudadas, relativo al juicio de divorcio incausado 2081/2016 de su índice, en cual en cumplimiento a la interlocutoria de nueve de enero de dos mil dieciocho, evidentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. No pasa inadvertido para el suscrito, las excepciones al principio de definitividad que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, en el presente caso no se actualizan, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que a la promovente le revista el carácter de tercera extraño, debido a que de la demanda de amparo se advierte que la aquí quejosa es parte en el juicio de origen. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en la controversia de origen, se encontraba obligada a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto reclamado. A mayor abundamiento, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo; Idóneo; y Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de revocación- reúne dichos requisitos, pues este es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se haga valer lo que en derecho corresponda, el cual puede plantearse al día siguiente al en que se notifique el auto o decreto que se pretenda recurrir; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne, es de plazo razonable, ya que únicamente el juez debe dar vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia advertidas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, relacionado al diverso 107, fracción IV, del propio ordenamiento; este último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Santiago Alvarado Hernández. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones las listas de publicación de este juzgado de distrito. Y se tienen como autorizados a las personas que indica en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y, en caso contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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