Santiago Mayren Sánchez

Expediente 1436/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1436/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Santiago Mayren Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible desahogar en virtud que, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, rindió su informe justificado. De igual forma, se advierte la reserva del auto de diez de octubre de dos mil veintidós, respecto al emplazamiento de los terceros interesados en el juicio de amparo en que se actúa, y que este órgano jurisdiccional estima que con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sí le surte el carácter de terceros interesados a ********************* su carácter de Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares dependiente del Poder Judicial del Estado, así como a Hilda Aguirre Mondragón, tercera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. En consecuencia, previo a ordenar su emplazamiento, es necesario saber actualmente dónde están adscritos dichos funcionarios; por tanto, requiérase a Raimundo Casarrubias Vázquez, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Estatal, para que en un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional la adscripción actual de los aludidos terceros interesados, lo anterior a efecto de ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Finalmente, para dar margen a lo anterior, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por **********************, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior a la autoridad federal de cuenta en vía de acuse de recibo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1436/2022 y fórmese expediente. Ahora, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes expuesto se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Atento a lo anterior, el suscrito juzgador advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que del capítulo del acto reclamado señalado en la demanda de amparo, el quejoso aduce como tal el siguiente: ".A).- RECLAMO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO, EL DICTADO DE LA SENTENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO NÚMERO **********************, YA QUE DESDE EL 4 DE ABRIL DE 2022, SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y NO HA DICTADO LA SENTENCIA RESPECTIVA, VIOLÁNDOSE EN CONTRA DEL SUSCRITO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL, 124 DE LA LEY DE AMPARO Y LOS DIVERSOS 347 Y 351 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADOS SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE AMPARO." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 113, 171 y 172, fraccione XII, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." (LO RESALTADO ES NUESTRO). Asimismo el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;" De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por el peticionario del amparo, consiste en que el Juzgado Séptimo de Distrito, no ha dictado sentencia en el amparo indirecto 1649/2019, aun cuando ya se celebró la audiencia constitucional el cuatro de abril del año en curso. De la interpretación de lo anterior, se llega a la conclusión de que los actos aquí reclamados por el impetrante de garantías no pueden ser analizados constitucionalmente en esta vía en virtud de que los mismos fueron emitidos dentro del juicio de amparo indirecto 1649/2019, ya que si así lo hiciere, con ese proceder se desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, de otra suerte se ejercitaría un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que sería un contrasentido. Y en el caso nos encontramos en el supuesto de que es improcedente la presente vía legal de amparo, ya que el acto materia de reclamo por la parte quejosa, tiene su génesis en las actuaciones derivadas del juicio constitucional antes citado. Tal determinación se apoya en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 200631 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 12/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 507 Tipo: Jurisprudencia AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo. Pues en el caso propuesto, los jueces de distrito al conocer de los distintos juicios de amparo, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, en ese sentido por la naturaleza del medio de defensa que se trata y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, se trataría extralógicamente al Juez de conocimiento como otra autoridad y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería, como ya se dijo, un control constitucional sobre otro control constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 199492 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 2/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 5 Tipo: Jurisprudencia AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. En mérito de lo expuesto, se concluye que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya analizada, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En función de la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, ************ y ************, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a *****************, por no estar registrado en el aludido sistema. VÍA DE NOTIFICACIÓN. Téngase como modalidad para oír y recibir notificaciones la que indica en su escrito de demanda (vía electrónica) por conducto de ********************; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano jurisdiccional, con el nombre de usuario "*************************"; de conformidad con los artículos 26, fracción IV con relación al el numeral 30 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico de la adscripción, para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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