Santiago Ocampo Hernández
Expediente 597/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Alicia Estrada Ocampo
- Santiago Ocampo Hernández y Otros.
- Santiago Ocampo Hernández
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, se ordenó archivar el presente asunto como totalmente concluido; sin embargo, no se devolvió el tomo a la autoridad responsable. En consecuencia, como la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, exhibió copias certificadas del expediente de origen ******************** en un tomo, devuélvase a su lugar de origen. En el entendido que el sello de recibido del oficio respectivo, se tomará como acuse de recibo. Cúmplase. .
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo propuesta, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos de los diversos artículos 8 y 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio de la cual hace del conocimiento que turnó a este órgano federal la demanda de amparo remitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, por conocimiento previo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de junio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio y anexos signados por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 590/2021, promovido por Santiago Ocampo Hernández y María Alicia Estrada Ocampo, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en un tomo de actuaciones y un legajo de pruebas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al juzgado oficiante en vía de acuse de recibo. Ahora bien, con las constancias anexas al oficio que se provee, fórmese por separado un tomo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado; en razón al volumen de las mismas no se escanea para conformar el expediente electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, así como las constancias adjuntas al mismo a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Sobre el particular se invoca la tsis I.4o.A.269 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época, registro: 196322, tomo VII, mayo de 1998, materia administrativa, página: 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora, del análisis integral de la demandada de amparo así como de sus anexos, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Improcedencia que en el caso cobra vida jurídica, toda vez que al momento de acudir a la instancia constitucional en diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa reclamó lo siguiente: ".La falta de interés y/o expeditez procesal, para DICTAR EL ACUERDO DE VINCULACIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAUDO... Lo anterior deriva, según los antecedentes del acto reclamado, de un escrito que los quejosos presentaron ante la responsable con fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, donde solicitaron esencialmente lo siguiente: "solicito a Usted, se embarguen las participaciones y aportaciones que le corresponden al H. AYUNTAMIENTO DE TÉCPAN DE GALEANA, por la cantidad de 2´294,965.86 (Dos Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos con Ochenta y Seis Centavos /100.M.N.). Y toda vez que, dichas participaciones y aportaciones le son entregadas por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, deberá enviarse el oficio correspondiente a dicha dependencia para que, la cantidad embargada sea entregada al suscrito a fin de dar debido cumplimiento al laudo de fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce." Lo cual resulta de lo contenido en la demanda de amparo y su anexo, así como de las documentales que remitió la autoridad responsable en el juicio de amparo 590/2021, de lo que se advierte que la parte actora aquí quejosa mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, solicitó al tribunal responsable embargar las participaciones y aportaciones que le corresponden al Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, por la cantidad de dos millones doscientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos con ochenta y seis centavos, y como dichas participaciones y aportaciones son entregadas por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, girar oficio a dicha dependencia para que la cantidad embargada sea entregada a los suscritos a fin de dar debido cumplimiento al laudo de origen, dentro del juicio laboral 172/2009, sin que al momento de promover el juicio de amparo la responsable haya emitido el acuerdo correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta del tribunal laboral, se advierte que el ocho de febrero de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por los actores el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos siguientes (solo lo que interesa). "dígasele al promovente que no ha lugar en acordar favorable su petición en razón de que en el auto de fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve dichas medidas de apremio no fueron decretadas por lo tanto dígasele al mismo que se esté a lo acordado en líneas que anteceden del presente acuerdo" Ahora bien, en el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, que dictó en atención al escrito de trece de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad laboral actualizó la planilla de liquidación propuesta por la parte actora la cual resultó favorable a sus intereses, por lo que en el mismo auto se requirió al Ayuntamiento demandado para que en el plazo de veinte días hábiles realizará el pago de lo condenado, con el apercibimiento de ley correspondiente en caso de ser omiso a lo anterior. Asimismo, la responsable en torno a la retención de las partidas presupuestales del demandado, lo remitió al diverso acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se le fijó al Ayuntamiento condenado las directrices sobre las cuales debe cumplir con el laudo, tales como hacer uso de aquellos recursos que recibe de manera directa de acuerdo a lo estipulado por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cumplir con el laudo condenatorio. Cabe destacar, que si bien es cierto los quejosos aducen como parte de su acto reclamado, el hecho de que la autoridad laboral omitió vincular al cumplimiento de laudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, lo cierto es, que ello no fue solicitado en el ocurso presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que en modo alguno el tribunal responsable se encontraba en condiciones de acordar favorable un solicitud que no le fue pedida. En esa tesitura, tomando en cuenta que la demanda de amparo se tiene que interpretar en su totalidad, adminiculando las constancias que remita la autoridad responsable en su informe justificado; se tiene que, la omisión que reclamó la quejosa de la autoridad responsable dentro del juicio laboral 172/2009, ya fue atendida mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintidós. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los aquí agraviados que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que para el caso sea procedente admitir la demanda y esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para entrar al estudio del auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, toda vez que el análisis del acto reclamado debe realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen, en estricto respeto al principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, y en ese sentido, debe tenerse como tal en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la omisión antes destacada. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada avalada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, así como del tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, aunado a que se aprecia que los peticionarios no son parte patronal. Finalmente, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, para que realice la compensación y equilibrio de las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y expida la boleta de turno que corresponde respecto del juicio de amparo 597/2022 de nuestra estadística, derivado del diverso expediente 590/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta misma ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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