Santiago Mateos Sebastián
Expediente 294/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Santiago Mateos Sebastián
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de marzo de dos mil dieciséis (fojas 9 a 11), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Vista la demanda promovida vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación por Raúl Arturo Bautista Godoy, quien se ostenta como apoderado legal de Santiago Mateos Sebastián, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 3 y 23 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se tiene por recibida; regístrese en el libro de gobierno con el número 294/2016 y fórmese expediente. Analizada la demanda en su integridad, la suscrita advierte que la misma resulta improcedente en virtud de que el escrito de demanda carece de la firma electrónica del promovente y con base en ello es de señalar que, se actualiza de manera patente y cierta, la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, coligado con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (...)" Ahora, la demanda se presentó vía electrónica, y los artículos 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, señala: Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distritos y Tribunales de Circuito del Postal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de no contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. De la interpretación a lo antes trascrito se obtiene que para la presentación de demandas de manera electrónica, es requisito indispensable agregar la firma electrónica vigente, lo que en el caso no acontece, al no existir la evidencia criptográfica de la firma electrónica. Luego, las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o en ciertos casos, a través de su representante, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. Asimismo, cabe mencionar que si, como en el caso, la demanda es promovida por Raúl Arturo Bautista Godoy, quien se ostenta como apoderado de Santiago Mateos Sebastián, ésta carece de firma electrónica, lo que resulta insuficiente la manifestación de voluntad de dicho quejoso, al carecer de firma, no se actualiza la eficacia prevista en la ley. De tal suerte que al carecer de firma; no acredita ante este órgano jurisdiccional ser quien promueve la instancia de amparo, en contravención a lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito o en todo caso por firma electrónica, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico para promover un medio de defensa, máxime que la ley de la materia en el numeral 175, precisa que la demanda de amparo deberá formularse por escrito. Ahora bien, el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de instancia de parte agraviada, el cual se materializa en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, y que conlleva como exigencia para la procedencia de aquél, que el gobernado que se cree afectado en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien promueva el mismo, debiendo cumplir con requisitos formales tales como lo es el presentar el escrito de mérito firmado (electrónicamente si eligió esa vía de comunicación, o autógrafa original si la exhibe en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en esta ciudad), ya que en caso de no hacerlo así, el documento relativo carece de la voluntad de quien lo presenta. En especie, la falta de firma, implica la falta de voluntad de promover juicio de amparo, de ahí que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Resulta aplicable al caso concreto la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 61, fracción XXIII de la misma ley, en relación con el artículo 6o. del propio ordenamiento." En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada, de conformidad con el numeral 113, de la Ley de Amparo. Ahora bien, como en el documento que se analiza se anotó un domicilio y autorizados, se tiene tal domicilio ubicado en calle Lucero, lote 3, manzana 13, colonia Satélite, de esta ciudad; y como autorizados para recibirlas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que refiere.
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