Santiago Fernando Novelo Navarrete Novelo Navarrete
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Santiago Fernando Novelo Navarrete Novelo Navarrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agrego al expediente el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Ese recurso fue radicado con el número de queja ++++ de su índice, circunstancia de la que me doy por enterado. No pasa desapercibido: señala el recurso fue interpuesto por el quejoso ++++ (sic), siendo el nombre correcto ++++ Sin embargo, el mismo contiene datos que permiten determinar que se refiere al recurso de queja promovido por el aquí quejoso +++
- Principal
Agrego al expediente el escrito signado por el quejoso +++, por el cual interpone recurso de queja y en uno diverso formula agravios contra el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el cual deseché la solicitud de amparo por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo . Entonces, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, tengo interpuesto dicho recurso. Lo anterior, pese a que el quejoso invocó en el escrito de interposición, el artículo 97 fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pero esto sólo puede resolverlo la superioridad al proveer la decisión final sobre el citado recurso. Por lo que ordeno remitir el escrito original de agravios y una copia del escrito de interposición, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que los turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Descarto proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto deseché la demanda de amparo . Por otra parte, desde este acuerdo rindo el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve deseché la demanda origen de este expediente, por advertir una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en particular la relativa al parámetro de imposible reparación. Como justificante de lo anterior, ordeno remitir copias certificadas de todas las constancias que obran en el presente expediente, para la substanciación del recurso. Por último, solicito en forma atenta al magistrado presidente del tribunal colegiado que por turno corresponda la queja, remita el acuse de recibo por los documentos que remito
- Principal
Agrego al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, a través del cual desahoga la prevención que le formulé en acuerdo de quince de mayo del año en curso (fojas 9 a 12). De hecho, informa que el once de abril de dos mil diecinueve, fueron dictadas siete interlocutorias para diferentes recursos de revocación, en la causa penal ***, que se le instruye a él y a otros por el delito de abuso de confianza. Además, puntualiza la resolución que pretende reclamar con la demanda origen de este juicio de amparo y que de acuerdo a su escrito de aclaración y resolución que acompaña al mismo, consiste en: La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. El cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba (fojas 20 a 27). Incluso observo copia simple de esa interlocutoria, la cual exhibió el quejoso con el escrito aclaratorio, para delimitar la resolución específica que pretende reclamar en la demanda que originó este juicio. Esa copia simple, concuerda con la diversa que recibí en copia certificada del juez señalado como responsable, relativa a la impugnada por el quejoso en su demanda de amparo (fojas 20 a 27); la cual decidí recabar para tener mayores elementos sobre la procedencia de la acción constitucional. Máxime que desde la presentación de la demanda de protección, debo esclarecer cualquier causal de improcedencia, debido a lo que establecen los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. Entonces, tengo desahogada la prevención inicial, pues el quejoso informó el número de resoluciones dictadas en la referida causa, el once de abril de dos mil diecinueve; y para la materia de este juicio, delimitó una de esas como el acto concreto que desea reclamar. Sin embargo, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de examinar los actos combatidos, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, debo emitir un acuerdo de desechamiento (de plano). Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda y escrito aclaratorio suscrito por el quejoso ***. Para demostrarlo, considero necesario indicar que el reclamo delimitado por el quejoso, comprende: a). La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de una testimonial dentro de la causa *** (fojas 20 a 27); Sin embargo, la interlocutoria precisada por el quejoso, carece de elementos para materializar el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el cual visualizo de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal , todos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual resultó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, puede obtenerse una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como lo indiqué en párrafos anteriores, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra una resolución distinta, emitida el once de abril de dos mil diecinueve, en la causa ***: a). La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de una testimonial dentro de la causa *** (fojas 20 a 27). Sin embargo, considero que la materia y sentido de la citada interlocutoria, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, porque esa resolución abordo determinaciones relacionadas con el procedimiento, nunca los derechos sustantivos involucrados en el proceso, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba. Lo cual de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como procesado en la referida causa. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá hasta el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma que resulte benéfica a los intereses del quejoso. Escenario que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria que sólo abordó lo relativo al desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba. Y al estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, considero en este momento la falta de datos para visualizar un impacto contra los derechos sustantivos del quejoso. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. En el caso, se estima la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro del proceso *** del índice del Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la cual fue declarado procedente la tramitación del recurso de revocación promovido por la abogada ***, apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable. Además, al resultar parcialmente procedentes los agravios expresados por la mencionada recurrente, fue revocado el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho en sus puntos 2 y 3 y en su lugar, el juez responsable señaló las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve para desahogar la testimonial a cargo de ***; y requerir al aquí quejoso y a su defensora particular ***, en los términos mencionados en párrafos anteriores. Interlocutoria que no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable al quejoso, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada resolución quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte ocursante podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del recurso de apelación, para después acudir al juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 170, fracción I y 173, Apartado A Sistema de Justicia Penal Mixto, fracciones VII y XIV, de la Ley de Amparo. Sólo me resta decir que la improcedencia decretada en párrafos anteriores, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debo privilegiar la continuidad de la causa penal de origen -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, reclamada por el quejoso respecto de la causa penal *** (antes delimitada) encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal, todos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la demanda de protección constitucional presentada por el quejoso, pues los actos que delimitó en el escrito de cuenta, encontraron en forma manifiesta e indudable la causal antes indicada. Por último, ordeno realizar las anotaciones correspondientes al sentido de este acuerdo, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agrego al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso ***, a través del cual desahoga la prevención que le formulé en acuerdo de quince de mayo del año en curso (fojas 9 a 12). De hecho, informa que el once de abril de dos mil diecinueve, fueron dictadas siete interlocutorias para diferentes recursos de revocación, en la causa penal ***, que se le instruye a él y a otros por el delito de abuso de confianza. Además, puntualiza la resolución que pretende reclamar con la demanda origen de este juicio de amparo y que de acuerdo a su escrito de aclaración y resolución que acompaña al mismo, consiste en: La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. El cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba (fojas 20 a 27). Incluso observo copia simple de esa interlocutoria, la cual exhibió el quejoso con el escrito aclaratorio, para delimitar la resolución específica que pretende reclamar en la demanda que originó este juicio. Esa copia simple, concuerda con la diversa que recibí en copia certificada del juez señalado como responsable, relativa a la impugnada por el quejoso en su demanda de amparo (fojas 20 a 27); la cual decidí recabar para tener mayores elementos sobre la procedencia de la acción constitucional. Máxime que desde la presentación de la demanda de protección, debo esclarecer cualquier causal de improcedencia, debido a lo que establecen los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo. Entonces, tengo desahogada la prevención inicial, pues el quejoso informó el número de resoluciones dictadas en la referida causa, el once de abril de dos mil diecinueve; y para la materia de este juicio, delimitó una de esas como el acto concreto que desea reclamar. Sin embargo, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de examinar los actos combatidos, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia respecto de ellos, debo emitir un acuerdo de desechamiento (de plano). Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda y escrito aclaratorio suscrito por el quejoso ***. Para demostrarlo, considero necesario indicar que el reclamo delimitado por el quejoso, comprende: a). La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de una testimonial dentro de la causa *** (fojas 20 a 27); Sin embargo, la interlocutoria precisada por el quejoso, carece de elementos para materializar el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el cual visualizo de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal , todos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual resultó posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, puede obtenerse una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como lo indiqué en párrafos anteriores, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra una resolución distinta, emitida el once de abril de dos mil diecinueve, en la causa ***: a). La resolución interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve que resuelve el recurso de revocación presentado por la apoderada legal de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual fue revocado de manera parcial para el efecto del desahogo de una testimonial dentro de la causa *** (fojas 20 a 27). Sin embargo, considero que la materia y sentido de la citada interlocutoria, sólo puede generar al quejoso violaciones adjetivas, porque esa resolución abordo determinaciones relacionadas con el procedimiento, nunca los derechos sustantivos involucrados en el proceso, para el desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba. Lo cual de ninguna forma trasciende a los derechos fundamentales que asisten al quejoso como procesado en la referida causa. Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá hasta el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma que resulte benéfica a los intereses del quejoso. Escenario que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria que sólo abordó lo relativo al desahogo de la prueba testimonial a cargo *** y respecto al requerimiento realizado al aquí quejoso y a su defensora particular ***, para que establezcan con precisión el nombre y cargo de la persona que desee comparezca a rendir testimonio (referente a su ofrecimiento del testimonio de quien ostente el cargo de representante legal y/o administrador general de la persona moral denominada ***, Sociedad Anónima de Capital Variable) y una vez efectuado lo anterior, se acordaría lo procedente respecto del desahogo de la prueba. Y al estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, considero en este momento la falta de datos para visualizar un impacto contra los derechos sustantivos del quejoso. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. En el caso, se estima la acción constitucional intentada deviene improcedente, porque la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, dictada dentro del proceso *** del índice del Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la cual fue declarado procedente la tramitación del recurso de revocación promovido por la abogada ***, apoderada general para pleitos y cobranzas de la persona moral ***, Sociedad Anónima de Capital Variable. Además, al resultar parcialmente procedentes los agravios expresados por la mencionada recurrente, fue revocado el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho en sus puntos 2 y 3 y en su lugar, el juez responsable señaló las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve para desahogar la testimonial a cargo de ***; y requerir al aquí quejoso y a su defensora particular ***, en los términos mencionados en párrafos anteriores. Interlocutoria que no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable al quejoso, pues de obtener sentencia favorable a sus intereses, las consecuencias jurídicas de la citada resolución quedarían sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica y, en caso contrario, la parte ocursante podrá impugnar la posible violación que se hubiere cometido a través del recurso de apelación, para después acudir al juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 170, fracción I y 173, Apartado A Sistema de Justicia Penal Mixto, fracciones VII y XIV, de la Ley de Amparo. Sólo me resta decir que la improcedencia decretada en párrafos anteriores, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- En consecuencia, debo privilegiar la continuidad de la causa penal de origen -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, reclamada por el quejoso respecto de la causa penal *** (antes delimitada) encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107 asimismo con los numerales 170, fracción I y 173, apartado A. Sistema de Justicia Penal Mixto, fracción VII, en relación con la XIV, de este último precepto legal, todos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la demanda de protección constitucional presentada por el quejoso, pues los actos que delimitó en el escrito de cuenta, encontraron en forma manifiesta e indudable la causal antes indicada. Por último, ordeno realizar las anotaciones correspondientes al sentido de este acuerdo, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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- Validación de identidad
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