Santiago Fernando Novelo Navarrete

Expediente 436/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
436/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Santiago Fernando Novelo Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que comunica a este juzgado que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó radicado bajo el número de recurso de queja +++ de su índice. De lo anterior queda informado a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso ++++, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo . En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . Por otra parte, desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se desechó la demanda origen de este expediente, por advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Esto es así, pues la parte quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio señaló como acto reclamado la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, que no revocó el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo +++, respecto del cual el quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo en la causa penal +++, -donde aquél tiene el carácter de procesado-. Decisión que obedeció a que la autoridad responsable determinó que el hecho de que al quejoso se le requiera para tal fin, no le genera ningún perjuicio al recurrente, aquí quejoso, pues proporcionar el domicilio de sus testigos, forma parte de las obligaciones procesales señaladas en los numerales 303, 304 y 305, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al contar en un primer momento con la carga procesal de presentar a las personas que señala para declarar. En tales condiciones, se consideró que la decisión de no revocar el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ++++, respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, sólo puede generarle violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión contenida en la referida interlocutoria, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal del quejoso. Sobre todo porque la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía estará sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses del quejoso. Situación que determinó la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria donde sólo se decidió no revocar un acuerdo en el cual se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ++++ respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se careció de elementos para visualizar un impacto contra el quejoso a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto, se afirmó que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos), los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también se visualizó la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. Por consiguiente, se estableció que el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la decisión de no revocar dicho acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes -de manera contraria a los intereses de aquél-; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Entonces, de conformidad con el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desechó de plano la demanda de amparo y su aclaración que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Como justificante de lo anterior, se ordena adjuntar copias certificadas de todas las constancias que obran en el presente expediente para la substanciación del recurso y el original del escrito signado por el quejoso +++, por el que interpone el recurso de queja. Por último, se solicita de igual modo y atentamente al tribunal colegiado que por turno conozca del presente asunto, remita el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Al expediente el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, por el cual desahoga el requerimiento formulado en el acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve y aclara lo siguiente: ".se manifiesta que en la causa penal de origen, siendo la ***, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal en el Estado de Puebla, con fecha once de abril del año dos mil diecinueve se emitieron siete resoluciones de recursos de revocación de los promovidos por esta parte quejosa.". Entonces, el acto reclamado en el presente juicio, acorde a lo manifestado por el quejoso en su demanda y escrito aclaratorio, lo es la resolución emitida el once de abril de dos mil diecinueve en la causa penal ***, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de revisar la demanda de protección, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscribe el quejoso ***. Para demostrar lo anterior, conviene narrar los antecedentes del referido acto reclamado como se explica a continuación. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el quejoso quien es procesado en la causa penal ***, promovió recurso de revocación a través de su defensora particular, contra el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en específico contra el punto cinco en el que se le requiere para que dentro del plazo de tres días proporcione mayores datos de ***, a fin de poder citarlo a rendir su testimonio. Tal acuerdo impugnado, derivó de la prueba testimonial ofrecida por la defensa del procesado, aquí quejoso, quien ofreció el testimonio de descargo de ***, quien al parecer fungía como apoderado de la moral ***. En ese sentido, el acuerdo impugnado en el recurso de revocación, en lo que interesa indica: ".Bajo otro contexto se tiene por recibido los oficios números 700-47.00.01-00-2018 1192 del Sub administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla 1, INENRFE/340012018 el Vocal del Registro Federal de Electores, y UJ.1573/18 del apoderado legal de Telmex de México, y visto su contenido de los cuales se advierten diversos domicilios de ***, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ***, de lo que esta autoridad queda enterada.--" En consecuencia de lo anterior se ordena turnar los presentes autos al diligenciario adscrito a este Juzgado a fin de que notifique a la defensa del procesado ***, para que en el término de 3 tres días contados a partir de la notificación, proporcione mayores datos de ***, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ***, a fin de que esta Autoridad pueda estar en posibilidad de citarlo en virtud de que existen diferentes domicilios del antes mencionado.". Tal acuerdo fue impugnado a través del recurso de revocación y en tal se resolvió en lo conducente de la siguiente forma: ".sin que le asista la razón a la Impugnante porque, contrariamente a lo que sostiene, el requerimiento de que aporte mayores datos para la localización de una persona que rendirá testimonio en Juicio por solicitud de la propia recurrente, no le genera ningún perjuicio. Así es porque, el testigo ***, se trata de uno de descargo ofrecido como prueba por la abogada *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***, y es ésta la que como parte oferente, cuenta en un primer momento con la carga procesal de presentar a dicha persona. (.) RESUELVE. PRIMERO.- Ha sido procedente la tramitación del recurso de revocación, presentado por la abogada *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***. SEGUNDO.- Resultaron INFUNDADOS los agravios expresados por la recurrente *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***. TERCERO.- Por las razones esgrimidas, no se revoca el auto de 16 DIECISÉIS DE ABRIL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.". Esta última determinación que resuelve un recurso de revocación, es la que se pretende reclamar en el presente juicio de derechos fundamentales. Sin embargo, la interlocutoria reclamada por el quejoso resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales, como en el caso lo es la interlocutoria que resuelve un recurso relativo a la admisión de una prueba testimonial de descargo ofrecida por el quejoso en la causa penal ***. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como lo anuncié al principio de este acuerdo, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, que no revocó el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo en la causa penal ***, -donde aquél tiene el carácter de procesado-. Decisión que obedeció a que la autoridad responsable determinó que el hecho de que se le requiera para tal fin, no le genera ningún perjuicio al recurrente, aquí quejoso, pues proporcionar el domicilio de sus testigos, forma parte de las obligaciones procesales señaladas en los numerales 303, 304 y 305, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al contar en un primer momento con la carga procesal de presentar a las personas que señala para declarar. Entonces, considero que la decisión de no revocar el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, sólo puede generar al quejoso violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión contenida en la referida interlocutoria, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO" . Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses del quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria donde sólo se decidió no revocar un acuerdo en el cual se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra el quejoso a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. Por consiguiente, el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la decisión no revocar dicho acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes -de manera contraria a los intereses de aquél-; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Sólo me resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal ***, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la demanda de protección constitucional y escrito aclaratorio presentados por el quejoso, porque el acto que delimitó como reclamado, encuentra en forma manifiesta e indudable la causal antes indicada. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informo al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  4. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Al expediente el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, por el cual desahoga el requerimiento formulado en el acuerdo de quince de mayo de dos mil diecinueve y aclara lo siguiente: ".se manifiesta que en la causa penal de origen, siendo la ***, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal en el Estado de Puebla, con fecha once de abril del año dos mil diecinueve se emitieron siete resoluciones de recursos de revocación de los promovidos por esta parte quejosa.". Entonces, el acto reclamado en el presente juicio, acorde a lo manifestado por el quejoso en su demanda y escrito aclaratorio, lo es la resolución emitida el once de abril de dos mil diecinueve en la causa penal ***, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de revisar la demanda de protección, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). Esa hipótesis normativa (el desechamiento de plano por una causa de improcedencia) se actualiza frente a la demanda que suscribe el quejoso ***. Para demostrar lo anterior, conviene narrar los antecedentes del referido acto reclamado como se explica a continuación. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el quejoso quien es procesado en la causa penal ***, promovió recurso de revocación a través de su defensora particular, contra el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, en específico contra el punto cinco en el que se le requiere para que dentro del plazo de tres días proporcione mayores datos de ***, a fin de poder citarlo a rendir su testimonio. Tal acuerdo impugnado, derivó de la prueba testimonial ofrecida por la defensa del procesado, aquí quejoso, quien ofreció el testimonio de descargo de ***, quien al parecer fungía como apoderado de la moral ***. En ese sentido, el acuerdo impugnado en el recurso de revocación, en lo que interesa indica: ".Bajo otro contexto se tiene por recibido los oficios números 700-47.00.01-00-2018 1192 del Sub administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Puebla 1, INENRFE/340012018 el Vocal del Registro Federal de Electores, y UJ.1573/18 del apoderado legal de Telmex de México, y visto su contenido de los cuales se advierten diversos domicilios de ***, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ***, de lo que esta autoridad queda enterada.--" En consecuencia de lo anterior se ordena turnar los presentes autos al diligenciario adscrito a este Juzgado a fin de que notifique a la defensa del procesado ***, para que en el término de 3 tres días contados a partir de la notificación, proporcione mayores datos de ***, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ***, a fin de que esta Autoridad pueda estar en posibilidad de citarlo en virtud de que existen diferentes domicilios del antes mencionado.". Tal acuerdo fue impugnado a través del recurso de revocación y en tal se resolvió en lo conducente de la siguiente forma: ".sin que le asista la razón a la Impugnante porque, contrariamente a lo que sostiene, el requerimiento de que aporte mayores datos para la localización de una persona que rendirá testimonio en Juicio por solicitud de la propia recurrente, no le genera ningún perjuicio. Así es porque, el testigo ***, se trata de uno de descargo ofrecido como prueba por la abogada *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***, y es ésta la que como parte oferente, cuenta en un primer momento con la carga procesal de presentar a dicha persona. (.) RESUELVE. PRIMERO.- Ha sido procedente la tramitación del recurso de revocación, presentado por la abogada *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***. SEGUNDO.- Resultaron INFUNDADOS los agravios expresados por la recurrente *** en su carácter de Defensora Particular del procesado ***. TERCERO.- Por las razones esgrimidas, no se revoca el auto de 16 DIECISÉIS DE ABRIL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.". Esta última determinación que resuelve un recurso de revocación, es la que se pretende reclamar en el presente juicio de derechos fundamentales. Sin embargo, la interlocutoria reclamada por el quejoso resulta incompatible con el parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo explico el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se permite obtener una resolución definitiva y completa desde los aspectos procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos ya fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esa hipótesis sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos, en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales, como en el caso lo es la interlocutoria que resuelve un recurso relativo a la admisión de una prueba testimonial de descargo ofrecida por el quejoso en la causa penal ***. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, hago notar que el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular por los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, obtengo que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que encuentra limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas de origen para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Con lo anterior dejo explicado el parámetro actual de imposible reparación. Ahora, como lo anuncié al principio de este acuerdo, el quejoso solicita el control de legalidad extraordinario -a través de su demanda de juicio de amparo indirecto- contra la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, que no revocó el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo en la causa penal ***, -donde aquél tiene el carácter de procesado-. Decisión que obedeció a que la autoridad responsable determinó que el hecho de que se le requiera para tal fin, no le genera ningún perjuicio al recurrente, aquí quejoso, pues proporcionar el domicilio de sus testigos, forma parte de las obligaciones procesales señaladas en los numerales 303, 304 y 305, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, al contar en un primer momento con la carga procesal de presentar a las personas que señala para declarar. Entonces, considero que la decisión de no revocar el acuerdo donde se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, sólo puede generar al quejoso violaciones procesales o adjetivas, porque la decisión contenida en la referida interlocutoria, nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados en el proceso, como sería la acreditación del delito o la responsabilidad penal del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO" . Más aún, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a las pruebas existentes en el proceso, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de una forma benéfica a los intereses del quejoso. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al reclamarse una interlocutoria donde sólo se decidió no revocar un acuerdo en el cual se le solicitó proporcionar mayores datos del testigo ***, respecto del cual el propio quejoso ofreció una prueba testimonial de descargo, y estar pendiente la sentencia definitiva que examine tanto el delito como la responsabilidad penal, se carece de elementos en este momento para visualizar un impacto contra el quejoso a sus derechos sustantivos. Bajo este contexto afirmo que la interlocutoria reclamada, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también visualizo la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. Por consiguiente, el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la decisión no revocar dicho acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, llega a determinar el análisis de las pruebas existentes -de manera contraria a los intereses de aquél-; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme a las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación. Sólo me resta decir que la improcedencia advertida en este sumario, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, declaro que la interlocutoria de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal ***, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la demanda de protección constitucional y escrito aclaratorio presentados por el quejoso, porque el acto que delimitó como reclamado, encuentra en forma manifiesta e indudable la causal antes indicada. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informo al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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