Santiago Arriaga Fernando

Expediente 180/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
180/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/03/2018

Partes del expediente

  • Santiago Arriaga Fernando

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, que desechó la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE PROMOVENTE. Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ** , contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar ante todo la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado que se le efectuó desde el ocho de junio de dos mil diecisiete, del Centro de Reinserción Social de Huachinango, Puebla al diverso Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, fecha señalada inclusive como notificación del acto combatido. En mérito de lo expuesto, la expresión formulada por el quejoso, en la que reconoce que los actos reclamados datan desde el ocho de junio de dos mil diecisiete, implica un reconocimiento que en términos de los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, constituye una confesión expresa, que hace prueba plena en su contra y que goza de valor probatorio pleno, sin necesidad de exigir una prueba fehaciente. Tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia P./J.27/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, junio de 1996, página 57, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO" . Las anteriores circunstancias, permiten considerar se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo que dispone. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, el numeral 17 de la legislación en cita ordena: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De la lectura de los numerales transcritos se observa que si un juicio de amparo se promueve fuera del plazo de quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 transcrito, deviene improcedente, salvo las excepciones contenidas en este numeral, las cuales en ningún modo se actualizan en el caso. Al respecto, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 22, fracción II, la Ley de Amparo abrogada, la demanda de amparo en la que se reclamaran, entre otros, ataques a la libertad personal, era procedente en cualquier tiempo por disposición expresa de este numeral. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente no se prevé una excepción, salvo aquellos casos en los que se reclaman ataques a la libertad personal fuera de procedimiento (fracción IV del artículo 17 de la ley citada, transcrito anteriormente), hipótesis distinta al traslado aquí reclamado. En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la orden de traslado reclamada ya fue ejecutada el ocho de junio de dos mil diecisiete, además, porque así lo confesó el quejoso en su demanda de amparo, lo cual constituye una prueba plena, y para nada argumentó encontrarse en el supuesto de excepción para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto debe sujetarse, por mandato del legislador, al término genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Para demostrarlo se hace notar que la fracción invocada establece la improcedencia respecto de los actos consentidos en forma tácita: aquéllos contra los cuales se omite solicitar la protección federal dentro de los plazos legales establecidos. La primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De donde se colige que el juicio de protección de derechos será improcedente cuando se presente la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. Ahora, en este asunto el quejoso se hizo sabedor de la orden de traslado el ocho de junio de dos mil diecisiete, pues en esa misma data se efectuó la ejecución de la misma. Tal manifestación, al haberla realizado el quejoso en la demanda de amparo, constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad en lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin que resulte necesaria la constancia de notificación personal o alguna prueba fehaciente que así lo acredite, como se dijo en párrafos anteriores, pues así fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.27/96. Por consiguiente, resulta un hecho notorio para este juzgador, el cual se invoca de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el plazo de quince días que tenía la parte quejosa para solicitar la protección constitucional contra dicho acto, transcurrió desde hace más de ocho meses. De ahí, se considera que la presentación de la demanda de protección fue interpuesta de manera extemporánea. A pesar de lo anterior, la parte quejosa ejerció la acción de derechos fundamentales hasta el día de hoy (veintisiete de febrero de dos mil dieciocho), como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo lo cual implica una presentación extemporánea porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentida tácitamente la orden de traslado, pues la demanda de amparo se presentó fuera del plazo de quince días. Por tanto, se concluye que el acto reclamado encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control se promovió después de terminado el plazo del diverso 17. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ubicado en: *** . Por autorizado en términos amplios, de conformidad a lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ** , por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la denominación de la autoridad responsable y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante, con sede en la ciudad de Puebla, por el cual informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada de la resolución de veinte de febrero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se le requiere al juez responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación del presente acuerdo remita copia certificada de la audiencia incidental celebrada en la carpeta de ejecución ***. Se le hace saber que subsisten los apercibimientos decretados en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso. Por último, se reserva dar la vista a la cual se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto la autoridad responsable dé cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio.

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