Sandro Omar Guzman Peralta

Expediente 225/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
225/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
17/06/2016

Partes del expediente

  • Sandro Omar Guzman Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veinticuatro de mayo del año en curso, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto ***************, promovido por ***************. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el quince de marzo de dos mil dieciséis, turnado al día siguiente a este juzgado, ***************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en: [.] IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Uno designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 02 de marzo de 2016, inicie acción laboral en contra de la tercero interesada ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como primera fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 30 de Mayo del 2016 a las 12:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. [.] SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a juicio el amparo ***************; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional, en la cual se determinó conceder el amparo, para que la Junta responsable efectuara lo siguiente: Deje sin efecto la fecha señalada en el auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral ***************, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, Señale otra fecha para llevar a cabo dicha audiencia, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido el diez de mayo del año en curso, en la oficialía de correspondencia de este juzgado, la responsable remitió copia con firmas autógrafas del auto que pronunció el cuatro de mayo del año que transcurre, en el que dejó sin efectos la hora y fechas fijadas el dos de marzo del presente año, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin embargo, al ajustarse precisamente a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia quedó señalada nuevamente el treinta de mayo de esta anualidad, modificando únicamente la hora que quedó establecida a las doce horas de ese día. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Atento a lo narrado en párrafos que preceden, por proveído de once de mayo pasado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que: la Junta responsable, emitió un acuerdo en el expediente laboral 1/16/0785, en el que dejó sin efectos la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, reclamadas y señaló una nueva en la que se apegó al artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, como se estableció en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al imperante, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ***************, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgado, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se le señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Se precisa que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para el siguiente efecto: En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que la Junta especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, efectúe lo siguiente: Deje sin efecto la fecha señalada en el auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral ********************, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, Señale otra fecha para llevar a cabo dicha audiencia, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo ***************, promovido por ***************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el quince de marzo de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado al día siguiente, ***************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, a quien le reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO. Lo configura la Omisión de la H. Junta Especial Uno designada corresponsable, de actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pues con fecha 02 de marzo de 2016, inicie acción laboral en contra de la tercero interesada ya reseñadas, por razón del despido injustificado del que fui objeto, y se señaló como primera fecha de audiencia inicial de Conciliación, Demanda y Excepciones el día 30 de Mayo del 2016 a las 12:10 horas, violando así el precepto legal anteriormente citado. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el número de expediente ***************, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción III, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama de la Junta responsable: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 1/16/0785, al haber señalado fecha para la celebración de conciliación demanda y excepciones, sin respetar el término que al efecto prevé el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 24), manifestó que es cierto el acto reclamado. Además, dicha autoridad remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio natural, de donde se advierte que efectivamente en auto de dos de marzo de dos mil dieciséis (foja 33), señaló las doce horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis (dos meses después), para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora bien, tales constancias, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita a la Junta responsable. De manera que, tal como lo acepta la Junta responsable, el retardo en la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, en el juicio natural, es cierto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral ***************, al haber señalado fecha para la celebración de conciliación demanda y excepciones, sin respetar el término que al efecto prevé el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, es necesario precisar que en atención a que la aquí parte quejosa es la parte trabajadora en el juicio natural, conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de sus conceptos de violación. Ahora bien, el quejoso argumenta que la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, vulnera en su perjuicio el derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional. Dicho numeral establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, el derecho de administración de justicia está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Indicado lo anterior, de las constancias del juicio natural que remitió la Junta responsable, ya valoradas, como se refirió en el considerando segundo, se desprende que en auto de dos de marzo del año que transcurre (foja 33), señalaron las doce horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis (dos meses después), para celebrar la audiencia conciliación, demanda y excepciones. De manera que, efectivamente, la Junta responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor. El subrayado es nuestro. Conforme a dicho numeral, al recibir la Junta correspondiente, el escrito inicial de demanda, dentro de las veinticuatro horas siguientes, dictará un acuerdo en el que señalará el día y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el citado artículo de la Ley Federal del Trabajo, que tendrá verificativo dentro de los quince días siguientes. Sin embargo, la Junta responsable, en evidente violación a dicho numeral y al artículo 17 Constitucional, señaló las doce horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la aludida audiencia, es decir, dos meses después de que se recibiera el escrito inicial de demanda el dos de marzo del presente año. Al respecto, por las razones conducentes que informa, se cita la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal a Sandro Omar Guzmán Peralta, para el efecto de que la Junta especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, efectúe lo siguiente: Deje sin efecto la fecha señalada en el auto de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral ***************, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y, Señale otra fecha para llevar a cabo dicha audiencia, ajustándose a lo dispuesto por el artículo 873, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***************, en relación a la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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