Santiago Ceballos Álvarez
Expediente 675/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Santiago Ceballos Álvarez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ***, dentro del plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso D, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, al tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso D, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio OCC/C13/JDM/182/2021, firmado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, al que adjunta la papeleta con registro 001303/2021, así como el diverso oficio 23467/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por****, por propio derecho, contra actos de la Presidenta Municipal Constitucional de Santiago Laollaga Tehuantepec, Oaxaca y otras autoridades. ************ En efecto, de los puntos marcados con antelación, se advierte que el quince de diciembre de dos mil veintiuno, la presidenta Municipal del Municipio de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca -ante cuestionamiento expreso del aquí quejoso-le informó de manera verbal, que la falta de pago de las dos quincenas anteriores como policía de dicho municipio, se debía al embargo de la cuenta bancaria del municipio de Santiago Laollaga, número 18000169623, CLABE 014617180001696233, del Banco Santander, sucursal ubicada en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, destinada para solventar los pagos de seguridad pública de dicho municipio, por lo tanto, se precisa, que dicha determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Lo anterior es así, ya que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se obtienen del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, y atendiendo a la Jurisprudencia 2ª/J 55/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195745, de rubro y texto: ********* DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, contra los actos reclamados, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Con base en las directrices plasmadas, es de establecerse que en contra de los citados actos reclamados, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que previamente debió agotar el recurso de revocación previsto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Cierto, los artículos 149, 150 y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 149.- Las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución." "ARTÍCULO 150.- Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: I.- Se interpondrá dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación, ante la propia autoridad municipal, que haya emitido el acto, acuerdo o resolución que se impugne. II.- El escrito de interposición contendrá: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. III.- Se admitirán toda clase de pruebas emitidas por la ley, con excepción de la confesional de las autoridades; en caso de ofrecerse prueba testimonial o pericial, se acompañará el interrogatorio para los testigos y el cuestionario que deban resolver los peritos. IV.- Una vez interpuesto el recurso, la autoridad lo remitirá al Síndico Municipal para su trámite y resolución. V.- Recibidas las constancias del recurso por el Síndico Municipal, se abrirá un periodo de prueba por diez días hábiles para desahogar las que se hubieren ofrecido oportunamente. VI.- Concluido el término a que se refiere el artículo anterior, desahogadas las pruebas que así lo ameriten, el Síndico Municipal dictará la resolución definitiva debidamente fundada y motivada." "ARTÍCULO 152.- La interposición del recurso administrativo de revocación suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnados." Al respecto, conviene señalar que el numeral 150 del ordenamiento de que se trata, establece el vocablo "podrá", lo cual no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio constitucional, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 148/2007 de la Primera Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." Precisado lo anterior, el cuadro normativo antes transcrito pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, el impetrante del amparo tenía que agotar el recurso administrativo de revocación que prevé la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en atención a que es un recurso tendente a modificar o revocar los actos que estimó contrarios a derecho. Lo anterior es así, porque la ley de Amparo establece mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, debido a que conforme al artículo 150, fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, basta que el escrito recursivo contenga: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. De lo que se sigue que basta que el escrito correspondiente contenga esos datos para que proceda la suspensión del acto de autoridad. En tanto que los preceptos 128, 132 y 133 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no será objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." Preceptos de los que se colige que la suspensión se concederá siempre que se trate conservar la materia del juicio y no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Lo anotado, indefectiblemente conlleva a sostener que la Ley de Amparo establece mayores requisitos para la suspensión definitiva en tanto que para la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, sólo basta el escrito con los datos arriba mencionados. ************* Asimismo, este juzgador estima que para el caso de estimarse como acto autónomo la falta de pago de sus sueldos como policía del Municipio de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca, el juicio de amparo no es la vía idónea para reclamar dicha prestación, por lo tanto, también se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para arribar al pleno convencimiento de la conclusión previamente apuntada, conviene señalar que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y prevé, que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El referido numeral se divide en dos apartados, el que al caso interesa destacar es el señalado con el inciso b), que trata de las relaciones de los Poderes de la Unión y sus empleados. Del citado apartado destaca la fracción XIII, misma que prevé, en lo que importa, que los Militares, Marinos, Personal del Servicio Exterior, Agentes del Ministerio Público, Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales, se regirán por sus propias leyes. En torno a dicho tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, sostuvo, en lo que interesa, que la relación Estado Empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de tal relación, equiparándose a una de carácter laboral, considerándose al Estado como un patrón sui generis. Empero, en tal ejecutoria también se dijo, que de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber; los Militares, los Marinos, los cuerpos de Seguridad Pública y el Personal del Servicio Exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan; por tanto, en dicha ejecutoria se concluyó, que las determinaciones referentes a la baja de tales servidores públicos, no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. ******* Ahora, cuando un quejoso, que ostenta el carácter de policía dentro de un cuerpo de seguridad, reclama la falta de pago o cumplimiento de alguna prestación económica que se le deba cubrir, por aducir tener derecho a ella como parte de su salario, sin haber sido dado de baja de sus funciones - como en el caso acontece- la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2004-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito, consideró, en lo medular, que jurisprudencialmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con el gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que les corresponda. Por otro lado, expuso la referida Sala, las disposiciones constitucionales y legales que regulan la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y del Tribunal de lo Administrativo, ambos del Estado de Jalisco, no precisan la competencia para que alguno de dichos órganos conozca de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública en contra de los Gobiernos Municipales en la que presten sus servicios, reclamando pretensiones derivadas de esa prestación de servicios, por lo que debe establecerse en respeto a la garantía consagrada en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, que la competencia relativa recae en el Tribunal de lo Administrativo, pues de acuerdo con las facultades que le corresponden es el más afín para conocer de la demanda. Concluyendo, la Segunda Sala, que para conocer de las demandas promovidas por policías en contra de las dependencias de seguridad pública respectivas, en las que aquéllos reclamen prestaciones derivadas, precisamente, de la prestación de sus servicios, son competentes los *********Tribunales de lo Contencioso Administrativo Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso." "ARTÍCULO 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: (.) IV. Entre los particulares y la administración pública Municipal. (.)." "ARTICULO 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley; (.)." "ARTICULO 145.- El juicio ante el Tribunal, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente libro." "ARTICULO 146.- El Tribunal tendrá jurisdicción en todo el territorio Estatal, con la competencia y organización que establece esta Ley y otros ordenamientos aplicables. El Tribunal residirá en el Municipio de Oaxaca de Juárez o en su zona conurbada, y podrá contar con salas unitarias de primera instancia ubicadas en las diversas regiones del Estado." "ARTICULO 209.- Las sentencias definitivas deberán reconocer total o parcialmente la legalidad y validez de la resolución o acto impugnado; declarar total o parcialmente la nulidad de los mismos y de las consecuencias que de éstos se deriven, o decretar la nulidad del acto o resolución modificándolos para determinado efecto, debiendo precisar con claridad la forma y término en que la autoridad debe cumplir, salvo cuando se trate de facultades discrecionales. Asimismo, si la sentencia se dicta para determinado efecto, está será clara al explicar dicho efecto y sus alcances materiales." La interpretación sistemática de los citados numerales permite conocer, en lo que interesa, que la jurisdicción administrativa la ejercerá el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, el cual tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado, los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados. Asimismo, que las Salas Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, serán competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de esa ley. Además, que el citado juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, se regirá por las disposiciones contenidas en el Libro Tercero de la citada Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y que seguido el trámite ahí establecido se dictará la sentencia definitiva correspondiente, la que deberá reconocer total o parcialmente la legalidad y validez de la resolución o acto impugnado; declarar total o parcialmente la nulidad del mismo y de las consecuencias que de éste se deriven, o decretar la nulidad del acto o resolución modificándolos para determinado efecto, debiendo precisar con claridad la forma y término en que la autoridad debe cumplir, salvo cuando se trate de facultades discrecionales. Bajo las anteriores premisas es factible establecer que contra el acto reclamado consistente en la falta de pago de sus sueldos como policía del Municipio de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca; procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, que tendrá por objeto declarar total o parcialmente la nulidad del acto impugnado y, por ende, las consecuencias que de éste se deriven. Lo anterior, en razón de la naturaleza administrativa del acto reclamado; relación que se rige por el derecho administrativo por disposición expresa del artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 77/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y la leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia." De ahí que la parte quejosa, antes de instar el juicio de amparo, debió promover juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, debido a que el acto reclamado constituye una controversia frente a una autoridad del orden municipal. Además, porque la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece la suspensión de los actos impugnados en su artículo 215, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Al igual que la tesis siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, página 729]. En esa tesitura, si el acto reclamado no es la baja del quejoso de su puesto como miembro de una institución policial, sino que dicho reclamo lo hace consistir en la falta de pago de sus sueldos, debió previamente agotar el procedimiento contencioso administrativo, y al no haber hecho valer tal medio ordinario de impugnación antes de acudir al juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad. En ese contexto, al no agotar la parte quejosa, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, los medios ordinarios de defensa previstos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, respectivamente, por virtud de los cuales pudieron haberse modificado, revocado o nulificado los actos impugnados y sus posibles consecuencias, se actualiza la citada causa de improcedencia en contra de los actos reclamados a las autoridades que señaló como responsables. En esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. De igual manera acontece respecto de los actos de ejecución que le atribuye a las diversas autoridades responsables, toda vez que si con el medio de impugnación antes descrito, puede revocar, modificar o anular la determinación en estudio, es claro que la ejecución corre la misma suerte. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar que indica; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* CORREO ELECTRÓNICO Y CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Vista la certificación secretarial, tomando en cuenta que el correo electrónico proporcionado se encuentra relacionado con el usuario edgar.ortiz, registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos del 77 al 83; se autoriza la consulta a dicho usuario. ********. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente; sin ulterior acuerdo, previa razón de impedimento que levante para debida constancia los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que el asunto fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. En ese sentido, se tiene al quejoso manifestando de manera expresa que sus datos sean considerados como confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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