Sandra Vasquez Toledo
Expediente 113/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 29/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Vasquez Toledo
- Juez Segundo de lo Familiar. Juchitan de Zaragoza, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintinueve de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el proveído de fecha tres de septiembre de dos mil quince, en el que se sobreseyó el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, se ordenó emplazar a este juicio de garantías al tercero interesado Máximo López Toledo, por edictos, requiriéndose a los autorizados de la quejosa Sandra Vásquez Toledo, para que comparecieran dentro del término legal de tres días siguientes a su legal notificación de dicho acuerdo, a efecto de que se les hiciera entrega de los edictos de mérito para su publicación por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Así también, en dicho auto se ordenó requerir a la parte quejosa, para que dentro del citado plazo legal, manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con prueba fehaciente, para estar en aptitud de determinar si procedía su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; apercibiéndolo que no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo legal, se entendería que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos, sin que lo hubiera hecho, por lo que, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento respectivo, entendiéndose que sí tiene capacidad económica para el pago de los aludidos edictos. En consecuencia, se actualiza una causal de improcedencia; cuestión que es de orden público y, por ende, de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisaran y al tenor de lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de esa Ley. Ello es así, toda vez que la quejosa Sandra Vásquez Toledo, dentro del plazo legal que se le otorgó por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, por lo que es evidente que con dicha conducta contumaz por parte de la quejosa de mérito, actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 27, fracción I, y 5°, fracción III, inciso c) del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Funda lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", en la que se determinó que en aquellos casos en los que la quejosa afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en el caso, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no acreditó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza pues no hizo manifestación alguna en ese sentido, no obstante habérsele requerido expresamente para ese efecto. Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio número 003/2015, signado por el Encargado de la Oficina de Partes común, residente en Juchitán, Oaxaca, toda vez que en autos ya obra glosado el despacho número de orden 588/2015 y de origen 176/2015, al que hace referencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, se ordenó emplazar a este juicio de garantías al tercero interesado Máximo López Toledo, por edictos, requiriéndose a los autorizados de la quejosa Sandra Vásquez Toledo, para que comparecieran dentro del término legal de tres días siguientes a su legal notificación de dicho acuerdo, a efecto de que se les hiciera entrega de los edictos de mérito para su publicación por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. Así también, en dicho auto se ordenó requerir a la parte quejosa, para que dentro del citado plazo legal, manifestara expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con prueba fehaciente, para estar en aptitud de determinar si procedía su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; apercibiéndolo que no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo legal, se entendería que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos, sin que lo hubiera hecho, por lo que, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento respectivo, entendiéndose que sí tiene capacidad económica para el pago de los aludidos edictos. En consecuencia, se actualiza una causal de improcedencia; cuestión que es de orden público y, por ende, de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que impone de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisaran y al tenor de lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de esa Ley. Ello es así, toda vez que la quejosa Sandra Vásquez Toledo, dentro del plazo legal que se le otorgó por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, no manifestó expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, por lo que es evidente que con dicha conducta contumaz por parte de la quejosa de mérito, actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 27, fracción I, y 5°, fracción III, inciso c) del propio ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Funda lo expuesto, la jurisprudencia número 16/2000-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos once, del tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Desde luego, no se desatiende la existencia de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO", en la que se determinó que en aquellos casos en los que la quejosa afirme que no tiene la capacidad económica para sufragar el pago de los edictos y consten en autos elementos que demuestren esa circunstancia, se determinará que su pago (edictos) correrá a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se estima que ese criterio no es aplicable en el caso, en razón de que como ya se dijo, la parte quejosa no acreditó que estuviese imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza pues no hizo manifestación alguna en ese sentido, no obstante habérsele requerido expresamente para ese efecto. Déjese sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio número 003/2015, signado por el Encargado de la Oficina de Partes común, residente en Juchitán, Oaxaca, toda vez que en autos ya obra glosado el despacho número de orden 588/2015 y de origen 176/2015, al que hace referencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio número 1563/2015, signado por el Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán, Oaxaca; en su atención, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho número de orden 588/2015 y de origen 176/2015, del índice de este Juzgado y hágase la anotación respectiva en el Libro Gobierno, para los efectos procedentes. Por otra parte, visto el estado de autos, del que se advierte que ha transcurrido el término legal que se le concedió a la parte quejosa, en auto de fecha veintisiete de mayo del año en curso, a efecto de que proporcionara el domicilio actual y exacto del tercero interesado Máximo López Toledo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí realizado y se ordena el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos. En atención a lo anterior, a fin de no retrasar el procedimiento y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, párrafo segundo del inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena verificar el emplazamiento del aludido tercero interesado, por medio de edictos, los cuales en términos del numeral citado, correrán a cargo de la parte quejosa, y deberán contener los requisitos que previene el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia; consecuentemente, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, y toda vez que la parte quejosa designó a Juventino Orozco Moreno y Ángel Ruiz Gutiérrez, para oír y recibir notificaciones, hágase entrega a éstos de los edictos de mérito, mismos que se deberán publicar por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial y en "EL UNIVERSAL", que es uno de los periódico diarios de mayor circulación en la República, debiéndose hacer constar en tales edictos, que el citado tercero interesado, deberá apersonarse a este juicio dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación; asimismo, se deberá fijar en la puerta de este tribunal, una copia íntegra de la resolución respectiva, por todo el tiempo del emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia; formalidades que se deberán observar por el fedatario judicial adscrito. Por lo que, los aludidos autorizados de la parte quejosa para recibir notificaciones, deberán presentarse en este Juzgado a recibir los edictos de mérito, dentro del plazo legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído. En otro aspecto, a efecto de no hacer nugatorio sus derechos correspondientes, requiérase a la quejosa Sandra Vásquez Toledo, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación de este proveído, manifieste expresamente su imposibilidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes, debiendo acreditar tal circunstancia con pruebas fehacientes, para estar en aptitud de determinar si procede su publicación a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que el no hacer manifestación alguna dentro del término legal establecido, se entenderá que sí tiene capacidad económica para sufragar el costo de los mismos. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicado en la página cuatrocientos dieciséis, del tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 164074, cuyo tenor literal es: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IB
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Samuel Ramírez Flores135/2016
- Samuel Salvador Álvarez236/2017
- Samuel Salvador Álvarez327/2018
- San Juan Mazatlan, Distrito Mixe, Oaxaca61/2013
- Sandra Guadalupe Ochoa354/2022
- Sandra Luz Lopez Perez546/2014
- Sandy Blanco Quezada746/2022
- Sandy Sayas Rodríguez224/2022
- Sanit Cancino Aquino823/2022
- Santa Trinidad Hernandez Arreola381/2015
- Santiago Ceballos Álvarez675/2021
- Santiago Domínguez Gutiérrez143/2016