Santiago Domínguez Jiménez
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacio Altamirano Arreola
- Santiago Domínguez Jiménez y Otros.
- Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca.. INEXISTENTE
- Santiago Domínguez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado, dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente por auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. Además, no obstante que se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia, que de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 1. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA. Agréguense el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico por la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de enero del año en curso, informa que a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos de esa data, los imputados Cayetano Bautista Sánchez, Ignacio Altamirano Arreola y José Escudero Domínguez, fueron puestos a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, formándose la carpeta judicial OAX/00018/2022, que solicitó a dicha autoridad audiencia de control de detención contra de los referidos quejosos citados, fijándose para su verificativo las nueve horas con quince minutos del veintiuno de enero del presente año; y al efecto remite copia de diversas constancias con las cuales acredita su dicho. En consecuencia, este juzgado toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, sin que resulte necesario dejar a la vista las documentales remitidas, ello en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva de mérito, pues no obstante que se remitió correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificados por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." 2. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Como una consideración previa al estudio de la causa de improcedencia del juicio de amparo, es menester precisar que del análisis integral de la demanda de amparo en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: La privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y azotes. En el caso este órgano de control constitucional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia que se estudiará más adelante, cuyo análisis es preferente al del fondo del asunto, por tratarse de una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página noventa y cinco del tomo VII, de mayo de mil novecientos noventa y uno, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Resulta aplicable también a lo anterior la jurisprudencia que aparece publicada en la página 186 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AÚN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causales de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". La causa de improcedencia que se estima actualizada, es la prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 a 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". De acuerdo con lo relatado, el cambio de situación jurídica puede verificarse en procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio -regla general- con las salvedades establecidas en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Federal -excepción-. Lo anterior, motiva que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no. En efecto, de autos se advierte que en proveído de veinte de enero del año en curso, se tuvo por rendido el informe respecto de la suspensión de plano decretada en auto inicial, de la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, en el negó los actos reclamados consistentes en: -La privación ilegal de la libertad, incomunicación, tortura y azotes. Asimismo, en párrafos anteriores, se tuvo a la potestad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, informando que judicializó la carpeta de investigación número FED/OAX/SC/0000089/2022, turnándola al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, formándose la carpeta judicial OAX/00018/2022, instaurada en contra de la parte quejosa. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.3°A. J /21, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 660, V, Segunda Parte-2 Enero a Juno de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA.". En ese tesitura, se tiene que, de las constancias de cuenta, se aprecia que la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, el veinte de enero del año en curso, judicializó la carpeta de investigación número FED/OAX/SC/0000089/2022, solicitando al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, audiencia de control de detención, en contra de la parte quejosa Cayetano Bautista Sánchez, Ignacio Altamirano Arreola y José Escudero Domínguez, por la probable comisión o participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacional. En efecto, de dichas constancias se advierte la solicitud de la audiencia de control de detención, ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en contra de la aquí quejosa, así como el acuse de recibo con el folio 377542 y número de carpeta judicial FED/OAX/0000089/2022, en la que se señalaron las nueve horas con quince minutos del veintiuno de enero del presente año para su verificativo. Lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable antes citada; documentales, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI del Apéndice de 1995, Quinta Época, del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De lo anterior, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cedula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, judicializó la carpeta de investigación FED/OAX/SC/0000089/2022, y solicitó audiencia de control de detención, por lo que se formó la carpeta judicial OAX/00018/2022, seguida en contra de la parte quejosa Cayetano Bautista Sánchez, Ignacio Altamirano Arreola y José Escudero Domínguez, conociendo de dicho proceso el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En las relatadas circunstancias, es incuestionable que los actos reclamados quedaron jurídicamente superados al haberse judicializado la carpeta de investigación y haber solicitado la audiencia de control de detención, integrándose la carpeta judicial OAX/00018/2022, en la que se llevará a cabo la celebración de la audiencia inicial, lo que implica un cambio de situación jurídica, pues como se dijo, los actos reclamados quedaron jurídicamente superados al haberse judicializado la carpeta de investigación por la autoridad ministerial. Por tanto, las violaciones que pudieran actualizarse con los actos reclamados, quedaron irreparablemente consumadas, ya que existe un cambio de situación jurídica y, en ese sentido, se actualiza de manera manifiesta e indudable la invocada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en razón de que no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la judicialización de la carpeta de investigación, donde ya se tuvo por recibida por la autoridad judicial. En esa tesitura, resulta patente la configuración de una nueva situación jurídica que hace que las afectaciones e irregularidades primigenias, resultado de las determinaciones tomadas en su caso por las responsables, ya no puedan constituir el acto que deba reclamarse para los efectos de procedencia del juicio de amparo, al haber quedado consumadas irreparablemente las posibles violaciones atribuidas a las autoridades responsables. Por los motivos que indica, sirve de apoyo la tesis IV.2º.943 P, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la página 1373, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados precisados con antelación, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a los solicitantes de amparo, en virtud de que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo; de modo que resulta ocioso analizar las posibles violaciones contenidas en los actos reclamados, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto práctico tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y PROVIDENCIAS CAUTELARES. En atención al sentido de la presente determinación, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y toda vez que en la presente data se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo en los términos antes expuestos, se dejan sin efecto las providencias cautelares dictadas en auto de dieciocho de enero del año en curso (suspensión de plano), lo que se ordena hacer de conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales conducentes. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, se deja sin efecto el requerimiento formulado a la parte quejosa a efecto de que precisara la denominación correcta de la autoridad ejecutora denominada como "ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, remitido vía correo electrónico, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-2 Salina Cruz de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde informe en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 126 y 158 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a la prenombrada responsable, señalando como correo institucional el que indican en la misiva de cuenta, por lo que instrúyase a la sección de actuaria realice las notificaciones que le correspondan a la aludida autoridad en dicha dirección electrónica. PRUEBA Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que ofrece y dada su naturaleza se tiene por desahogada, la consistente en: -Copias certificadas de la carpeta de investigación número FED/OAX/SC/0000089/2022, de su índice. Luego, de dichas constancias se aprecia que la oficiante expuso que el plazo constitucional de cuarenta y ocho horas fenecería el día de hoy a las diecisiete horas con veinte minutos; por tanto, tomando en consideración la hora en que se emite la presente determinación, resulta un hecho que concluyó dicha temporalidad, de ahí que resulte indispensable requerir a la oficiante para que DE MANERA INMEDIATA informe la situación jurídica de los quejosos. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará merecedor de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente (UMA). Finalmente, cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva de mérito, pues no obstante que se remitió correo electrónico, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificados por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, las tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la que se advierte que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, sede Salina Cruz, Oaxaca, a efecto de notificar a la autoridad denominada como "Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca", siendo informado que a los directos quejosos se le inició una carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego, de la cual conoce el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV-II. En apuntadas condiciones, se tiene como autoridad responsable -en su denominación correcta- al Agente del Ministerio Público de la Federación de la Célula IV-II; por tanto, se ordena hacerle de su conocimiento la presente determinación, así como la diversa de dieciocho del mes y año en curso. Por otra parte, de la aludida razón se advierte la imposibilidad jurídica del fedatario para entregar el oficio 980/2022, dirigido a la autoridad señalada como "ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ", por las razones ahí asentadas; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista al promovente de la demanda para que dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado de este acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicha temporalidad, se considerará inexistente a la autoridad que citó como responsable. Notifíquese y personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Luis Anselmo Félix Rodríguez, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, autorizado en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado por oficio CCJ/ST/2773/2021, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; ante el Secretario que autoriza y da fe Michelle Jesús Peralta Rodríguez.
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