Santiago Alberto Alamilla Bazan
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Santiago Alberto Alamilla Bazan
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 4748, remitido por interconexión, con evidencia criptográfica, por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el ocho de septiembre del año en curso, en la queja 174/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por José Carlos Medina Salas, apoderado legal del directo quejoso Santiago Alberto Alamilla Bazán, contra el auto de catorce de junio de esta anualidad; resolución en la que aparece que la citada Superioridad, resolvió: "PRIMERO.- Es infundado el recurso de queja. "SEGUNDO.- Se confirma el auto de 14 catorce de junio de 2021 dos mil veintiuno, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto 1055/2021-VII. Por tanto, acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por interconexión, con evidencia criptográfica, por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del oficio 16563/2021, con el cual se rindió el informe con relación al recurso de queja interpuesto por José Carlos Medina Salas, apoderado legal del directo quejoso Santiago Alberto Alamilla Bazán, contra el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 1055/2021, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, informa que se admitió el citado recurso, quedando registrado con el número de toca 174/2021. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los presentes autos, el escrito remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por José Carlos Medina Salas, apoderado legal del directo quejoso Santiago Alberto Alamilla Bazán, mediante el cual interpone el recurso de queja en contra del auto de desechamiento de la demanda de amparo, pronunciado el catorce de junio de dos mil veintiuno, y adjunta su escrito de expresión de agravios. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, ya que en el citado proveído, y de conformidad este órgano constitucional consideró que se actualizaron las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; y la prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, lo que motivó el desechamiento de la demanda de amparo relativa. Ahora bien, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, así como aquel en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público Federal, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Santiago Alberto Alamilla Bazán, por conducto de su apoderado José Carlos Medina Salas, contra el acto que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad. Al respecto, fórmese expediente; y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1055/2021-VII.Con fundamento en el numeral 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad del promovente, al tenor de las copias de los autos de catorce de septiembre de dos mil veinte y treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, derivadas del juicio ordinario civil 349/2017 que adjuntó a su demanda de amparo. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecian diversos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de los que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil 349/2017, en la que la Juez responsable indicó que el período concedido para el desahogo de las pruebas de inspección judicial y de inspección había expirado, motivo por el cual no era factible fijar fecha y hora para la celebración de las mismas, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para comparecer dentro del plazo de tres días a solicitar un término especial para desahogar las pruebas de marras. Indicando que dicho proveído deviene violatorio de sus derechos fundamentales, ya que en el mismo se le aplicaron e interpretaron los numerales 47, fracción I, y 52, fracción III, y su último párrafo, en relación con lo prescrito en el diverso 167 y con el término probatorio establecido en el 175, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese sentido, en principio, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos.En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica.Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y solo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, el acto reclamado de la Juez responsable, consiste en la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil 349/2017, en la que indicó que el período concedido para el desahogo de las pruebas de inspección judicial y de inspección había expirado, motivo por el cual no era factible fijar fecha y hora para la celebración de las mismas, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para comparecer dentro del plazo de tres días a solicitar un término especial para desahogar las pruebas de marras. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que el proveído reclamado que declaró que el período concedido para el desahogo de las pruebas de inspección judicial y de inspección había expirado, motivo por el cual no era factible fijar fecha y hora para la celebración de las mismas, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para comparecer dentro del plazo de tres días a solicitar un término especial para desahogar las pruebas de marras; no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales; esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción al haberse declarado que el período concedido para el desahogo de las pruebas de inspección judicial y de inspección había expirado, motivo por el cual no era factible fijar fecha y hora para la celebración de las mismas, dejando a salvo los derechos de la parte quejosa para comparecer dentro del plazo de tres días a solicitar un término especial para desahogar las pruebas de marras, constituiría violaciones al procedimiento, susceptibles de ser reparadas en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Y en su caso, dichas violaciones solo son reclamables mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos del artículo 172, de la fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Consecuentemente, el acto reclamado no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Ilustra las consideraciones anteriores la jurisprudencia 3a. 20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 207226 de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, el acto reclamado no produce al quejoso de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que el quejoso obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta infracción que señala y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que obtenga una sentencia favorable a sus intereses en la causa judicial de origen; circunstancia que, demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Igualmente, resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia VI. 1o. J/36, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 224833 de título: "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. Máxime, que la determinación reclamada únicamente produce una dilación en la prosecución del juicio natural, la cual no se estima violatoria de derechos sustantivos sino, como se dijo, meramente contraviene derechos adjetivos, por lo que, se insiste, no es susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto. En las relacionadas condiciones, se insiste, la actuación que por esta vía constitucional se reclama, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene el carácter de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que motiva que la demanda que nos atañe, deba ser desechada. Por otra parte, sentado lo anterior, este órgano de control constitucional, de igual forma, advierte que, en el caso, en relación con la determinación de marras, en la que presuntamente se aplicaron a la parte quejosa, por primera vez, los numerales 47, fracción I, y 52, fracción III, y su último párrafo, en relación con lo prescrito en el diverso 167 y con el término probatorio establecido en el 175, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Como se ve, la fracción en comento establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por acto consentido debe entenderse el acatamiento consiente que se hace de una ley o acto que cause agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. Así, el conocimiento a que se refiere debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Ahora, para que se actualice la hipótesis de actos derivados de otros consentidos, es menester que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución; y, b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. Para mejor entendimiento de lo antes ponderado, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo que nos atañe, se desprende que la parte quejosa indicó, con total claridad, que han sido trece veces las que ha solicitado un término especial para el desahogo de las pruebas ofertadas en el controvertido de origen, siendo estas mismas las ocasiones en que se ha negado el perfeccionamiento de tales probanzas y se han dejado a salvo sus derechos para solicitar un nuevo término especial; señalando, categóricamente, que fue el quince de octubre de dos mil diecinueve, cuando por primera vez la Juez responsable proveyó en el sentido antes indicado. En tal virtud, de lo antes precisado, es dable advertir, fundadamente, que en la determinación reclamada, de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, no fue la primera ocasión que se le aplicaron los numerales mencionados, sino que fue desde el proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve, y subsecuentes, en que se emitieron idénticas disposiciones en acatamiento a lo preceptuado por los aludidos dispositivos. Por tanto, contrario a lo pretendido por el quejoso, éste ya había consentido, con antelación, en múltiples ocasiones, la aplicación de los numerales referidos, por lo que es notorio que la determinación reclamada se trata de un acto derivado de uno ya consentido, cuenta habida que el quejoso no impugnó esta última resolución, dentro del plazo legal que tenía para ello y, por tanto, respecto de aquélla opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada III.1o.A II K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582, Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Asimismo, es pertinente citar, por los razonamientos en ella contenidos, mismos que concuerdan con lo planteado en esta sentencia, la tesis visible en la página 2315, del Tomo XXIII, Enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. LOS CONSTITUYEN LOS ACUERDOS DE LAS AUTORIDADES LABORALES QUE NIEGAN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO O CONVENIO, SI PREVIAMENTE SE HABÍA ORDENADO EL ARCHIVO DEL ASUNTO Y NO SE PROMOVIÓ EL AMPARO INDIRECTO. El acuerdo de la autoridad laboral que ordena el archivo de un expediente implica tanto el reconocimiento de dicha autoridad del cumplimiento del laudo o convenio, como la clausura de la etapa de ejecución, y si se considera que tal determinación no está ajustada a derecho, debe impugnarse a través del amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la ley de la materia, así como de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En este sentido, si no se promovió amparo indirecto contra el acuerdo que ordena el archivo del asunto, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; consecuentemente, si con posterioridad se solicita la ejecución del convenio o laudo alegando que no se había cumplido correctamente, y la autoridad lo niega, y contra ella se ejercita juicio de garantías, éste debe sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Quinta Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 17 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", en virtud de que las resoluciones que niegan este tipo de peticiones deben considerarse como actos derivados de otro consentido, al ser una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que ordena el archivo del asunto." En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualizan las causales de improcedencia antes ponderadas, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en la boleta anexa a su demanda de amparo, como de su parte, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Sandy Janeth Herrera Ceballos2551/2022
- Sandy Janeth Herrera Ceballos1573/2023
- Sandy Janeth Herrera Ceballos252/2022
- Sandy Janeth Herrera Ceballos1812/2023
- Sandy Martinez Morales1665/2019
- Sandy Sayuri Baas Dzul583/2021
- Santiago Alberto Duran Perez786/2022
- Santiago Augusto Jimenez Gonzalez1027/2021
- Santiago Batun Canul1075/2017
- Santiago Carrillo Chan893/2023
- Santiago Chuc Y Pool2230/2022
- Santiago de Jesus Diaz Cocom1455/2019