Sandy Janeth Herrera Ceballos

Expediente 1573/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1573/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Sandy Janeth Herrera Ceballos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida; así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que en audiencia de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, se hizo entrega de manera personal a la aquí quejosa el cheque de caja expedido a su favor. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Sandy Janeth Herrera Ceballos reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de verificar la ejecución y cumplimiento del laudo dictado en el juicio 1068/2019. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclamó la omisión atribuida al Presidente responsable de dictar las medidas conducentes a efecto de que se logre la ejecución del laudo pronunciado en el juicio laboral 1068/2019. Sin embargo, de las constancias que la Junta responsable adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que audiencia de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, se hizo entrega de manera personal a la aquí quejosa el cheque de caja expedido a su favor por la cantidad a la que se condenó a la parte demandada en el procedimiento de origen y se tuvo ordenó el archivo del asunto como concluido. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el procedimiento de ejecución del juicio laboral 1068/2019 concluyó con el pago total de la cantidad condenada y se ordenó el archivo del asunto, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no dio contestación a su escrito dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado de la resolución pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Con base en ello, no obsta que les recaiga el carácter de tercero interesado a la contra parte del aquí quejoso y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicitó en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia médica de la titular, en términos del párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el oficio 4762/2023, de fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado el treinta y uno de octubre del año en curso, remite diversas constancias relativas a la diligencias realizadas en el juicio laboral ********************, de su índice; por ende, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes con dicha documentación de cuenta, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que mediante escrito de seis de noviembre del año en curso, ********************, anexó el cheque expedido a favor de la hoy quejosa, no obstante, no se advierte diligencia alguna de entrega de dicha documentación. En virtud de lo anterior, y toda vez que este órgano federal considera necesarias tales constancias para resolver este asunto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero y 121 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a efecto de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha en que se le notifique la presente determinación, remita copia certificada de la diligencia de entrega del cheque expedido a favor de la quejosa, o en su caso informe las gestiones realizadas en torno a la entrega de la citada documentación, en el juicio laboral ********************, de su índice; apercibida que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, vía de alegatos, para ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. ********************Por otra parte, se ordena remitir a la autoridad responsable ordenadora junto al oficio que al efecto se libre, copia del escrito que ahora se acuerda, para los efectos legales correspondientes.********************Notifíquese. ********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el plazo concedido Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, a efecto de remitir la totalidad de constancias relativas a la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del procedimiento de ejecución relativo al juicio laboral 1068/2019; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo antes expuesto encuentra apoyo, por identidad de razón, la tesis de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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