Santiago Augusto Jimenez Gonzalez

Expediente 1027/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1027/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Santiago Augusto Jimenez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio FGE/DJ/AMP/EISC/1191/2021, suscrito por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual comunica que a petición de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, turnó las constancias conducentes ante la Unidad Investigación y Litigación Especializada de Delitos de Tortura del Ministerio Público del Fuero Común, a fin de que se investigue la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso Santiago Augusto Jiménez González, a la que se le asignó la carpeta de investigación V1-64/000121/2021; por tanto, téngase a la representación social informando y acreditando las acciones tomadas en relación con la transgresión a los derechos humanos del aquí quejoso. Derivado de lo anterior, dado que no existen diligencias pendientes de practicar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido, y háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la minuta del oficio 35/2021, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través del cual, en cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, comunica que remitió las constancias que integran el presente asunto al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que realice las indagatorias correspondientes con motivo de las manifestaciones plasmadas por la actuaria de la adscripción, en relación con la detención del aquí quejoso Santiago Augusto Jiménez González. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 35/2021, de treinta de junio de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que hasta la presente fecha la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no ha realizado manifestación alguna en torno a la vista que se le dio en proveído de nueve de junio del año en curso. En consecuencia, requiérase a la citada Agente para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que se le dio el nueve de junio de la presente anualidad. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la constancia de esta misma data, levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, mediante la cual informa que el directo quejoso Santiago Augusto Jiménez González, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Rodrigo Jafed Zapata Sulub; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida en favor del directo quejoso, para los efectos legales correspondientes; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los presentes autos. Asimismo, de la misma diligencia en cita se desprende que el nombre correcto del quejoso Santiago Augusto González Jiménez, es Santiago Augusto Jiménez González; en tal virtud, se tiene por rectificado el nombre del quejoso, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al existir solicitud expresa del quejoso en el sentido de no ratificar la demanda de amparo, no es necesario esperar a que transcurra el término a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otro lado, de la propia razón levantada por el Actuario de la adscripción, se advierte que el fedatario dio fe que el citado quejoso, sí presentó lesiones visibles; esto es, enrojecimiento en el pecho, y manifestó que fue un poco golpeado al momento de su detención. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; dese vista al Ministerio Público Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, inicie la investigación de la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso Santiago Augusto Jiménez González, entregándosele para tal efecto, mediante atento oficio, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1107, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." Una vez hecho lo anterior, requiérase a la representante social para que informe a este órgano jurisdiccional, las acciones tomadas para tal efecto. Finalmente, agréguense a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe de suspensión de plano rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, con anexo que adjunta, sin que haya lugar a dictar disposición alguna en cuanto a su contenido, toda vez que en esta propia fecha se tuvo por no presentada la demanda de amparo, tal y como se advierte de párrafos precedentes.

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