Santiago Acosta Mena
Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Santiago Acosta Mena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el cuaderno original del presente incidente y remite testimonio de la resolución pronunciada el diez de agosto de dos mil veintitrés, en el incidente en revisión 72/2023, de la que se advierte que se declaró sin materia el recurso interpuesto por la parte tercera interesada contra la interlocutoria de dos de febrero del año en curso. Atento lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho, toda vez que a la fecha no se ha recibido escrito alguno; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, sin que resulte de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Asimismo, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de conservación, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, transfiéranse el juicio y el cuaderno único del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 26 y 27 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos por la que se concedió la protección de la Justicia Federal y en acuerdo de primero de junio siguiente se declaró cumplido el fallo protector. Ahora bien, del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, se advierte que el veintidós de febrero del año en curso, el autorizado de la parte tercera interesada, interpuso recurso de revisión contra la suspensión definitiva. En tal virtud, como de dicho medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien lo registró con el número de revisión civil 72/2023, comuníquese lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, por el cual realiza diversas manifestaciones respecto de la vista que se le dio mediante auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 111). Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Ahora bien, en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés (foja 85), se declaró que causó ejecutoria la sentencia emitida por este juzgado el treinta y uno de marzo del año en curso (fojas 62-72), en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación ********************; y, 2. Emita diversa determinación, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente sobre el recurso de apelación planteado, tomando en consideración lo expuesto en la presente sentencia." En cumplimiento a lo anterior, la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Por oficio 490, recibido en este juzgado de distrito el ocho de mayo de dos mil veintitrés, informó, que se pusieron los autos a vista de la titular de dicho tribunal para resolver conforme a los lineamientos planteados en la ejecutoria federal, lo informaría a este juzgado una vez realizado ello [foja 93]. A través del oficio 1465, presentado en este órgano de control constitucional el quince de mayo del año en curso, exhibió copia certificada de la resolución de nueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del Toca de Apelación ******************** y de la notificación efectuada al quejoso el once de mayo del año en curso [foja 227]., en la que se confirmó el auto emitido en el juicio de origen por el que se decretó el cese de la pensión alimenticia a favor de la aquí tercera interesada. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia por reiteración 2ª./J.201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Materia Común, Novena Época, registro 165807, del siguiente rubro y contenido: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". No pasa inadvertido para este juzgador, lo manifestado por el quejoso en el sentido que se encuentra inconforme con la sentencia emitida por la autoridad responsable, toda vez que refiere que la cancelación de la pensión alimenticia se canceló desde el mes de marzo; sin embargo la tercera interesada siguió cobrando los meses de abril, mayo, junio y julio del dos mil veintidós, por una cantidad de cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional, los cuales considera el quejoso deben de serle reintegrados; asimismo, que se encuentra inconforme toda vez que la autoridad responsable eximió del pago de gastos y costas a la tercera interesada. Por lo mismo, se considera improcedente su oposición al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la medida que en dicho fallo no se le sujetó a resolver de un modo específico y tampoco a que, al atender el agravio omitido, resolviera conforme a las pretensiones jurídicas de la parte quejosa; esto, porque la protección constitucional se concedió por irregularidades procesales o formales, específicamente por la omisión en el estudio de un agravio, lo que implicaba que con libertad de jurisdicción, la responsable dictara nuevo fallo en el que subsanara dicha irregularidad; por ello, las inconformidades encaminadas a combatir la decisión por aspectos ajenos a la concesión, como en el caso lo es que la autoridad responsable no condenara a la parte tercera interesada a reintegrar la pensión alimenticia de los meses que refiere, así como al pago de los gastos y costas, no forman parte de la concesión del amparo. Se cita como sustento de lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con registro digital 168905, que dispone: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad." En el entendido que queda expedito su derecho para interponer el recurso que estime pertinente ante la autoridad responsable, en virtud que este órgano jurisdiccional no sustituye las funciones de la autoridad estatal. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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